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Quién filtró los videos de los dos asesinatos en La Tolva y El Pozo

  • 30 octubre 2019 /

Los dos últimos hechos sangrientos en las cárceles de “máxima seguridad” de nuevo han ratificado que el sistema penitenciario está infiltrado por el crimen.

Tegucigalpa.

Las dos cárceles de máxima seguridad en Honduras están lejos de ser eso, lo que de nuevo quedó en evidencia los días 25 y 26 de octubre cuando fueron asesinados dos reclusos y, como si fuera un mensaje con dedicatoria para alguien, pronto trascendían los videos de ambos casos.

Con los reclusos asesinados el viernes, el primero en la cárcel de La Tolva, en Morocelí, departamento oriental de El Paraíso, y el segundo en El Pozo, de Ilama, Santa Bárbara (occidente), suman cinco los que han perdido la vida violentamente en lo que va de 2019 en ambas prisiones, que le han costado millones a los hondureños.

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A los cinco reos asesinados este año se suman otros cinco: uno en junio de 2017 y dos en septiembre de 2018 en La Tolva, más otros dos en El Pozo en octubre de 2018.

CARCELES VIDEOS

Las dos prisiones fueron construidas entre 2016 y 2017 y suponían, con el traslado a ellas de los reclusos más peligrosos, el cese de crímenes en el sistema penitenciario conformado por una veintena de cárceles, en su mayoría obsoletas, además inseguras y con un alto grado de hacinamiento.

A sangre fría

Los crímenes ocurridos este 25 de octubre en La Tolva, y el 26 de octubre en El Pozo, según dos videos difundidos en medios locales de prensa y redes sociales, tuvieron en común el hecho de que sus autores portaban una pistola y mataron a sangre fría a los reclusos Marco Tulio Amador y el presunto narcotraficante Nery Orlando López Sanabria, también conocido como Magdaleno Meza Fúnez.

En el caso de Meza Fúnez, además fue atacado a puñaladas en la espalda, después de que ya había sido masacrado a tiros disparados en su mayoría a la cabeza.

Además, recibió otras lesiones con arma blanca en las pantorrillas, en un hecho abominable que duró un minuto y en el que participaron seis hombres, en un pasillo contiguo a una de las celdas cuando Meza Fúnez dialogaba al parecer con el jefe de la cárcel en presencia de dos guardias penitenciarios desarmados.

El sábado también trascendió otro vídeo, el de La Tolva, en el que se observa que uno de los reos entra en una celda y se dirige a Marco Tulio Amador y le dispara con una pistola. Luego camina al parecer hacia su módulo, pero a los pocos segundos regresa con sus brazos hacia arriba sin el arma que utilizó para cometer el crimen.

Cómo ingresaron las armas de fuego

El Instituto Nacional Penitenciario (INP) informó en un comunicado que el hecho sangriento en La Tolva fue producto de una riña entre dos reclusos y que Amador “perdió la vida a manos de Marvin Lara, y otros mareros de la Salvatrucha (MS-13).

Lara fue “detenido” inmediatamente, según el INP, lo que también ocurrió con los seis implicados en la muerte de Meza Fúnez, contra quienes la Fiscalía regional de Santa Bárbara presentó el lunes requerimiento fiscal. Dos de ellos serán acusados de homicidio en su grado de ejecución de tentativa.

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Lo que no tiene explicación, cómo es que en los últimos dos crímenes, igual que en otros hechos sangrientos, ingresaron armas de fuego y blancas, cuando en las dos prisiones disponen de rigurosos sistemas de seguridad que, este año, por ejemplo, en El Pozo detectaron a un recluso que llevaba oculta una granada de fragmentación que se había introducido por el ano.

Esa granada sería para asesinar a Meza Fúnez, quien según su abogado, Carlos Chajtur, salió ileso en varios atentados en la cárcel de El Pozo.

Chajtur recordó que a raíz de los atentados contra su defendido solicitó a las autoridades penitenciarias que lo trasladaran a una unidad militar para garantizarle seguridad, pero no tuvo respuesta.

El abogado dijo, además, que Fúnez Meza recibió amenazas de muerte después de que la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado de Honduras lo vinculó al exdiputado Juan Antonio (Tony) Hernández, hermano del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, declarado culpable el 18 de octubre en Nueva York de los cargos por narcotráfico de los que lo acusó el Gobierno de Estados Unidos.

Operativos

Este año, el Instituto Nacional Penitenciario ha informado del decomiso de drogas, armas de diversos tipos y dinero en efectivo, entre otras cosas, que reclusos o familiares suyos, incluso guardias de las La Tolva y El Pozo, intentaron introducir de varias formas.

Los detenidos han sido denunciados con fotografías de los escáneres, algunas mostrando las partes íntimas de mujeres y hombres que intentaban introducir cosas en los centros penales.

Eso no ocurrió en los últimos dos hechos sangrientos, de los que no se sabe quiénes mandaron a matar a los dos reclusos, quiénes facilitaron las armas, qué participación tienen autoridades y guardias de las cárceles, cómo es que los hechos fueron grabados en video y difundidos tan pronto, cuando por lo general cada vez que ocurre un crimen en una prisión hay mucho hermetismo oficial.

Las principales autoridades penitenciarias de las dos prisiones fueron suspendidas por orden presidencial luego de los dos hechos que han causado estupor en el país; mientras que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh) y otros organismos han lamentado lo ocurrido y solicitado una investigación y castigo a los responsables.

El secretario de Gobernación, Justicia y Descentralización, Héctor Leonel Ayala, dijo el lunes que “se está haciendo una auditoría de la base de datos de los escáneres y de las cámaras de seguridad para poder determinar de qué manera ingresaron las armas en el centro penitenciario”, de El Pozo, y que hay “sectores interesados en desestabilizar el país y torpedear la política integral de seguridad”.

Los dos últimos hechos sangrientos en las cárceles de “máxima seguridad” de nuevo han ratificado que el sistema penitenciario está infiltrado por el crimen en un país adonde, además, a diario se reportan de 10 a 14 homicidios.

El Estado, al que los hondureños le han venido pagando millones de lempiras en los dos últimos Gobiernos a través de una “Tasa de seguridad”, no le garantiza la vida a nadie.