Por orden de un tribunal, se ejecutaba durante la mañana de este miércoles el desalojo de varias familias de un predio invadido en el sector Arenales, ubicado en el bulevar del este de San Pedro Sula.
Una jueza ejecutora llegó a la zona para notificar a los locales sobre el desalojo, sin embargo, estos reaccionaron molestos por la acción judicial, que se llevaba a cabo en conjunto con agentes de la Policía Nacional.
En primera instancia, tras varios minutos de diálogo con los pobladores, la funcionaria dio un término de una hora para que los afectados presenten documentación que les acredite que son dueños de las tierras.
Sin embargo, luego de varias horas de cabildeo, las autoridades y habitantes del sector acordaron definir un espacio de dos días para solucionar la problemática, de lo contrario, se procederá al desalojo.
En preciso, el terreno invadido está ubicado, atrás de Alutech, en lo que antes fue el Centro Social Satélite, a cercanías de la colonia del mismo nombre, en el bulevar del este de la capital industrial.
En la zona estaba lista una maquinaria para destruir las viviendas y había un fuerte contingente antidisturbios, así como una tanqueta para disuadir a los ocupantes del predio en caso de que la situación se tornara violenta.
XIOMARA CASTRO ORDENÓ DESALOJAR TIERRAS INVADIDAS
Esta acción se ejecuta un día después de que la presidenta Xiomara Castro anunciara, mediante una cadena nacional, la creación de una comisión agraria, con la cual se busca garantizar la seguridad jurídica, a través del desalojo de terrenos invadidos.
Según el anuncio de la mandataria, el aumento de la ocupación de tierras productivas ha generado inseguridad y anarquía en el acceso a la tierra, afectando negativamente al desarrollo agrícola, la economía y la inversión a nivel nacional.
La nueva disposición establece acciones para contener las tomas de tierra y respetar la seguridad jurídica, incluyendo la ejecución de órdenes judiciales de desalojo.
Se concede prioridad a las tierras tomadas por empresas del sector social de la economía y de la Reforma Agraria, así como a fincas privadas relacionadas con actividades agropecuarias.
