Presidenta Xiomara Castro ordena desalojar las tierras invadidas
En tres décadas, los gobiernos han sido incapaces de resolver las invasiones, lo que tiene en la actualidad más de 36,000 manzanas ocupadas en 56 puntos del país.
Foto: Franklin Muñoz
Las empresas acogidas al convenio suscrito entre el gobierno y la plataforma agraria Copa no serán desalojadas, se declaran temporalmente protegidas.
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Tocoa, Colón
En el corazón del conflicto agrario más viejo de Honduras, el del Bajo Aguán, la cadena nacional donde la presidenta Xiomara Castro anunciaba la creación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra fue escuchada con detenimiento.
No solo surgieron esperanzas de poner fin a un conflicto en el que por más de tres décadas la sangre ha corrido en medio de kilómetros de plantaciones de palma africana, también hubo preguntas y preocupaciones de varios sectores, particularmente el privado y el campesino.
Santos Pérez, un poblador que vive en medio de una plantación tomada en el margen izquierdo del río Aguán, y miembro de la cooperativa Tranvío, conversó con LA PRENSA Premium sobre lo que espera de esta anunciada comisión.
- > 1. Se crea la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra en Honduras debido a la difícil situación del sector agropecuario, que aporta el 12.9% del PIB y cuyo desarrollo se concentra en el sector rural pobre. “Las políticas agrarias han fracasado históricamente, mientras otros sectores disfrutan de privilegios económicos”, dijo Castro.
- > 2. La Reforma Agraria en Honduras sigue siendo un asunto pendiente que impide al Instituto Nacional Agrario (INA) responder positivamente a la demanda de tierra de los campesinos, mujeres, comunidades e indígenas. A pesar de la promulgación de decretos legislativos para la modernización y desarrollo del sector agrícola, el acceso a la tierra sigue siendo un problema.
- > 3. Se ordena la elaboración de un decreto ejecutivo y proyectos de ley para solucionar la problemática de la mora agraria y el acceso a la tierra, incluyendo la conciliación de justiprecios pendientes de pago y la protección de la función productiva y de los bosques. Además, se ordena una revisión de propiedades con problemas legales y se insta a la Procuraduría General de la República a tomar acciones judiciales en caso de ser necesario.
- > 4. El aumento de la ocupación de tierras productivas ha generado inseguridad y anarquía en el acceso a la tierra, afectando negativamente al desarrollo agrícola, la economía y la inversión a nivel nacional. Los departamentos de Colón y Atlántida son los más afectados y actualmente se contabilizan más de 36,000 manzanas de tierra tomadas por diversos grupos. Las órdenes de desalojo no se están ejecutando eficazmente, lo que ha resultado en graves daños en la producción y economía.
- > 5. Se establecen acciones para contener las tomas de tierra y respetar la seguridad jurídica, incluyendo la ejecución de órdenes judiciales de desalojo. Se concede prioridad a las tierras tomadas por empresas del sector social de la economía y de la Reforma Agraria, así como a fincas privadas relacionadas con actividades agropecuarias. Se aplicará la ley de delitos de usurpación en flagrancia permanente y se exige a las empresas afectadas por las tomas de tierra proporcionar toda la documentación necesaria y mantener contacto con la población. Las empresas acogidas a un convenio buscarán una solución negociada mientras que las no incluidas deberán presentarse ante una comisión y estarán sujetas a la aplicación de la resolución.
- > 6. Se crea la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra que estará presidida por el director del Instituto Nacional Agrario y conformada por diferentes representantes gubernamentales y de organizaciones. Funcionará como comisión técnica y podrá requerir apoyo institucional para cumplir sus objetivos.
“Que sea una comisión que en realidad respete nuestros derechos, porque sabemos que hace más de 30 años han venido queriendo manejar esta problemática”.
El dirigente exigió que se les respeten los títulos otorgados por el Instituto Nacional Agrario en el marco de la reforma agraria.
En la actualidad ellos tienen un acuerdo con fecha del 22 de febrero que impide su desalojo forzoso, y recuerdan que pesan sobre Honduras, ante la Corte Interamericana de Justicia más de 450 denuncias “sobre violaciones que nos han hecho a nosotros los campesinos en este proceso en el que han despojado a nuestros padres de las tierras”.
Alcances de comisión
Antes de partir a una gira por China, la presidenta Castro anunció, acuerpada por todos los miembros del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), los seis puntos prioritarios que engloban una serie de directrices que podrían acabar con el caos agrario que mantiene tomadas 36,451.17 manzanas de tierra por grupos de personas en 56 puntos del territorio nacional.
Castro informó que la comisión estará presidida por el director del Instituto Nacional Agrario (INA), Francisco Fúnez; un fiscal especial nombrado por el fiscal general Óscar Chinchilla (presente en la cadena nacional); un juez con jurisdicción nacional nombrado por la Corte Suprema de Justicia, que también participó; y un comisionado de la Policía Nacional nombrado por el ministro de Seguridad.
También será conformada por un oficial de las Fuerzas Armadas que designará el ministro de Defensa; un diputado que elegirá el titular del Congreso Nacional; el presidente de la junta directiva del Instituto de la Propiedad (IP) y el ministro de Desarrollo Económico, que sería el abogado Fredis Cerrato en sustitución de Pedro Barquero.
- > En Atlántida no ha habido nuevas invasiones, pero hay varias propiedades que siguen tomadas en Tela.
Durante el anuncio, Castro aseguró que “la reforma agraria es un asunto pendiente” y que “de 2010 en adelante se tiene una mora de 1,110 solicitudes de tierra”.
La presidenta Castro ordenó implementar acciones que lleven a reducir la mora agraria.
También planteó revisar aquellas propiedades con problemas legales para lo cual ordena la creación de un decreto ejecutivo e implementar acciones para evitar nuevas tomas de fincas, así como ejecutar órdenes de desalojo.
De curso inmediato
En tal sentido, el titular del Instituto Nacional Agrario, Francisco Funes, convocó a una rueda de prensa para indicar que las órdenes emanadas desde el Ejecutivo tomaban curso inmediato.
“La comisión estará encargada de dos bloques que traerían una pacificación al país; el acceso a la tierra, que quiere decir equidad y justicia, reformando un tanto el marco jurídico, y de forma consensuada con sectores privados lograr que el campesinado tenga acceso a la tierra, porque desde hace 30 años que se reformó el marco jurídico, el INA no tiene ninguna posibilidad de obtener tierra y ponerla a disposición de mujeres, grupos campesinos, indígenas y otras etnias.
El segundo bloque engloba la justicia agraria, es decir, vamos a dar la tierra (corredores ocioso) en orden y amparado en un marco legal.
Sumado a ello, afirmó que no permitirán más tomas de tierras, especialmente, las que están producidas.
Inquietudes del Cohep
Desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) aplauden las acciones anunciadas en el marco de creación del consejo, pero también ponen sobre la mesa sus inquietudes.
Santiago Herrera, gerente de política económica del Cohep, señaló que “en lo que se refiere a las acciones que se han tomado para combatir de manera firme y valiente las invasiones que amenazan al sector productivo, nosotros las aplaudimos y las respaldamos”.
Añadió que como empresarios, es prioridad defender la propiedad privada, más aquella que está en producción en el campo.
Aconsejó que cualquier acción que se adopte con respecto a la propiedad de la tierra sea “apegada estrictamente a la ley y que evitemos la discrecionalidad, por ejemplo, para determinar qué es una tierra ociosa o que no es ociosa. Cuáles serán los criterios y no discrecionalidades antojadizas que puedan poner en precario la seguridad jurídica”, apuntó ahondando en el tema del justiprecio y quién o con base a qué lo determinarán.
“Esas cosas se tienen que hacer de manera formal, seria y responsable, tienen que estar claras las reglas”, puntualizó Herrera.
Héctor Castro, presidente de la Asociación de Ganaderos de Atlántida (AGAA) también aplaudió la decisión de la presidenta y del CNDS, de crear una comisión que ponga fin a la crisis del agro. Acepta que se revise la documentación que avala la propiedad de las tierras porque confía en la legalidad de la industria.
Yibrín aplaude plan en favor de los derechos de propiedad
Tegucigalpa. El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Mateo Yibrín, respaldó la iniciativa de la presidenta Xiomara Castro de crear la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a Tierras.
“Reconocemos la trascendencia de la resolución que han tomado en torno a garantizar el derecho a la propiedad privada, como un pilar de la seguridad jurídica y el Estado de derecho. Con esta decisión sí se muestra el compromiso de atraer inversiones, generar empleo y lograr soberanía alimentaria”, expuso a través de Twitter.
Yibrín añadió que participarán en todas las acciones que emprenda la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, con el objetivo de promover espacios de diálogo y consenso, reducir los niveles de conflictividad social, y garantizar el derecho a la propiedad, un derecho humano reconocido por la legislación nacional y tratados internacionales ratificados por Honduras.
