San Pedro Sula
La municipalidad está a las puertas de una nueva demanda por incumplimiento de contrato. La empresa Sulambiente, responsable de la recolección de la basura, presentó el viernes por la tarde ante la Secretaría Municipal el reclamo administrativo por L817,475,897 de deuda, correspondiente a los mayores costos.
Según el documento, la empresa pide los pagos adeudados basada en la cláusula de retribución del contratista establecida en el contrato de servicios, manejo de desechos sólidos urbanos y limpieza vial suscrito con la municipalidad.
Antecedentes
Las actuales diferencias se originan de una solicitud enviada por el alcalde Roberto Contreras al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para realizar una investigación especial que comprendió la revisión de las operaciones, registros y la documentación soporte presentada por los funcionarios y empleados de la municipalidad en el período del 1 de enero de 2014 al 31 de octubre de 2022, con énfasis en los procesos de licitación y ejecución de contratos de servicios de limpieza vial y manejo de los residuos sólidos, urbanos, mantenimiento de áreas verdes en la vía púbica, limpieza de solares baldíos, servicio de corte y poda y proceso de adquisiciones y contrataciones para la Feria Juniana.
Al analizar la cláusula económica, el TSC establece que en octubre de 2017 la municipalidad contrató los servicios de un consultor especialista en servicios públicos para la actualización de las responsabilidades operativas y técnicas que debe cumplir Sulambiente para brindar el componente de Servicio de Limpieza Vial, ya la compañía cumplía con los componentes de recolección y manejo de desechos.
El consultor levantó la matriz de rutas de la ciudad, inventario vial a atender, bulevares, accesos, calles, avenidas, colonias y así poder preparar el plan operativo que el contratista debe cumplir en el corto, mediano y largo plazo.
De igual forma, se aplica la misma metodología de actualización de la tarifa y la cláusula de equilibrio económico-financiero para el componente de limpieza vial aprobado por la comisión “ad hoc” y la Corporación Municipal, acordando ajustes al reconocimiento de mayores costos con frecuencia semestral y no mensual, como se realiza en los otros dos componentes.
Mayores costos
En cuanto a los desembolsos efectuados por la municipalidad para el pago de recolección, manejo, disposición y limpieza vial hechos a Sulambiente, se verificaron y revisaron cada uno de los pagos durante el período 2016 a la fecha, encontrándose que se han pagado los cobros por reconocimiento de mayores costos de los meses de noviembre 2016 a julio de 2017 en los componentes de recolección y relleno de desechos sólidos, por lo que ya hay un precedente de pago con los ajustes de costos aprobados por la Corporación Municipal.
De igual manera, se han pagado los cobros por reconocimiento de mayores costos de los meses de junio 2018 a enero de 2022 en el componente de limpieza vial. Pero en febrero de 2018 se dejaron de pagar los mayores costos.
El TSC concluye que en el análisis financiero de ingresos y costos para las tasas y servicios relacionados al tren de aseo, relleno sanitario, limpieza vial y similares demuestra que en los últimos 3 años se ha generado un superávit de recursos por más L901,053,051.83, los que evidentemente son suficientes para financiar el contrato suscrito.
Realiza una serie de recomendaciones puntuales para evitar una demanda. El TSC solicitó un plan de acción con un período fijo para ejecutar cada una de las recomendaciones del informe y las acciones tomadas para ejecutar cada recomendación según el plan de acción. Pero la municipalidad no estuvo de acuerdo con el informe y primero presentaron una manifestación y luego una impugnación. Ninguna ha sido resuelta por el ente contralor.
Por otro lado, la Corporación Municipal solicitó un informe al alcalde sobre el caso y sentaron sus posiciones, a excepción de tres regidores, para evitar ser reparados. Los corporativos piden al alcalde cumplir con las recomendaciones y las instancias para evitar pagar los 800 millones de lempiras de los impuestos de los sampedranos.
La posición del alcalde, que llevó a suspender la sesión donde se trataba el asunto, las acusaciones hechas a regidores en medios de comunicación y el despido de empleados como represalia provocó que no tuviera quórum en la sesión convocada el viernes.
Los regidores han sido claros: lo único que piden es que se agoten las negociaciones y evitar una demanda.
El alcalde Roberto Contreras nombró una comisión que se encarga del asunto y consideró que mediáticamente se manejaría a través de comunicados.
Diario LA PRENSA tuvo acceso a la impugnación presentada por la municipalidad, donde dice que el informe tiene vicios de nulidad y que los responsables del informe actuaron al margen de las normas de conducta.
Los argumentos
En la impugnación presentada al TSC, la municipalidad argumenta que el 22 de octubre de 2014 se firmó con Sulambiente el contrato para la prestación de los servicios manejo de los residuos sólidos urbanos y de limpieza vial, el que fue aprobado por el CN el 7 de julio de 2015.
La municipalidad explica que la empresa empezó a prestar el servicio de limpieza vial en junio de 2018 y desde el inicio de esta administración se designó personal especializado para la revisión de los pagos hechos desde noviembre de 2016 a enero de 2022, identificando que se hicieron erogaciones bajo la figura reconocimiento de mayores costos más el ajuste semestral en la tarifa de limpieza vial. Según la municipalidad, eso no está estipulado en el contrato vigente.
Aseguran que hubo cruce de notas y reuniones sin poder llegar a ningún acuerdo. En resumen, la municipalidad alega en la impugnación que ese “addéndum” de mayores costos no fue integrado como “addéndum” al contrato, si fue publicado en La Gaceta, y por ello no debe cumplirse.
La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés puso a disposición su centro de arbitraje para evitar daños a la ciudad con una demanda.
Por su parte, Sulambiente en el reclamo administrativo establece que el contrato en la cláusula referente a la retribución del contratista, y específicamente en su punto 28, regula la revisión de las tarifas: “Para actualizarlas de acuerdo con el índice oficial de precios al consumidor publicado por el BCH, siempre y cuando la variación que se produce sea al alza. Igualmente, y con independencia del tiempo transcurrido, si desde la última revisión tuviera lugar un incremento en la inflación acumulada superior al 8.5%, se revisarán las tarifas contenidas en el inciso 20.1 para actualizarlas de acuerdo con el índice de inflación. Indica que a partir de ese momento se practicaran nuevas revisiones cada doce meses tomando como base el último precio vigente”.
En el reclamo administrativo establecen que desde noviembre se invocó la cláusula de solución de controversias sin haber obtenido respuesta y ante la ausencia de respuesta formal interponen el reclamo.
