La única fórmula para reducir la inseguridad en una ciudad como San Pedro Sula, considerada la más violenta del mundo, es que se unan la sociedad y el Gobierno.
Así lo dijo Enrique Bentancourt, director del Centro Nacional para la Prevención del Delito y Participación Ciudadana de México, uno de los conferencistas de la cumbre “Construyendo comunidades seguras”, que se desarrolla hoy y mañana.
Betancourt fue parte del equipo “Todos somos Juárez”, ciudad calificada también entre las más peligrosas del orbe. “Cuando una ciudad se vuelve la más violenta del mundo le cae un peso espantoso. Y tiene un impacto en el sentir de la población que es difícil de superar. Viví esa angustia en los juarenses y mexicanos y la única fórmula de salir adelante es uniéndose sociedad y Gobierno”.
Partiendo de esa alianza enumera las claves para la prevención del delito.
“Tiene que haber primero una visión integral. No podemos atacar el delito desde el punto de vista policial nada más. No podemos hacerlo solo de un aspecto de desarrollo social y económico ni solo con empleo”.
Agrega que como segunda clave es necesario un enfoque primordial en la población más vulnerable.
“A las mujeres, jóvenes. Es muy importante generar políticas públicas que les ayuden a los jóvenes a encontrar proyectos de vida y que ayuden a definir sus roles”.
El tercero, según Betancourt, es la focalización territorial y la coordinación integral entre autoridades y sociedad para intervenir las zonas afectadas. “No toda San Pedro Sula tiene los mismos índices de violencia. Hay que saber dónde intervenir, no solamente donde se genere la violencia, sino donde vive la gente que está cometiendo esos delitos. Muchas veces, los delitos ocurren en las vías rápidas públicas. Hay que entender de dónde viene la problemática no solo en cuanto a homicidios”, indicó. Hizo énfasis en la medición de la criminalidad y los efectos que están generando, así como evaluar si las políticas públicas están funcionando.
Para atender el problema en México hace seis años se creó el Centro Nacional para la Prevención del Crimen, que diseña las políticas públicas, y se coordinan los proyectos sociales que inciden en la prevención del delito con acompañamiento de recursos y a los municipios en el aspecto normativo.
