San Pedro Sula, Honduras.
La suspensión de ocho días de labores sin goce de sueldo es la sanción que recibirán los médicos y enfermeras que estaban de turno cuando murió un hombre que tenía gusanos en el cuerpo.
Según Renato Florentino, jefe de Urología del Hospital Mario Catarino Rivas, la notificación por escrito incluye argumentos de acusación por abandono a Luis Alonzo Caballero (44) e irrespeto a los derechos humanos, así como el desinterés ante la presencia del paciente.
El doctor expresó su insatisfacción por las medidas que se están tomando y las considera injustas.
En este sentido, refiere que cuando se prestó atención a Caballero todos colaboraron hasta con aportes económicos, además de los esfuerzos extras que realizan para atender la sobredemanda de enfermos.
Antecedentes
Tras la defunción de Luis Alonzo Caballero y otros hechos suscitados, el hospital fue intervenido para esclarecer supuestas situaciones delictivas.
A finales del mes pasado comenzaron las audiencias de descargo para adjudicar o no la responsabilidad al personal que estaba de guardia el día en que falleció Caballero.
Alrededor de 64 empleados, entre doctores y enfermeras, fueron citados para aclarar en qué condiciones fue atendido el hombre que murió por causa de una infección en su cuerpo.
Según la comisión interventora, las audiencias eran solo parte del proceso para conocer el verdadero motivo del deceso y no para despedir a nadie.
Se había previsto que el 8 de agosto estarían listos los resultados de los descargos. No obstante, hasta esta semana se conocieron las resoluciones.
Todavía se desconoce cuántas personas serán sancionadas. El hecho se maneja en completo hermetismo por parte del Departamento Legal de la Secretaría de Salud.
Sin embargo, trascendió que los castigos no quedarán en suspensiones, sino que pueden concretarse algunos despidos.
Los integrantes de la comisión interventora desconocen a profundidad cómo se ha desarrollado el proceso de descargo y de resoluciones. Justifican que no han sido ellos los encargados de este caso.
Algunos afectados se sienten indignados y manifiestan que no se les dio la oportunidad de defenderse.
También consideran poner la renuncia por estar incómodos con las acciones emprendidas por las autoridades de Salud.
La suspensión de ocho días de labores sin goce de sueldo es la sanción que recibirán los médicos y enfermeras que estaban de turno cuando murió un hombre que tenía gusanos en el cuerpo.
Según Renato Florentino, jefe de Urología del Hospital Mario Catarino Rivas, la notificación por escrito incluye argumentos de acusación por abandono a Luis Alonzo Caballero (44) e irrespeto a los derechos humanos, así como el desinterés ante la presencia del paciente.
El doctor expresó su insatisfacción por las medidas que se están tomando y las considera injustas.
En este sentido, refiere que cuando se prestó atención a Caballero todos colaboraron hasta con aportes económicos, además de los esfuerzos extras que realizan para atender la sobredemanda de enfermos.
Antecedentes
Tras la defunción de Luis Alonzo Caballero y otros hechos suscitados, el hospital fue intervenido para esclarecer supuestas situaciones delictivas.
A finales del mes pasado comenzaron las audiencias de descargo para adjudicar o no la responsabilidad al personal que estaba de guardia el día en que falleció Caballero.
Alrededor de 64 empleados, entre doctores y enfermeras, fueron citados para aclarar en qué condiciones fue atendido el hombre que murió por causa de una infección en su cuerpo.
Según la comisión interventora, las audiencias eran solo parte del proceso para conocer el verdadero motivo del deceso y no para despedir a nadie.
Se había previsto que el 8 de agosto estarían listos los resultados de los descargos. No obstante, hasta esta semana se conocieron las resoluciones.
Todavía se desconoce cuántas personas serán sancionadas. El hecho se maneja en completo hermetismo por parte del Departamento Legal de la Secretaría de Salud.
Sin embargo, trascendió que los castigos no quedarán en suspensiones, sino que pueden concretarse algunos despidos.
Los integrantes de la comisión interventora desconocen a profundidad cómo se ha desarrollado el proceso de descargo y de resoluciones. Justifican que no han sido ellos los encargados de este caso.
Algunos afectados se sienten indignados y manifiestan que no se les dio la oportunidad de defenderse.
También consideran poner la renuncia por estar incómodos con las acciones emprendidas por las autoridades de Salud.
