Un colector que va desde río Blanco, en el segundo anillo, hasta el canal Sunseri, atrás del estadio Olímpico, la trocha vieja del segundo anillo, los puentes de esa zona, la 33 calle y la 27 calle son algunas de las obras que se ejecutaron con el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desembolsado en 1991 y que hoy reclama la Secretaría de Finanzas a la alcaldía sampedrana.
El alcalde Roberto Contreras fue sorprendido con una carta de la Secretaría de Finanzas reclamando el pago de L1,200 millones (unos $46.4 millones) de un préstamo adquirido con el BID en los años 90.
Diario LA PRENSA conversó con Héctor “Tito” Guillén, exalcalde de San Pedro Sula en el período 1990-1994 , quien explicó que se trata de un préstamo adquirido entre los años 1991-1992 para ejecutar un proyecto denominado “Saneamiento, consolidación del desarrollo y fortalecimiento institucional” por un monto de $55 millones de dólares (que hoy en día serían unos L1,356 millones).
“Se firmó a través del Gobierno de la república, era un préstamo concesional, de 10 años de gracia al 1% y 30 años al 2%, esos eran los términos del préstamo”.
Cifra
El 65% del PIB de todo el país es producido por el valle de Sula. De retorno solo recibe entre un 6% y 7%.
Guillén detalló que dentro del proyecto de saneamiento se construyó un colector maestro que va desde río Blanco, en el segundo anillo, hasta el canal Sunseri, atrás del estadio Olímpico, para recoger las aguas del oeste y este de la ciudad.
En la parte de consolidación del desarrollo se ejecutaron obras para unir el bulevar del este con la ciudad vieja (sector sureste), que en ese momento era el barrio Cabañas, Cabañitas, colonia Aurora y demás, la trocha vieja del segundo anillo y los puentes de esa zona, la 33 calle, la 27 calle y otras calles como la 10, 15 y 20 y unas avenidas. En la parte del fortalecimiento institucional incluía el mejoramiento de Catastro y la actualización del plan regulador urbano.
“Todo eso se hizo con licitaciones internacionales, adjudicaciones completas, el plan regulador urbano se entregó en 1994”.
Guillén explicó que dentro de los términos del préstamo de $55 millones se fijó que el riesgo cambiario era responsabilidad del Estado, por lo cual el préstamo en manos de la municipalidad sampedrana era de $55 millones a 4.50 lempiras por dólar; es decir, unos L247.5 millones, y la diferencia lo debía absorber el Gobierno central.
“En la administración de Juan Carlos Zúniga (alcalde 2010-2014), Crédito Público de la Secretaría de Finanzas le cobró, ellos (Crédito Público) tienen la obligación de cobrar las deudas todos los años, el Tribunal Superior de Cuentas se lo exige, los ocho años de Calidonio (Armando Calidonio, alcalde 2014-2022), nunca le cobraron el préstamo BID, le cobraron los Sextos Juegos; además, hubo una condonación del BID a Honduras en el 2005; ahora, si hubo una condonación de deuda por qué aparece la deuda de San Pedro”, se preguntó extrañado el exalcalde.
Guillén recomienda al alcalde Roberto Contreras hacer una conciliación de cuentas. “Si no se pagó todos esos años, hay una deuda y el alcalde debería conciliar cuentas. Deben hacer un análisis financiero completo, ya que la ley dice que la Secretaría de Finanzas puede embargar las transferencias a la municipalidad si tiene deudas con el Estado”, apuntó.
Roberto Larios Silva, exalcalde (período 1998-2002), manifestó que él no recuerda haber pagado esa deuda y señaló que esa deuda externa fue condonada en 2005.
LA PRENSA conoció que los Gobiernos anteriores a través de la Secretaría de Finanzas han enviado cartas similares a la recibida por el alcalde Roberto Contreras cobrando el préstamo mencionado; sin embargo, ninguna administración ha realizado pagos, pues el préstamo tiene una garantía soberana y el Gobierno es el aval.
Al menos dos cartas de cobro al año eran enviadas a las alcaldías.
Por su parte, el alcalde Contreras declaró a este rotativo que no quiere imaginar que el cobro del préstamo por L1,200 millones es revanchismo político.
“No imagino que eso sea así, porque se trata del dinero de nuestros impuestos. Nuestra gente está creyendo en nuestra administración porque estamos dando resultados con obras y atención a todos los sectores”.
Contreras agregó que en caso de que la Secretaría de Finanzas embargara las cuentas por falta de este pago, se dejarían de ejecutar obras, no podrían pagar a los proveedores, planillas de empleados y se tendrían que cerrar los centros técnicos donde están matriculados 1,100 jóvenes, quienes perderían sus clases. “Y 350,000 personas perderían sus consultas en los macrodistritos de salud”, dijo.
