La reparación de bordos y sobre todo la construcción de represas son dos de las mayores demandas del valle de Sula al gobierno central.
Diputados del Congreso Nacional y empresarios de la zona norte sostuvieron una reunión ayer en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), en donde hablaron sobre la necesidad de impulsar el crecimiento de la economía a través de obras públicas, estabilidad política, leyes que incentiven las inversiones, presupuesto general, entre otros.
El panorama no es muy alentador, la maquila ha perdido más de 30,000 empleos directos (unos 100 mil empleos indirectos) con el cierre de algunas fábricas de manera permanente y temporal. Hay interés de nuevas inversiones en el sector, pero están estancadas debido a un ambiente de inestabilidad y la amenaza de la Ley de Justicia Tributaria, que no contiene incentivos para los inversores.
Además
El diputado Ramón Barrios pidió a empresarios detallar los proyectos prioritarios para incluirlos en el Presupuesto.
Ni dos horas tenía de haber comenzado la reunión, que duró toda la mañana, cuando salió el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, inconforme por la falta de respuestas a las demandas del municipio. “San Pedro Sula necesita 4,000 lámparas, 1,500 policías o al menos 1,000 policías, 50 patrullas y la construcción de bordos, en vista que vienen las lluvias y la gente está propensa a perder sus cosas. 76 semanas de Gobierno quedan y dentro de unas 40 empezará la política, lo que quiere decir que va a tardar bastante tiempo” para que SPS tenga lo requerido.
Contreras dijo que la respuesta de los diputados fue que ellos solo legislan y que lo que le haga falta a la zona norte debe venir del Poder Ejecutivo. “Tienen razón en alguna medida, entonces hay que hacer un acercamiento con el Ejecutivo y no con el Legislativo. Ellos dicen que no tienen nada que ver con la iluminación de calles, asignación de policías y seguridad de la costa norte. Básicamente están hablando de política, por eso me salí antes, mejor voy a ir a ver si limpio el mercado Dandy”.
Transferencias
Silvia Ayala, diputada por el Partido Libre, expresó en la reunión que el alcalde Contreras denunció que el Gobierno no le ha hecho ninguna transferencia de fondos desde que comenzó su gestión, por lo que vía telefónica le consultaron a la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, sobre esta situación; sin embargo, Contreras no esperó la respuesta y “salió corriendo del salón”, aseveró Ayala.
La ministra Moncada expuso que en 2022 transfirieron a la municipalidad sampedrana más de L44 millones y este año unos L28 millones, y no le han continuado haciendo transferencias porque falta que la alcaldía liquide L88 millones para poderle hacer los demás desembolsos.
Mario Pérez, diputado del Partido Nacional y vicepresidente del Congreso Nacional, sostuvo que las demandas de carreteras, iluminación y otros proyectos es con los ministros. “La situación económica en el país está mal, empresas cerrando, empleos perdiéndose, la gente sigue migrando por diferentes razones y una de ellas es que no hay clima de seguridad en la inversión privada y no hay inversión pública”.
Pérez se quejó porque como bancada están excluidos y no están siendo escuchados. Marlon Lara, diputado del Partido Liberal, destacó que las municipalidades necesitan que se les asigne su presupuesto.
“El año pasado el Partido Liberal solicitó que el Gobierno cumpla con el 11% de las transferencias a las alcaldías como lo indica la Ley de Municipalidades; entonces, por qué el Gobierno solo les transfiere el 5%. El año pasado el presupuesto cerró con una inversión pública del 19%, se quedaron con todo el dinero, no lo pudieron ejecutar. Se estuvieran haciendo miles de obras en todo el país, generando empleo y aumentando la actividad económica”.
Lara agregó que el Gobierno tiene L42,000 millones en una partida confidencial que son fondos que no se ejecutan.
Inversiones
Eduardo Facussé, presidente de la CCIC, solicitó a los diputados un informe del impacto económico y los empleos que generará la Ley de Justicia Tributaria que se sigue promoviendo.
También señaló que en el sector de energía las pérdidas ascienden a unos L15,000 millones anuales. “Metamos a la cárcel a quienes están robando energía. No parece que hay voluntad para hacer eso”.
Como tercer punto planteó a los legisladores que influyan para agilizar los proyectos de infraestructura productiva como represas, carreteras y la remodelación del aeropuerto Villeda Morales.
Mario Canahuati, presidente de la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM), compartió que de octubre a la fecha se han perdido más de 30,000 empleos directos y se podrían seguir perdiendo de continuar la “confrontación, la duda e incertidumbre”.
Canahuati detalló que como industria se siguen reuniendo con empresarios asiáticos, americanos y canadienses y de generar el clima de inversión se podrían concretar inversiones entre los $600 y $1,000 millones en 2024.
“Si la ley no pasa (Ley de Justicia Tributaria), 2024 sería un año de repunte, en Honduras la inversión extranjera está estancada”, puntualizó Canahuati.
