Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula y presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), dijo que la orden de detención contra Steven Fajardo, su yerno y asesor, "es un ataque político".
"Este ataque contra mi familia, es un ataque político, un ataque contra la democracia de Honduras. La intención es inhabilitarme. Están instrumentalizando la justicia. Ya este ataque político lo esperábamos", escribió Contreras en su cuenta en X.
"Hago un llamado a todo el pueblo hondureño a mantenerse vigilante. Daré conferencia de prensa en breve a todos los medios de comunicación, porque soy un hombre limpio, no tengo nada que ocultar", dijo Contreras.
"Han atacado lo que más quiero", extendió Contreras.
“Han venido a atacar prácticamente a la familia. Si ellos creen que me van a quebrar con esto, esto es un ataque directo a la democracia del país. Solo falta que llegue a mi casa y me pongan tres kilos de cocaína para después decir que soy narcotraficante”, expresó.
Señaló a dirigentes del partido Libertad y Refundación (Libre) y a figuras del Congreso Nacional, a quienes acusó de querer instaurar lo que calificó como “una dictadura de izquierda en el país para convertirlo en una segunda Venezuela”. “Yo no manejo fondos de Sedesol por los más de 1,000 millones de lempiras que se hartaron los diputados, no hay ninguna investigación”, remarcó.
“Si piensan que de esta forma yo voy a renunciar para que establezcan una alcaldía comunista en la costa norte, están muy equivocados. Hoy más que nunca vamos a luchar por ganar las elecciones”, declaró. “Esto le va a pasar factura a Scherly Arriaga, a Luis Redondo y a todos los diputados de Cortés”, manifestó.
Este ataque contra mi familia, es un ataque político, un ataque contra la democracia de Honduras. 🇭🇳 La intención es inhabilitarme. Están instrumentalizando la justicia. Ya este ataque político lo esperábamos. Hago un llamado a todo el pueblo hondureño a mantenerse vigilante....
— Roberto Contreras (@RobertoContreM) September 23, 2025
La acusación del MP
Según la acusación del MP, a través de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (Unaf), las ordenes de detención son por investigaciones relacionadas con la supuesta participación de quince personas en una red de corrupción que, entre julio de 2023 y abril de 2024, habría causado un perjuicio económico superior a los 45.5 millones de lempiras mediante la suscripción de 33 contratos fraudulentos con la empresa constructora Hercod S. de R.L., destinados para el mejoramiento vial en el municipio de San Pedro Sula.
La acusación es contra Luis Hernández Portillo y su esposa Olga Estela Ávila Ortega, Steven Adolfo Fajardo Vargas (yerno de Contreras), Josué David Fajardo Hernández (tío de Steve Fajardo), José Antonio Juárez Pereira, Henry Geovanny Guzmán Girón, Andrea Fabiola Perdomo Delgadillo y Marcos Jonathan Morales Corea.
También contra los ex y actuales funcionarios Osman David Chávez Orellana, Denis Jamil Paz Martínez, Alejandra Eunice Amaya Barnica de la Gerencia de Infraestructura; Marlen Mena Gómez (exgerente financiero); Xavier Lacayo Delgadillo (tesorero municipal); Luis Enrique Saa (director de proyectos); Walter Cartagena Villagra (exdirector del departamento de Vías).
El Ministerio Público les imputa delitos de violación a los deberes de los funcionarios, fraude, tráfico de influencias y lavado de activos.
Según las investigaciones, los empleados municipales y representantes legales de las empresas sostuvieron reuniones previas en las que planificaron adjudicar los 33 contratos a Hercod, mientras que las demás sociedades participarían solo como "relleno" para simular legalidad.
La empresa Hercod también incumplió requisitos esenciales, pues no presentó garantía de anticipo de fondos ni la nómina de personal técnico encargado de ejecutar las obras.
Otras irregularidades encontradas es que los imputados fragmentaron los contratos para eludir los procedimientos de una licitación pública o privada, adjudicando 26 por contratación directa y 7 por licitación privada.
De acuerdo a los hechos, los funcionarios municipales autorizaron los pagos a Hercod sin que esta presentara los informes de avance o de finalización de obras, ni verificaron el cumplimiento de los contratos.
Con las investigaciones se verificó que en algunos contratos no se especificó la ubicación exacta de los tramos a reparar, mientras que otros proyectos no se ejecutaron, entre ellos la reparación de un complejo deportivo y la rehabilitación de carreteras en la zona de El Merendón, donde no existe evidencia de que ingresara maquinaria.
