San Pedro Sula, Honduras.
Por incumplimiento de contrato al no hacer efectivo el pago final de la construcción y equipamiento de las casetas de peaje de los bulevares norte sur y este en 2003, la compañía constructora García Pérez (GAP y Asociados) quiere que la Municipalidad sampedrana le pague 147 millones de lempiras.
Las casetas y el equipo por el que la alcaldía pagó 46 millones de lempiras en la administración de Óscar Kilgore -2002-2006- ya no existen y lo poco que quedó está en pésimas condiciones.
El contrato consistía en la construcción y equipamiento de peajes en los bulevares del norte, sur y este, y según las bases de licitación, GAP tenía la obligación de suministrar e instalar el sistema de conteo y del servidor central en el edificio de la Municipalidad, lugar desde el cual se controlaría el ingreso en cada una de las casetas.
El contrato de construcción y equipamiento de casetas fue suscrito el 20 de febrero de 2003 por L45,966,826.05 y comprendía la construcción de edificios por un costo de L13,875,829.45 y el sistema de peaje computarizado por L31,608,996.60 (subcontratando a la empresa Setra para proveer el sistema de peaje computarizado).
Tres años después, en 2006, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) hizo una auditoría en la Municipalidad y comprobó que el contrato de construcción y equipamiento de casetas de peaje no se cumplió porque al 26 de julio de 2006 la caseta del peaje sur aún no estaba en operaciones porque no se terminó de instalar el equipo computarizado y el servidor principal se encontraba instalado en las oficinas de Setra y no en el Palacio Municipal como lo indicaban las bases de licitación.
Hubo varias observaciones a la Corporación Municipal sampedrana de parte del TSC por ese contrato.
La Municipalidad contestó la demanda según consta en el expediente y estableció lo siguiente: “La alcaldía aceptó la obra a través de la Gerencia de Infraestructura, como ente encargado de velar por el cumplimiento del contrato.
El 20 de enero de 2006 se emitió el acta de recepción sustancial del proyecto donde se estableció que quedaban pendientes siete actividades, siendo una de ellas la interconexión del sistema computarizado de las casetas con el servidor central, otorgándole 15 días calendario para su ejecución.
Cuando llegó el término establecido para la entrega no se extendió el acta de recepción final del proyecto porque el contratista no puso en funcionamiento el sistema de conteo computarizado en la casetas del bulevar del sur y el servidor central que tenía que ser instalado en la alcaldía no estaba”.
Ese incumplimiento quedó evidenciado en el informe técnico del 8 de abril de 2008 y en otros documentos que fueron propuestos por la Municipalidad como medios de prueba al Tribunal.
La alcaldía también argumenta que por ese incumplimiento no hay ningún derecho al reclamo del pago de un servicio contratado y no satisfecho.
Además, no ha habido incumplimiento del pago de la última estimación por parte de la Municipalidad porque fue la compañía la que causó daños y perjuicios a la alcaldía al no cumplir lo pactado en el contrato de construcción por haber entregado una obra incompleta.
Recurso de amparo
La demanda judicial de la compañía fue interpuesta en 2012 ante el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo inicialmente por seis millones de lempiras, pero la cuenta creció a 147 millones por un desglose de reclamos, según el expediente judicial 0501-2012-00056 que fue enviado a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pendiente de resolver un recurso de amparo interpuesto por la alcaldía.
El proceso fue conocido en las administraciones de los alcaldes Rodolfo Padilla Sunseri y Juan Carlos Zúniga.
La actual administración de Armando Calidonio interpuso un recurso que busca que se declare sin lugar la demanda judicial y no sea condenada a pagar esa millonaria suma.
Conforme a la demanda, la constructora GAP no solo exige el monto del capital adeudado, sino que busca cobrar 141 millones de lempiras, 70 millones de lempiras son en “compensación” por haber caído en la central de riesgo, algo por lo cual culpa a la alcaldía sampedrana, según consta en el expediente judicial.
Por incumplimiento de contrato al no hacer efectivo el pago final de la construcción y equipamiento de las casetas de peaje de los bulevares norte sur y este en 2003, la compañía constructora García Pérez (GAP y Asociados) quiere que la Municipalidad sampedrana le pague 147 millones de lempiras.
Las casetas y el equipo por el que la alcaldía pagó 46 millones de lempiras en la administración de Óscar Kilgore -2002-2006- ya no existen y lo poco que quedó está en pésimas condiciones.
El contrato consistía en la construcción y equipamiento de peajes en los bulevares del norte, sur y este, y según las bases de licitación, GAP tenía la obligación de suministrar e instalar el sistema de conteo y del servidor central en el edificio de la Municipalidad, lugar desde el cual se controlaría el ingreso en cada una de las casetas.
El contrato de construcción y equipamiento de casetas fue suscrito el 20 de febrero de 2003 por L45,966,826.05 y comprendía la construcción de edificios por un costo de L13,875,829.45 y el sistema de peaje computarizado por L31,608,996.60 (subcontratando a la empresa Setra para proveer el sistema de peaje computarizado).
Tres años después, en 2006, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) hizo una auditoría en la Municipalidad y comprobó que el contrato de construcción y equipamiento de casetas de peaje no se cumplió porque al 26 de julio de 2006 la caseta del peaje sur aún no estaba en operaciones porque no se terminó de instalar el equipo computarizado y el servidor principal se encontraba instalado en las oficinas de Setra y no en el Palacio Municipal como lo indicaban las bases de licitación.
Hubo varias observaciones a la Corporación Municipal sampedrana de parte del TSC por ese contrato.
La Municipalidad contestó la demanda según consta en el expediente y estableció lo siguiente: “La alcaldía aceptó la obra a través de la Gerencia de Infraestructura, como ente encargado de velar por el cumplimiento del contrato.
El 20 de enero de 2006 se emitió el acta de recepción sustancial del proyecto donde se estableció que quedaban pendientes siete actividades, siendo una de ellas la interconexión del sistema computarizado de las casetas con el servidor central, otorgándole 15 días calendario para su ejecución.
Cuando llegó el término establecido para la entrega no se extendió el acta de recepción final del proyecto porque el contratista no puso en funcionamiento el sistema de conteo computarizado en la casetas del bulevar del sur y el servidor central que tenía que ser instalado en la alcaldía no estaba”.
Ese incumplimiento quedó evidenciado en el informe técnico del 8 de abril de 2008 y en otros documentos que fueron propuestos por la Municipalidad como medios de prueba al Tribunal.
La alcaldía también argumenta que por ese incumplimiento no hay ningún derecho al reclamo del pago de un servicio contratado y no satisfecho.
Además, no ha habido incumplimiento del pago de la última estimación por parte de la Municipalidad porque fue la compañía la que causó daños y perjuicios a la alcaldía al no cumplir lo pactado en el contrato de construcción por haber entregado una obra incompleta.
Recurso de amparo
La demanda judicial de la compañía fue interpuesta en 2012 ante el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo inicialmente por seis millones de lempiras, pero la cuenta creció a 147 millones por un desglose de reclamos, según el expediente judicial 0501-2012-00056 que fue enviado a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pendiente de resolver un recurso de amparo interpuesto por la alcaldía.
El proceso fue conocido en las administraciones de los alcaldes Rodolfo Padilla Sunseri y Juan Carlos Zúniga.
La actual administración de Armando Calidonio interpuso un recurso que busca que se declare sin lugar la demanda judicial y no sea condenada a pagar esa millonaria suma.
Conforme a la demanda, la constructora GAP no solo exige el monto del capital adeudado, sino que busca cobrar 141 millones de lempiras, 70 millones de lempiras son en “compensación” por haber caído en la central de riesgo, algo por lo cual culpa a la alcaldía sampedrana, según consta en el expediente judicial.
