Tegucigalpa, Honduras.
Previo al vencimiento del plazo establecido, más de 40 impugnaciones a solicitudes de actualizaciones domiciliarias contaba ayer el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El magistrado presidente del Tribunal, David Matamoros Batson, confirmó que de esos trámites 18 fueron descartados por no tener sustento legal.
“Son más el tema de alegaciones y conjeturas porque nosotros vamos al campo, si constatamos de que por lo menos el 70% de las personas que han hecho traslados sí viven en el lugar entonces se están autorizando”, explicó Matamoros.
El pasado 27 de agosto culminó el plazo para que las personas efectuaran los también conocidos como traslados electorales en cada uno de los registros civiles municipales o en las sedes del Registro Nacional de las Personas (RNP) de las principales ciudades.
El TSE proyecta que estos trámites podrían superar los 200,000 a nivel nacional.
Fundamentos
El secretario general del órgano electoral, Alejandro Martínez, indicó que “se tienen que dar fundamentos que se trasladó gente masivamente de un municipio a otro, nosotros lo investigamos”.
Brigadas con personal del TSE y RNP se han enviado desde la semana pasada a los departamentos de Santa Bárbara, Intibucá y Lempira para constatar las denuncias hechas, aseguró.
“Nosotros no vamos a anular traslados de gente que esté en el mismo código del municipio que son del mismo”, aclaró el funcionario.
Martínez sostuvo que el traslado de personas procedentes de otras comunidades para ejercer el sufragio en un lugar específico es la denuncia recurrente presentada ante el Tribunal Electoral.
Durante el proceso de cambio domiciliario se registraron varias protestas afuera de las oficinas del RNP en Copán, Santa Bárbara, Yoro, y hasta Islas de la Bahía.
En la oficina de San Pedro Sula fue registrado un total de 11,758 traslados y más de 13,000 trámites de cédulas el domingo pasado cuando se venció el plazo para los trámites electorales.
Previo al vencimiento del plazo establecido, más de 40 impugnaciones a solicitudes de actualizaciones domiciliarias contaba ayer el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El magistrado presidente del Tribunal, David Matamoros Batson, confirmó que de esos trámites 18 fueron descartados por no tener sustento legal.
“Son más el tema de alegaciones y conjeturas porque nosotros vamos al campo, si constatamos de que por lo menos el 70% de las personas que han hecho traslados sí viven en el lugar entonces se están autorizando”, explicó Matamoros.
El pasado 27 de agosto culminó el plazo para que las personas efectuaran los también conocidos como traslados electorales en cada uno de los registros civiles municipales o en las sedes del Registro Nacional de las Personas (RNP) de las principales ciudades.
El TSE proyecta que estos trámites podrían superar los 200,000 a nivel nacional.
Fundamentos
El secretario general del órgano electoral, Alejandro Martínez, indicó que “se tienen que dar fundamentos que se trasladó gente masivamente de un municipio a otro, nosotros lo investigamos”.
Brigadas con personal del TSE y RNP se han enviado desde la semana pasada a los departamentos de Santa Bárbara, Intibucá y Lempira para constatar las denuncias hechas, aseguró.
“Nosotros no vamos a anular traslados de gente que esté en el mismo código del municipio que son del mismo”, aclaró el funcionario.
Martínez sostuvo que el traslado de personas procedentes de otras comunidades para ejercer el sufragio en un lugar específico es la denuncia recurrente presentada ante el Tribunal Electoral.
Durante el proceso de cambio domiciliario se registraron varias protestas afuera de las oficinas del RNP en Copán, Santa Bárbara, Yoro, y hasta Islas de la Bahía.
En la oficina de San Pedro Sula fue registrado un total de 11,758 traslados y más de 13,000 trámites de cédulas el domingo pasado cuando se venció el plazo para los trámites electorales.
