En Honduras, donde la media diaria de asesinatos hasta marzo de este año era de 9.77 por cada 100,000 habitantes, según estadísticas oficiales, se sitúa a los fiscales en una zona de riesgo por la falta de resguardo y garantías para hacer su trabajo con total libertad.
El sonado caso del doble crimen de la fiscal de Delitos Contra la Vida, Marlene Banegas, y la fiscal del Medio Ambiente, Olga Eufragio, hecho ocurrido el 11 de octubre de 2014 en San Pedro Sula, solo es parte de una larga lista de fiscales que habrían sido atacados por el crimen organizado, las maras y pandillas. Uno de los fiscales entrevistados por este rotativo comentó que “se sabe que la abogada Marlene Banegas había solicitado protección al Ministerio Público debido al enorme riesgo que enfrentaba”; sin embargo, “esta le fue negada” y tiempo después fue acribillada por sujetos fuertemente armados cuando se conducían en vehículo a la altura de la colonia Prado Alto.
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LA PRENSA Premium conoció que desde el año 2010 hasta julio de 2022 se contabilizaron siete muertes violentas de fiscales: dos de Medio Ambiente, uno de Fiscalía Local, uno de Derechos Humanos, uno de Delitos Contra la Vida y otro que trabajaba contra lavado de activos.
Bases de datos del ente acusador del Estado también develan que 255 fiscales pidieron protección desde 2014 a la fecha por su actividad, siendo en 2016, 2019 y 2014 los años con más notificaciones.
El asesinato más reciente de fiscal en Honduras ocurrió el 27 de mayo en Nacaome, Valle, donde la abogada Karen Almendárez fue atacada a tiros por desconocidos cuando ingresaba a su casa. Fue el tercer crimen de este tipo en América Latina en menos de un mes, ya que el 10 de mayo fue asesinado el fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Colombia, así como la fiscal ecuatoriana Luz Marina Delgado.
Testimonios
LA PRENSA Premium conversó con dos fiscales que durante años han abordado casos varios y sensitivos y expusieron el peligro que enfrenta el gremio por su quehacer diario.
Uno de ellos que actualmente trabaja en la Fiscalía de Delitos Comunes pidió anonimato por su seguridad y la de su familia.
Muertes de personal del Ministerio Público
El conductor José María Almendárez el 23 de febrero de 2005 en Olancho; el exfiscal Félix Ramón Enamorado el 21 de mayo de 2010 en Atlántida; el coordinador de Fiscales de Puerto Cortés, Raúl Enrique Reyes Carbajal, el 27 de mayo de 2011; el fiscal Manuel Eduardo Díaz, el 24 de septiembre de 2012 en Choluteca.
El jefe de la Unidad Contra Lavado de activos, Orlan Arturo Chávez, el 18 de abril de 2013 en Tegucigalpa; la coordinadora de la Fiscalía de Medio Ambiente y coordinadora de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida en San Pedro Sula, Olga Eufragio y Marlen Banegas, el 10 de octubre del año 2014.
El exfiscal de Delitos Contra la Vida en La Ceiba, Edwin Geovanny Eguigure, el 11 de noviembre de 2014 en El Chimbo, Francisco Morazán; el motorista de la Fiscalía de Turno, Alejandro Rosales, el 21 de agosto de 2018 en Francisco Morazán; la fiscal de Medio Ambiente, Karen Almendández, el 27 de mayo de 2022.
El profesional del Derecho estuvo a cargo del caso donde unos 12 pandilleros fueron enjuiciados por cometer una masacre en la colonia Asentamientos Humanos, sector Rivera Hernández.
En el homicidio múltiple, una niña, quien meses después sería adoptada por la ex primera dama Aguas Ocaña (2002-2006), fue la única sobreviviente de 11 víctimas mortales en su familia.
“Fue inédito, representaba las máximas capacidades que pudiéramos tener como fiscales en un juicio, hubo como 80 testigos entre policías y particulares”, recordó el fiscal, quien en ese momento laboraba en San Pedro Sula.
Luego, mientras trabajaba entre las ciudades de Siguatepeque y Comayagua entre los años 2007 y 2008, según relató durante la conversación, fue amenazado en dos ocasiones por Marcos Reyes Santos, alias Toño Maquila. Mencionó que “este hombre ha sido temido durante mucho tiempo por la misma Policía” y ha sido considerado por el Ministerio Público como uno de los mayores distribuidores de droga del corredor centro-noroccidental.
Reyes Santos fue declarado culpable en en mes de julio pasado por lavado de activos tras ser arrestado en Santa Rosa de Copán.
¿Cómo trabajan ante el peligro que representa su labor? El fiscal mencionó que en su caso evitar visitar sitios concurridos, intercambia carros con sus hermanos, vigila el entorno cuando entra y sale de su casa y trabajo, trata de no coincidir con procesados en los pasillos y los interrogatorios los hace sin expresar gestos de agrado o desagrado por respuestas que reciba.
“Se vive una angustia, pero pasado el tiempo y finalizado el juicio regresa la tranquilidad, la seguridad nuestra no está en manos de nadie, uno mismo debe hacerlo”, destacó.
De su lado, Alejandro Sevilla, quien hasta hace poco era el presidente nacional de la Asociación de Fiscales del Ministerio Público (MP), expuso que “no quiero menospreciar a nadie porque en ninguna fiscalía estamos seguros, pero los asignados a luchar contra el crimen organizado, corrupción y extorsión enfrentan mayor riesgo. Ser fiscal en Honduras es un reto, no se puede titubear, se necesitan nervios de acero”.
El fiscal aseguró que en más del 50% de los casos de sus colegas muertos de manera violenta estos años participó el crimen organizado, al tiempo que lamentó que la institución no pueda darle seguridad a muchos que sí lo necesitan.
“En mi caso he recibido amenazas, me han pedido que deje ciertos casos porque no sé, según ellos, con quienes me estoy metiendo. Sé de varios compañeros que han recibido disparos afuera de su casa, daños contra su vehículo, recibido notas y advertencias de abogados de la contraparte”, señaló Sevilla.
Los fiscales coinciden que más allá de seguridad y de un seguro médico, la remuneración que reciben también no es equitativa con su exposición a la violencia.
El portal de transparencia detalla que los fiscales, del titular I al IV devengan entre 33,754.89 y 121,350.88 lempiras mensuales, mientras que fiscales auxiliares ganan entre 24,721.20 y 67,880.17 lempiras. En tanto, fiscales auxiliares de recopilación de análisis reciben entre 13,712.62 y 36,528.20 lempiras.
La mayores partidas van para el fiscal adjunto con 159,999.86 lempiras y el fiscal general con 167,102.77. Los principales rangos en la institución son a quienes frecuentemente les asignan carros blindados, escoltas, gastos de zonaje y otros privilegios.
Actualmente, el Ministerio Público cuenta con 699 fiscales auxiliares, 90 fiscales de recopilación de análisis del crimen, 70 fiscales titular I, 63 fiscales titular II, 26 fiscales titular III, un fiscal general y un fiscal general adjunto.
Peligro
Para el criminalista Gonzalo Sánchez, el trabajo de fiscales “no es fácil porque acusar es peligroso, sobre todo si está de por medio el crimen organizado o estructuras criminales. No me queda la menor duda que detrás del 95% de estas muertes están las estructuras organizadas, pues tienen suficiente dinero, poder y logística, matar un fiscal le es fácil”.
Criminalista
“En Honduras lastimosamente es fácil matar a fiscales por parte del crimen organizado”
Gonzalo Sánchez
El analista reconoció el enorme riesgo que impera en el trabajo de los fiscales en el país.
Julio Velásquez, del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), también se refirió acerca del rol que desempañan los fiscales en Honduras, donde la impunidad es casi una norma. “Ellos hacen que se haga justicia y que a los familiares de las víctimas se les cumpla el derecho de conocer la verdad”, apuntó.
El Conadeh registra en sus archivos que entre 2016 y 2021 atendió 106 casos relacionados a desplazamiento forzado por parte de operadores de justicia.
Relacionador público del Conadeh
“En muchas ocasiones el riesgo incluye a los miembros de su familia. Urge protegerlos”
Julio Velásquez
Comentó que Francisco Morazán y Cortés siguen siendo los departamentos más conflictivos para los operadores de justicia.
La Policía se ha comprometido en reiteradas ocasiones a poner fin a la violencia contra operadores de justicia, sin embargo, la captura de autores intelectuales sigue siendo una eterna deuda y la impunidad por falta de investigación supera el 90%.
Atender la violencia generalizada en el país es una responsabilidad de la población, grupos organizados y cooperantes internacionales, pero sobre todo de quienes están al frente de las instituciones del Estado.
Mientras las autoridades insisten en que investigan los hechos, los móviles y los victimarios, filas de fiscales denuncian ausencia de garantías de seguridad para ejercer su labor.
