Piden ampliar investigación de fondos gestionados por diputados a más instituciones

Tras el escándalo por la desviación de fondos en la Secretaría de Desarrollo (Sedesol), expertos advierten que podrían estar implicadas otras instituciones y exhortan a las autoridades a profundizar las investigaciones.

LA PRENSA Premium analizó los documentos presentados por Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, y constató que entre 2023 y 2024 los diputados gestionaron más de L1,500 millones para obras sociales.

La mayor parte de estos fondos se canalizó a través de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (L947 millones), seguida del Fondo Hondureño de Inversión Social (Fhis) con L363 millones, y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) con L245 millones. Además, se desconoce el destino de L29 millones que no cuentan con reporte.

En los documentos analizados, no había claridad si estaban completos, por lo que este medio solicitó información a Gobernación sobre los fondos gestionados por los parlamentarios, a lo que respondieron que "debe ser requerida directamente al Congreso Nacional de la República por ser la entidad competente para proveerla".

Analistas y expertos consultados coincidieron en que es urgente realizar una investigación exhaustiva en otras instituciones gubernamentales donde se gestionaron fondos, ya que, además de Sedesol, estas entidades canalizaron montos aún mayores.

El analista Graco Pérez afirmó que las demás instituciones por donde se gestionaron fondos por parte de los parlamentarios deben investigarse porque se montó toda una estructura para desviar fondos del Estado, conformando una red entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Pérez señaló que, en el caso de Sedesol, esta dependencia fue creada en la actual administración y, según dijo, todo indica que su propósito era servir como canal para drenar recursos públicos, utilizando —de forma aún más inaceptable— el nombre de la población más necesitada.

Agregó que detrás de estas operaciones podrían estar asesorías internacionales de países cercanos al Gobierno, donde se han implementado esquemas similares. “En el pasado se usaron recursos para ganar votos, pero nunca se había visto algo de esta magnitud”, subrayó.

Asimismo, sostuvo que estas acciones explican por qué el Gobierno no permitió la llegada de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).

“Además de Sedesol, hay varias instituciones cuyos fondos no se usan como deberían. Ahora se entiende por qué nunca quisieron que viniera la CICIH: de estar aquí, ya tendría los nombres y las instituciones involucradas, y no podrían desviar la atención ni justificarse”, expresó.

Por su parte, el analista e historiador Juan Ramón Martínez, calificó de "Estado clientela" al Gobierno del país, al mismo tiempo que manifestó que debe ser investigado. "Todo el gobierno debe investigarse. Su sostenimiento está basado en la entrega de favores, regalos y coimas. Es un abuso y una ofensa a los contribuyentes que los diputados manejen dinero", expresó.

Martínez mencionó que, si no se rectifica tal situación, lo que le espera al país en estos últimos meses de Gobierno será caos e ingobernabilidad.

Asimismo, el abogado e investigador Lester Ramírez advirtió que lo que se está evidenciando es una estructura de cleptocracia, es decir, un esquema de corrupción diseñado de forma premeditada para extraer recursos públicos.

Ramírez señaló que este patrón no se limita a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), sino que podría replicarse en cualquier institución que maneje grandes sumas destinadas a inversión social o pública. “Donde exista un vínculo local o comunitario con grupos vulnerables, hay un alto riesgo de corrupción”, sostuvo.

A criterio del analista, esta estructura opera desde las más altas esferas del partido de gobierno y no solo involucra a actores intermediarios. “Esto tiene una razón de ser pensada en lo mismo que pensaba el Partido Nacional en su momento, controlar el Estado para fines privados”. A su juicio, debería haber una investigación, pero difícilmente se va a producir si no hay un organismo independiente.

Esta no es la primera vez que la Secretaría de Gobernación es señalada. En 2023 desembolsó 6.5 millones de lempiras a la Asociación Ayudando con Amor, los cuales fueron 5 millones para la construcción de un centro comunal y una caja puente en el barrio El Edén, Choluteca, y 1.5 millones para la compra de kits escolares que resultaron sobrevalorados.

De acuerdo con la investigación publicada por El Heraldo, cada uno de los 350 kits escolares costó L4,300 e incluía apenas un par de cuadernos, reglas, colores y lápices, sin siquiera una mochila.

A pesar de esto, la ONG grabó videos mostrando a niños recibiendo la ayuda, los cuales fueron difundidos en marzo de 2024. Hasta la fecha, la organización financiada por Gobernación no ha presentado registros financieros sobre la ejecución de estos proyectos.

En el caso de Sedesol, el Ministerio Público informó que está investigando los posibles actos de corrupción, luego de que saliera un video en el que la diputada Isis Cuéllar admite que parte del dinero había sido desviado hacia "coordinaciones" de su partido, Libertad y Redundancia (Libre).

LA PRENSA Premium constató que en 2023 exdiputado Carlos Zelaya (Libre) fue el congresista que más fondos gestionó (L28.6 millones).

Le siguió Isis Cuellar (Libre), señalada por el escándalo de cheques en Sedesol, con L24.5 millones. También destacan Rafael Sarmiento (Libre), con L23.7 millones; y Linda Donaire (Libre), con L17.1 millones.

Para 2024, Cuéllar fue la que más fondos gestionó sumando L14.2 millones adicionales, para un total de L38 millones en dos años, mientras que Felipe Tomás Ponce Isaula, diputado por Yoro, y Josué Fabricio Carbajal Sandoval, parlamentario por Valle, superaron los L13 millones cada uno en fondos gestionados en 2024.

El acumulado de ambos años coloca a Cuéllar como la diputada con el mayor monto total, alcanzando L38.7 millones, seguida por Grimaldi Josué Paz Sosa y Linda Frances Donaire Portillo, ambos con cifras cercanas a los L30 millones.

En el caso Sedesol, documentos demostraron que el dinero del programa de Administración Solidaria, para respaldar a emprendedores se desvió para políticos y funcionarios, algunos con cargos de dirección y salarios mensuales superiores a los 60 mil lempiras.

Igualmente, no existe registro en la documentación del programa que indique cuál fue el destino del dinero, ni qué tipo de actividad económica se desarrolló tras recibir los recursos y ninguno de los perfiles coincide con el de ciudadanos que enfrentan barreras económicas para emprender.

Se conoció que el ministro José Cardona, dio bonos para repartir L113 millones, que patronatos facilitaron el desvío de fondos y que diputados gestionaron más de L53.5 millones en bonos navideños y de alimentos. Además, se extendieron cheques de L100 mil para casas que nadie construyó en Copán.

Para muchos analistas, el fondo de ayuda social es el mismo Fondo Departamental que se repartía en el Congreso Nacional y fue derogado en 2023.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo y Poder Legislativo ya lo habían trasladado y repartido entre varias secretarías e instituciones del Estado, siempre bajo la intervención de diputados, con fines proselitistas bajo el “compromiso de construir un Estado Socialista y Democrático”.

En 2022, primer año de gobierno de la presidenta Xiomara Castro, en el artículo 292 del Presupuesto General de la República se autorizó una partida de 950 millones de lempiras que se manejaría a través del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Gobernación, Justicia y Descentralización y el Instituto de Crédito Educativo (Educrédito).

Al año siguiente (2023) se agregó el Fondo Social de Desarrollo Eléctrico (Fosode) y la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor). La partida se mantuvo en 2024 y 2025.

Estos recursos, según lo establecido, estarían destinados para el desarrollo de infraestructura menor y obras sociales a petición y en beneficio de las comunidades, patronatos, asociaciones, alcaldías, juntas de agua, cajas rurales, entre otros; así como para el otorgamiento de becas de estudio en todos los niveles educativos.

El jueves, el ministro de Gobernación, Tomás Varquero, se deslindó del manejo de los fondos gestionados por diputados, asegurando que su dependencia no administra recursos financieros ni subvenciones.

“Nosotros no manejamos recursos financieros ni subvenciones, lo que hacemos es operar para que los diputados puedan canalizar esos recursos a Finanzas, luego Finanzas prioriza los pagos si verifica la información y es consistente y está apegada al reglamento”, explicó Varquero.

El funcionario defendió la transparencia de la Secretaría de Gobernación y afirmó que cuentan con informes y cifras que respaldan la legalidad de los procesos desde inicios de 2023. Además, dijo no temer a una eventual investigación.

“No tenemos ningún temor, ahí están nuestras cifras, informes, tenemos la operación desde inicios de 2023 y no había ningún problema con la ejecución de estos recursos. Si quieren abrir una investigación esperamos al Ministerio Público”, manifestó.