Operan con poder en Ilama: MS y Barrio 18 invierten en casas y negocios cerca de El Pozo para lavar y mover droga

Desde hace más de cinco años la población del municipio occidental de Ilama ya no presume la paz y seguridad por lo que destacaba antes de la instalación y funcionamiento en 2016 de la cárcel de El Pozo, una de las prisiones de máxima seguridad que alberga a cabecillas de maras y pandillas, secuestradores, narcotraficantes, violadores y otros procesados por delitos mayores.

Desde un inicio, la medida gubernamental de construirla y que entrara en operaciones fue avalada por algunos sectores y criticada por otros. En su momento, el entonces Gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) y el Poder Judicial coincidieron que los reos peligrosos y con mucho dinero eran la autoridad real en el interior de las cárceles, donde durante mucho tiempo la única ley que imperaba era la de ellos, por lo que era necesario someterlos a un sistema de prisiones rígido.

La Unidad de LA PRENSA Premium se desplazó hasta el departamento para conocer a fondo la actual situación que atraviesan sus habitantes y autoridades locales por la ola de criminalidad que se ha acrecentado en los últimos años.

Investigaciones de la Policía establecen que desde hace unos años se asentaron en la zona de Ilama integrantes de la Pandilla 18 y Mara Salvatrucha para seguir operando a merced de instrucciones recibidas desde la prisión. Para ello se han establecido en puntos montañosos y aledaños a la cárcel, usando a muchos de los jóvenes residentes que no tienen empleo o alto grado de escolaridad, y que son blanco fácil de persuadir, para que les sirvan de “mulas” en el mundo de las drogas.

Ante la falta de ingresos y ausencia de trabajo, estos grupos les están ofreciendo una oportunidad de agenciarse de muchos lempiras a cambio de mover y entregar droga. Las estructuras han extendido sus tentáculos a puntos como Chinda, San Luis, Trinidad y otros lugares del circuito, según conoció LA PRENSA Premium de manos de oficiales y lugareños.

Una de las formas en que jefes y miembros de estos grupos organizados se comunican en la cárcel es a través de las visitas, desde allí dictan órdenes sobre cómo continuar operando afuera. De igual manera se sabe que se han dedicado a adquirir propiedades, viviendas e invertir en otros negocios para cometer lavado de dinero.

Los rastros del movimiento de droga, sea marihuana o cocaína, se dan mayormente en un corredor que parte desde Naco hasta la cabecera de San Bárbara, con penetración en varios de los puntos rurales.

En la zona la población mira y escucha, pero al mismo tiempo es ciega y sorda. Estas estructuras han sembrado terror y amenazan a las familias para que guarden silencio a cambio de mantenerse a salvo, esto dificulta los esfuerzos de los entes de investigación.

Jesús Pineda, vocero regional de la Policía en Santa Bárbara, conversó con LA PRENSA Premium sobre la inseguridad que enfrenta el departamento del occidente del país. “Las personas que seguían las órdenes de cabecillas en el antiguo presidio de San Pedro Sula se vinieron para Santa Bárbara debido al traslado de estos personajes a El Pozo. Estas estructuras criminales también evolucionan y con el pasar del tiempo han venido dinamizando su forma de delinquir”, confió.

El funcionario policial añadió que “este pueblo nunca había conocido de maras y pandillas tan de cerca, ahora se habla de actos de extorsión, secuestros y otras incidencias. Se ha notado la diferencia de paz y armonía que sentía Santa Bárbara, es por ello que como Policía estamos trabajando en nuevas estrategias de seguridad”.

Pineda recordó que “todos en Ilama piden que se quite la cárcel de El Pozo y nos solicitan que como Policía busquemos los medios para hacerlo, pero sabemos que donde lleven la prisión allí se van a asentar estos grupos. Se ha planteado a nivel departamental porque las estadísticas de incidencias se han disparado, pero queda claro que no está en manos de nosotros moverla, esto representa otros niveles de poder”, mencionó.

Ante la enorme cantidad de hechos reportados últimamente se solicitó mayor presencia de agentes, lo que incluye a miembros de la Policía Preventiva para patrullar, Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado, Dirección Policial de Investigaciones y Dirección de Inteligencia Policial. Varios de estos cuerpos de seguridad trabajan en investigación y como encubiertos en puntos donde se ha identificado la venta y distribución de droga a gran escala y donde se dan con frecuencia otros hechos.

Se supo que en todo el departamento de Santa Bárbara hay entre 50 a 60 agentes que operan de manera incógnita y han intervenido sectores específicos. Solo en el municipio de Ilama hay entre 20 a 25 funcionarios policiales vigilando minuciosamente el perímetro.

Lelys Paz, sociólogo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), enfatiza que el haber instalado la cárcel en la zona acarreó consecuencias a nivel de seguridad. “Sabemos cómo trabaja el hormigueo de estas estructuras y tarde o temprano sabíamos que iban a irradiar sectores tan tranquilos como los de Santa Bárbara, donde sí había hechos violentos, pero eran esporádicos, y ahora han aumentado por el ramal de estos grupos organizados”.

El analista advirtió que es cuestión de tiempo para que los grandes negocios como centros comerciales y empresas de transporte de la zona sufran la extorsión.

“Antes era una delicia ir a vivir al campo, pero todo se ha vuelto una carga de incertidumbre por la circulación de estas estructuras. Por otro lado, Muchos de los jóvenes que no quieren trabajar en la zona o no hallan empleo miran como escenario facilísimo incorporarse a las maras y pandillas, pero deben saber algo muy importante...las salidas allí solo son dos: la cárcel o el cementerio”, agregó.

Para Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (Codeh), El Pozo no incide como se piensa en la seguridad pública de Ilama y municipios cercanos, pues sostiene que “la prisión sí cumple con todos los estándares internacionales, lo que sucede es que quienes han fallado han sido las personas a cargo. Sabemos que para la población ha sido una sorpresa el cómo se alteró el orden de las cosas, pero se vinieron a dar cuenta muy tarde”.

Maldonado sugirió a la municipalidad y vecinos, en aras de alcanzar una armonía social, tener un mayor control de quienes gestionan compra-venta de terrenos y viviendas.

Remarcó además que la cárcel no está en el casco urbano de la zona, sino más bien en la parte rural, por lo que aduce no repercute en la seguridad de los vecinos. Una de las mayores preocupaciones entre los residentes es particularmente cuando se generan amotinamientos en el penal, muchos de estos con saldo de heridos y muertos.

Datos oficiales dan cuenta de 65 homicidios suscitados, un herido con arma de fuego y cinco con arma blanca en los municipios de Ilama, que es donde se sitúa la cárcel, y en Chinda, que está a pocos kilómetros. Estas cifras son desde el año 2014 hasta los primeros seis meses de 2022. En el caso de Ilama, en 2013 apenas registró dos homicidios y cero incidencia delictiva, pero en 2021 esta cifra cerró en ocho muertes violentas y cinco lesionados por arma de fuego.

Las autoridades policiales también se refieren a un sinnúmero de capturas por diversos delitos donde se han visto involucrados mareros y pandilleros, entre ellos asesinato, secuestro, extorsión, asaltos y más. Aunque pareciera una estadística insignificante en comparación a los resultados contabilizados en grandes ciudades como San Pedro Sula y Tegucigalpa, para líderes comunitarios y el resto de la población son números inusuales debido a que históricamente en estos pueblos ha imperado la tranquilidad y seguridad, así como suele suceder en otros departamentos del interior del país.