La 18 y MS controlan en la Rivera Hernández hasta fiestas y velorios
Evitan rutas directas y toman desvíos largos; comercio en puntos de la pandilla 18 está casi "muerto". Apenas se disponen de 80 policías y tres patrullas para proteger a 200,000 habitantes
- Actualizado: 23 de abril de 2026 a las 23:00 /
En San Pedro Sula, dentro de sus sectores más conflictivos e inseguros, las fronteras no aparecen en los mapas oficiales, pero están grabadas en la geografía urbana y en la memoria de sus habitantes. No tienen rótulos ni letreros que adviertan “hasta aquí se puede llegar” ni hay señalización visible que marque el límite.
La Unidad de Investigación de LA PRENSA Premium se desplazó hasta la Rivera Hernández, históricamente uno de los sectores con mayores índices de inseguridad y considerado uno de los más extensos y complejos de la ciudad.
Durante recorridos en sus colonias y barrios, el equipo conversó con habitantes, líderes comunitarios y fuentes locales que, bajo condición de anonimato, describieron la realidad cotidiana que se vive entre divisiones, control territorial y reglas de las estructuras criminales.
Los testimonios coinciden en un punto: la vida en el sector no se rige únicamente por las leyes del Estado, sino por dinámicas paralelas que determinan horarios, movilidad, comercio, educación y hasta la forma de vestir. Este reportaje recoge esas voces y retrata un territorio donde la normalidad, el miedo y la adaptación constante se juntan.
La Mara Salvatrucha, principalmente, y la pandilla 18, aunque esta última en menor medida, terminaron por absorber a las otras bandas que hasta hace unos dos años operaban en el circuito, entre estas "Los Bordeños", "Los Tercereños", "Los Vatos Locos" y "Los Olanchanos", de las cuales sus miembros murieron, terminaron presos, huyeron o se unieron a ambas organizaciones. Hoy el control es más binario, o se vive bajo un mando o bajo el otro.
Además de la Rivera Hernández, específicamente en el sector Los Cármenes, y al sur de la ciudad, en Chamelecón, la división territorial entre la Mara Salvatrucha y la Pandilla 18 no solo reconfiguró el mapa criminal de la ciudad, sino que transformó la vida cotidiana desde inicios de la década del 2000.
Con el paso de los años, esa fragmentación se ha profundizado; hoy, ambos grupos no comparten espacios ni toleran incursiones en territorios rivales, las líneas de separación existen y cualquier intento de “invasión” desencadena violencia inmediata. Lo que comenzó como una disputa por control territorial terminó por redefinir colonias y barrios enteros, condicionando la movilidad, el comercio y las relaciones sociales de miles de habitantes.
Separados
Desde la entrada a la Rivera Hernández, el sector comienza a dividirse en algo que no figura en ningún plano oficial, a lo largo de la calle principal y en distintos puntos de la zona se contabilizaban hasta hace poco al menos 12 fronteras internas.
No hay rótulos que indicaran dónde terminaban o empezaban, solo quienes nacieron y crecieron allí conocían esos límites con precisión. Se trata de divisiones aprendidas por experiencia, por advertencias susurradas o por tragedias que afectaron el territorio. Para alguien de afuera podían parecer simples calles, pero para los habitantes eran líneas que definían hasta dónde se podía llegar y cuándo era momento de regresar.
Hoy, la dinámica de la zona muestra cambios, de las múltiples divisiones internas que existían años atrás, ahora se identifica con mayor claridad una gran frontera que separa los dominios de la Mara Salvatrucha y la Pandilla 18.
El principal punto de quiebre se ubica al final de la calle principal, con la colonia Cerrito Lindo como epicentro de esa línea divisoria; allí, el territorio cambia de manos y también cambian las reglas. La movilidad, las visitas y hasta la rutina diaria quedan sujetas a quién ejerce el control en cada lado de la frontera.
Hace unos días, una mujer de aproximadamente 70 años caminaba en un barrio de la Rivera Hernández que no era el suyo, los pandilleros del lugar sabían que no pertenecía a ese territorio y la comenzaron a seguir, pero algunos de los más “respetados” intercedieron para que no le hicieran daño, algo que no siempre ocurre así.
En lo más profundo de la Rivera Hernández, sobre todo donde opera el Barrio 18, la movilidad está estrictamente condicionada, existen rutas internas de transporte que conducen directamente al centro de San Pedro Sula y atraviesan los barrios y colonias, pero no todos los pasajeros pueden utilizarlas, incluso si la parada se encuentra a dos calles de su casa.
En lugar de eso deben caminar hasta ocho calles adicionales para tomar otra unidad que circule exclusivamente dentro de su sector. Debido a que hay calles vetadas, barrios y colonias que son literalmente pequeñas islas, subirse al bus equivocado puede interpretarse como una incursión en territorio contrario.
Los taxis que operan exclusivamente dentro de la Rivera Hernández son unidades conocidas por los vecinos, pero incluso estos conductores evitan ingresar a puntos considerados focos de alta violencia en territorios controlados por la 18. La percepción entre habitantes es que, en esos sectores, el control es más impredecible, menos centralizado y, por tanto, más riesgoso.
El control territorial también estructura la economía cotidiana. Los repartidores que abastecen minimercaditos y pulperías no ingresan bajo las mismas condiciones en todos los barrios y colonias.
En zonas dominadas por el Barrio 18, el acceso está limitado al pago de cuotas, las tarifas varían según el tipo de negocio y la empresa distribuidora. Por ejemplo, establecimientos ubicados en las orillas del pavimento o entrada pagan alrededor de 500 lempiras semanales, en otros casos, el cobro asciende a 1,000 lempiras por vehículo de comercio que entra, el monto no es negociable, es el costo de operar.
En cambio, en áreas bajo influencia de la Mara Salvatrucha, los repartidores suelen ingresar sin un pago fijo visible, pero eso no implica libertad absoluta. Cada conductor es observado, identificado y verificado, se aseguran de que no provenga de territorio rival, el ingreso está sujeto a un monitoreo constante y discreto.
Las empresas de golosinas, refrescos y de productos de la canasta básica, conscientes del riesgo, han ajustado sus protocolos internos y evitan enviar a personal joven o inexperto a estos barrios y colonias.
Un ejemplo de esto es cuando, en noviembre del año pasado, según relató a LA PRENSA Premium uno de los vecinos que vive cerca del parque central de la Rivera Hernández, dos trabajadores de una compañía de cable ingresaron a la colonia Kitur para realizar una instalación técnica, uno logró escapar, el otro fue raptado y nunca apareció.
Cuando el riesgo es mayor y los vehículos no pueden entrar, la cadena de abastecimiento se fracciona. Los comerciantes deben trasladar productos a pie o, en otros casos, los propios vecinos salen de la comunidad para comprar en mercados y supermercados ubicados fuera del perímetro controlado.
En colonias como la Cerrito Lindo o Kitur, los servicios públicos también operan bajo restricciones no oficiales. El personal de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) y de agua ingresan con precaución a estos sectores.
En varios barrios y colonias, los vecinos suelen pagar sus recibos mediante código o en puntos externos, el cobro presencial prácticamente no existe. Paradójicamente, cuando se trata de cortar el suministro por mora, las cuadrillas sí entran, pero escoltadas por contingentes militares.
Para facturar o gestionar cobros ordinarios no cuentan con seguridad, y ante el riesgo, muchas veces prefieren no entrar, o en otros casos, las companías han optado por contratar a personal que vive en estas mismas zonas para facilitar los procesos.
La educación tampoco se escapa del control territorial, las familias procuran matricular a sus hijos en centros educativos ubicados dentro del mismo sector, hasta donde alcanza la línea que consideran “segura”.
Durante el año pasado, un adolescente que asistía a un colegio cercano a la Felipe Zelaya fue interrogado sobre su procedencia. Provenía de una zona limítrofe, del mismo lado territorial, pero la sospecha fue suficiente, sintió el peligro, no regresó a clases y su madre decidió no exponerlo más, el miedo fue más fuerte que el derecho a la educación.
Ante ese escenario, muchas familias procuran inscribir a los hijos en centros educativos dentro del perímetro controlado por la estructura dominante o enviarlos al centro de la ciudad, considerado un espacio relativamente neutral.
Las iglesias tampoco están completamente al margen. Aunque en muchos casos las estructuras criminales mantienen un grado de respeto hacia las actividades religiosas, las restricciones existen y el temor persiste.
Los pobladores prefieren congregarse en templos grandes y concurridos como Ebenezer y La Cosecha, donde el flujo constante de personas ofrece cierta sensación de neutralidad y seguridad, en parte, porque cuentan con rutas de transporte directas y masivas que reducen la exposición en calles controladas.
Sin embargo, quienes asisten a iglesias pequeñas ubicadas dentro de territorios dominados por una estructura específica enfrentan dificultades. Cruzar la frontera en horas de la noche para asistir a un culto puede convertirse en una situación de alto riesgo.
El ingreso de misioneros, sacerdotes y pastores a los barrios y colonias está condicionado por la confianza y el historial de cada visitante. Pueden entrar libremente solo si no tienen antecedentes negativos. Muchos líderes evangélicos, incluso aquellos que durante el pasado estuvieron ligados a estructuras criminales y ahora sirven como pastores, no tienen acceso permitido.
“Ellos no entran aquí aunque vengan con Biblia en mano, y si Dios no los guarda, tienen prohibido entrar", comentó un vecino que permanecía cerca de un gimnasio.
Normalmente solo se permite el ingreso si van como invitados por un pastor del sector y su visita ya ha sido anunciada. Esta restricción se aplica sobre todo en las colonias y barrios controlados por la pandilla 18.
Amenazados
Después de las 8:00 pm, la movilidad se reduce drásticamente, las personas se dirigen directamente del trabajo a sus casas, y si un servicio religioso termina alrededor de las 9:00 pm, como se da en la mayoría, el regreso debe ser inmediato y, preferiblemente, dentro del mismo sector. Trasladarse a pie entre barrios y colonias controladas por diferentes estructuras a altas horas de la noche no es una opción viable debido al riesgo que representa cruzar la frontera vigilada por las pandillas.
Algunos asistentes de iglesias logran transitar cuando el traslado se realiza en “rapiditos” identificados con el nombre de la iglesia. Un vehículo civil, plenamente reconocido en el sector, funciona como salvoconducto informal, su circulación está previamente tolerada y eso reduce el riesgo.
La movilidad no es igual en todos los puntos. Según relataron pobladores de la Rivera Hernández, quienes viven en zonas bajo influencia de la Mara Salvatrucha pueden desplazarse con relativa mayor flexibilidad dentro de su perímetro, per aún así el control existe.
En las áreas controladas por la Pandilla 18, la dinámica es distinta. Si alguien va a llegar tarde durante la noche, lo recomendable es avisar con anticipación o asegurarse de que el vehículo sea plenamente reconocido dentro del sector, porque cualquier carro “desconocido” despierta sospechas inmediatas y puede generar riesgos para quien transita.
"Son muy violentos y desorganizados, los barrios y colonias más peligrosos son los de la 18, ellos no tienen restricciones ni líderes que les diga que no maten personas. Para ellos, un muerto más es un muerto menos, tienen ´calentadas´ las zonas", comentó uno de los pastores que predica el evangelio en la Rivera Hernández.
En términos de obstáculo para el comercio, Chamelecón, que es otro de los sectores más peligrosos en el sur, presenta un contraste evidente entre territorios. Del lado controlado por la Pandilla 18, la ausencia de vigilancia estatal se traduce en calles desiertas, negocios cerrados y mínima circulación de personas.
En cambio, en los sectores con manejo de la Mara Salvatrucha, la actividad comercial es más visible, con despensas abiertas, puestos de comida nocturna, barberías y otros negocios que mantienen cierta normalidad.
En la Rivera Hernández el patrón es similar, los negocios ubicados en las profundidades de los territorios de la 18 cierran temprano, generalmente a las 8:00 pm, pero en las calles principales, algunas pulperías logran operar hasta altas horas de la madrugada con condiciones como horarios de cierre, pagos de cuotas y la obligación de no provocar conflictos.
En cuanto a la inversión y la economía local, la actividad se desarrolla dentro de límites rígidamente internos, los vecinos compran y venden generalmente a otros cercanos, nadie de fuera se aventura a adquirir bienes. Los precios se ajustan al contexto, se pagan lo que muchos describen como “de gallo muerto”, desde 100,000 lempiras por una casa.
Durante el recorrido en el sector, en las orillas y pasajes se observaron casas amplias y antiguos complejos de apartamentos que hoy lucen deteriorados y vacíos. Algunos conservan rótulos improvisados con números y letras que anuncian que están en venta, aunque pocos se atreven a comprar.
En uno de los puntos donde antes operaban “Los Tercereños”, una estructura que fue desplazada por la MS, hay una edificación a punto de colapsar sobre un solar baldío. Hace más de 10 años allí funcionaba el lubricentro Wenses, y según relató uno de los vecinos que tiene más de 30 años de vivir en la Rivera, el negocio comenzó a ser extorsionado, las exigencias económicas se volvieron insostenibles y el propietario decidió abandonar el lugar.
"Prácticamente ´Los Tercereños´ lo corrieron", dijo el testigo. Tras su salida, hombres armados ingresaron al inmueble y desmantelaron todo, se llevaron el equipo, las ventanas, los balcones y cualquier material reutilizable, la estructura quedó como un cascarón vacío.
El terreno tiene dueño, es un residente del sector que en su momento otorgó el derecho para que allí se construyera y operara el negocio.
En las zonas controladas por la Pandilla 18 abundan casas y edificios abandonados. Muchos fueron dejados por personas que huyeron ante la inseguridad, otros fueron despojados de sus propiedades o nunca lograron venderlas. Estos espacios también son utilizados por las pandillas para ejecutar asesinatos, torturas o reuniones semanales.
Quienes tienen facilidades económicas y no tienen antecedentes de conflictos, realizan mejoras en sus viviendas. Aún así, la mayoría sueña con salir, si se presenta la oportunidad de comprar en un lugar más céntrico o seguro, lo hace sin dudarlo.
La movilidad económica y geográfica se ve limitada por la inseguridad, y la búsqueda de una vida mejor se convierte en un motor que empuja a muchos a dejar atrás sus barrios y colonias de origen sin pensarlo dos veces.
El sistema financiero formal prácticamente no funciona allí, los bancos no otorgan préstamos, considerados inviables ante los niveles de inseguridad y la imposibilidad de garantizar activos o cobros. La economía, por tanto, opera en un circuito cerrado, donde la confianza se reduce a los vecinos.
La vida de los niños y adolescentes está impactada por la privación de libertades básicas, no pueden vestirse ni peinarse como desearían, no pueden usar siquiera ciertos tenis como el Nike Cortez, que asocian a estructuras criminales, ni gorras de equipos vinculados simbólicamente a un bando contrario, también evitan mostrar tatuajes, aunque sean artísticos.
71
sectores
del Valle de Sula están bajo dominio de las maras y pandillas, según la Policía Nacional
Vivir en una zona controlada por la pandilla 18 implica adaptarse a un código de vestimenta impuesto, no se permite usar gorras de Chicago Boys, ya que ese símbolo lo han vinculado a la Mara Salvatrucha. Tampoco es recomendable usar pantalones flojos y “cholos” ni cortes de cabello estrambóticos, la apariencia personal debe pasar desapercibida para evitar ser identificado como miembro de otro grupo.
La dificultad no termina en la apariencia, muchos jóvenes y adultos cargan con un estigma que les cierra puertas antes de siquiera presentarse a una entrevista. Conseguir empleo se vuelve cuesta arriba por el simple hecho de vivir en sectores marcados por el control territorial.
Frecuentemente optan por omitir o modificar el nombre de su residencia en la hoja de vida, intentando evitar el prejuicio automático que despierta una dirección asociada a pandillas. Otros encuentran como única alternativa laboral las maquilas instaladas desde hace décadas en la zona, que se han convertido en una de las principales fuentes de empleo para los habitantes.
Incluso los eventos más cotidianos, como cumpleaños o bodas, están condicionados por las reglas de las pandillas. Invitar a personas que vivan más allá de la línea que delimita cada barrio o colonia no solo es mal visto, sino que es un riesgo real para la seguridad personal.
Los vecinos aprendieron rápido a adaptarse y las celebraciones se limitan al círculo cercano, evitando que familiares o amistades crucen la frontera y se expongan. “Una señora vivió un tiempo golpeada por esta situación, su esposo vendía droga y estaba identificada por la MS, un día asistió a una boda en un sector controlado por la Pandilla 18 y desapareció”, relató una fuente.
Los residentes de la Rivera Hernández saben exactamente dónde terminan sus territorios y dónde comienza el riesgo. Por ejemplo, quien sale sobre la calle del peaje podría cruzar “directo” hacia otra zona a través de La Planeta, pero la mayoría evita esa ruta, en lugar de eso prefieren tomar el desvío de Rivera Hernández, un recorrido más largo, pero considerado seguro para llegar al bulevar del este.
La recreación también está limitada. Los pobladores pueden acudir a los campos de fútbol de su barrio o colinia, pero moverse de uno a otro, incluso dentro de la misma ciudad, es complejo.
Incluso conducir se convierte en un acto de riesgo para los visitantes, en algunos sectores, circular con los vidrios del vehículo cerrados solo está permitido si el automóvil es conocido por quienes controlan la zona, de lo contrario se recomienda llevarlos abiertos.
En cada familia, se estima, puede haber entre cuatro y seis miembros vinculados o simpatizantes a maras, y quien no está dentro "coquetea" con la estructura para sobrevivir.
No hay límite
La frontera no termina en la vida, también alcanza la muerte. Los cementerios están territorializados, no se puede enterrar a alguien en el camposanto del bando contrario; es decir, si un difunto pertenece a zona MS no puede ser llevado a un cementerio controlado por la 18.
En La Lima, municipio vecino de Rivera Hernández, la pandilla 18 mantiene el control de un cementerio que sirve a su territorio, sin importar si el fallecido fue miembro de la estructura criminal o no. En el cementerio Los Laureles, en cambio, operan tanto la Pandilla 18 como la Mara Salvatrucha. En el camposanto de Arenales, ubicado en la colonia Calpules, el dominio es de la 18, mientras que en Ticamaya existe otro cementerio bajo una vigilancia similar, pero controlado por la MS para la población de su zona.
Los miembros de las pandillas patrullan con conocimiento preciso de cada fallecimiento, saben con anticipación quién ha muerto y cuándo se realizará el entierro.
No permiten que personas de otros sectores ingresen, cualquier desconocido que intente asistir a un funeral fuera de su territorio corre un riesgo inmediato. Incluso durante los entierros, la asistencia es cuidadosamente observada, cada rostro es evaluado, cada visitante registrado y la presencia indebida no pasa desapercibida.
La mayoría de los vecinos prefiere evitar los velorios y entierros fuera de su zona. Si el acto se realiza dentro de su barrio o colonia acotumbran a permanecer hasta el amanecer sin mayores riesgos, pero cuando el funeral ocurre en una zona fronteriza, el tiempo de permanencia se reduce drásticamente, asisten solo un momento, luego se retiran o se “encierran” junto al fallecido en la casa, limitando su exposición antes de que se realice el entierro.
El acceso a la atención médica también está condicionado de cierto modo. En los sectores controlados por la 18, cuando alguien necesita asistencia, la ambulancia solo suele llegar hasta la posta policial, desde allí los pacientes deben ser trasladados por medios propios.
En cambio, en los territorios dominados por la MS, la presencia de la ambulancia puede extenderse hasta la vivienda o la posta policial, pero aún así muchas veces es necesario que un vehículo particular acerque al paciente al vehículo de emergencia para poder movilizarlo de manera segura.
La atención médica, un derecho básico, queda entonces supeditada a la geografía del control criminal, la urgencia no siempre basta, primero se negocia el acceso con el territorio.
La Policía asegura que puede ingresar a cualquier lugar, pero la realidad es distinta. Un líder comunitario relató a este medio que, hace unos meses, acudió a la posta policial en Lomas del Carmen para recoger a un joven, y los agentes admitieron que ni ellos patrullan ciertos puntos del sector después de las 11:00 pm, reconociendo su valor, la peligrosidad y el riesgo que implican esas zonas durante la noche.
En zonas bajo el dominio de la pandilla 18 es común observar hombres armados con fusiles R-15, sus preferidos, en cambio, en sectores de la MS, rara vez se ven armas exhibidas en plena calle.
Los tiroteos son frecuentes, no son casuales, especialmente en la línea divisoria. Durante fechas simbólicas como el 18 o el 13, los disparos suelen interpretarse como celebraciones sangrientas, ellos prefieren y quisieran cada vez haber matado un contrario para celebrar esa fecha, la meta que se ponen es hacer algo y que traiga alegría a la estructura.
En los sectores de la 18, la violencia se ejerce con absoluta libertad, ellos hacen y deshacen, y la población guarda silencio por miedo. Por su parte, la MS mantiene respeto relativo por la propiedad privada y la privacidad de los habitantes, actuando solo con permiso o dentro de sus normas internas, aunque el peligro es constante.
La gente se protege cumpliendo las reglas impuestas, se adapta y sobrevive, pero el costo es alto, estrés crónico, ansiedad, afectaciones a la salud mental y física. La tensión constante deriva en enfermedades como diabetes, colesterol elevado y problemas cardiovasculares.
Las autoridades policiales mostraron a LA PRENSA Premium cómo tienen geolocalizados los punto controlados por una mara y otra, y evidentemente la MS tiene acaparado el control de casi todo. Cerrito Lindo, La Central, El Tornconal, Reparto Los Ángeles, Sinaí y 6 de Mayo, son de las más fuerte a nivel de operatividad. Allí determinan por dónde caminar, qué bus tomar, a qué iglesia asistir, dónde estudiar y dónde enterrar a un ser querido. Allí se regulan precios, definen rutas comerciales y deciden quién puede trabajar y bajo qué condiciones.
La presencia policial es mínima en la Rivera Hernández, muchos agentes se retiran desde el viernes y no regresan hasta el martes. Esto deja a las colonias y barrios prácticamente desprotegidos, donde la movilidad y la seguridad dependen enteramente del control de las pandillas.
Según el comisario Selvin Josué Sorto, jefe policial de la Umep-8, con cobertura en Rivera Hernández, La Planeta y Los Cármenes, la situación es compleja y requiere un enfoque especializado.
“La incidencia común prácticamente no existe, pero las maras sí generan problema, hay una rivalidad territorial entre la MS y la 18, entre ellos se están matando. Nuestro trabajo es tratar de capturar y evitar que se maten, pero es difícil, capturamos a uno, lo llevamos a la cárcel y luego sale otro, o incluso el mismo regresa al mes”, explicó Osorto.
El comisario reconoció que estos sectores requieren un tratamiento distinto. Actualmente, su unidad cuenta con más de 80 policías y tres patrullas asignadas donde se cubren más de múltiples colonias y barrios, con una población que supera los 200,000 habitantes. “La gente que vive aquí está adaptada y nosotros tenemos controlada la frontera, contamos con un reten fijo que impide que los ´muchachos´ (pandilleros) crucen de un sector a otros”, afirmó.
La geolocalización policial abarca, además, puntos como Jerusalén, San Cristóbal, Guymura, Cerrito Lindo, Céleo González, Puerto Escondido, Villas Kitur, Buenos Aires, Independencia, Palmeras y San Francisco, todos bajo influencia de la Pandilla 18. La posta policial en la Rivera Hernández se encuentra a apenas dos kilómetros de la frontera entre ambas estructuras, una distancia equivalente a 16 cuadras.