Fideicomiso que financiará a FFAA fracasó en reducir la pobreza

San Pedro Sula, Honduras

El Fideicomiso del Fondo de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza Extrema, de donde saldrá una parte de los L3,909 millones recién asignados por el Ejecutivo a las Fuerzas Armadas para financiar un plan agrícola, no logró en los últimos cinco años mermar la cantidad de hondureños que viven en la miseria a pesar de haber erogado en este período más de L12 mil millones.

En 2013, al aprobar la Ley de ordenamiento de las finanzas públicas, control de exoneraciones y medidas antievasión, el Gobierno creó ese fideicomiso en el Banco Central de Honduras (BCH) con dinero captado a través de las medidas tributarias drásticas que provocaron malestar en la sociedad, principalmente en el gremio empresarial.

Tarde. Tardará demasiado en reducir la extrema pobreza.La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) proyecta que Honduras, con el ritmo que hasta ahora ha mantenido, podría reducir la pobreza extrema al 3% hasta después de 2035.

Con la Ley de ordenamiento de las finanzas, el Congreso Nacional reformó el artículo 6 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas (decreto número 24 del 20 de diciembre de 1963) con el objetivo de elevar la tasa de 12% a 15% y gravar con 18% las bebidas alcohólicas, cervezas y cigarrillos y también los boletos aéreos de clase ejecutiva.

Los hondureños, al pagar ese 3% adicional de ISV, han estado alimentado el Fideicomiso del Fondo de Solidaridad con el cual el Gobierno ha financiado los programas Vida Mejor, Guías de Familia, Bolsa Solidaria, Generación de Oportunidades, Proyectos Especiales, Mejores Familias, Bono Urbano, Bono Rural, Merienda Escolar y Uniformes.

16,500 Más en los bordos.Unas 3,500 familias vivían en 2009 en los bordos de San Pedro Sula. Diez años después, hay 20,000, es decir, 16,500 familias más (unas 82 mil personas) cayeron en la miseria en este período, de acuerdo con estadísticas de la Comisión de Acción Social Menonita (CASM).

Además de capitalizar el fideicomiso con esa fracción del ISV, obtiene recursos de otros tributos, entre ellos, el Impuesto Sobre el Incremento de Valor de Propiedades Inmuebles o Plusvalía, establecido en el artículo 11 del capítulo Contribución especial para el fortalecimiento de la inclusión social de la Ley de ordenamiento de las finanzas.

El Gobierno estipuló en esa ley una tasa del 10% sobre el incremento del valor, ubicación o plusvalía de los bienes inmuebles, aplicable cada vez que una persona realice “operaciones registrales en el Instituto de la Propiedad (IP) sobre el inmueble sujeto a este impuesto”

Gasto y pobreza

Entre julio de 2015 y agosto de 2019, con dinero del fideicomiso, la Administración Central (AC) gastó L12,800 millones ($545 millones, calculado en el cambio de cada año) en los programas promovidos por la Casa Presidencial.

En los primeros 8 meses de 2019 erogó alrededor de L1,900 millones, de acuerdo con cifras de reportes de la Unidad Administradora de Proyectos y Programas de la Secretaría de Desarrollo Económico e Inclusión Social (Sedis).

El gasto de este año ha sido absorbido principalmente por el programa Guías de Familia (33%), Vida Mejor (19%), Merienda Escolar (12%), Bono Rural (10%) y Mejores Familias (10%).

Pese a que el Gobierno ha destinado del fideicomiso el equivalente a más de $545 millones (julio de 2015 a agosto de 2019) para combatir la extrema pobreza, en Honduras viven 1.5 millones de personas en la miseria.

Arturo Alvarado, quien desempeñó el cargo de secretario de Finanzas durante el gobierno nacionalista de Ricardo Maduro (2002-2006), advierte que el Gobierno desarrolla una estrategia inapropiada para reducir la pobreza y muestra una distorsión en la política presupuestaria.

“Nuestro país consensuó con la comunidad internacional la Estrategia para la Reducción de la Pobreza y logró la condonación parcial de la deuda externa, sin embargo, la Estrategia la hicieron a un lado. Después crearon el fideicomiso, pero no hay mucha información sobre si esos programas están llegando a la gente que más necesita o si también están sesgados desde el punto de vista político”, dice.

Alvarado explica que “hay muchos programas que han implementado por sugerencias de los organismos internacionales que, en teoría, tienen como objetivo reducir la pobreza, sin embargo, la pobreza no se puede reducir si no cambiamos el entorno”.

El Gobierno —sugiere— debe “generar oportunidades de empleo para que la persona gane un salario digno y pueda mejorar las condiciones de vida” puesto que “se ha comprobado que el crecimiento económico per se no es lo que se debe buscar, se debe buscar un crecimiento económico equitativo”.

“El mejor ejemplo es el caso de Chile. Tiene un ingreso per cápita de $25 mil al año, ha reducido la pobreza, pero la desigualdad se ha acrecentado. En Chile, según la Cepal, el 10% más rico concentra el 66.5% de la riqueza”, ejemplifica.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Honduras y Bolivia son los únicos países en la región que tienen un porcentaje mayor de personas hundidas en la pobreza extrema, por arriba del 15% (sin incluir a Haití), pero el Banco Mundial (BM) estima que el 17.2% de los 9,212,210 habitantes se encuentran en esa condición. De continuar bajo estas circunstancias y con las mismas políticas, Honduras no cumplirá en 2030 el número 1 (Poner fin a la pobreza en todas sus formas) de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos como meta por la ONU.

Los bordos de San Pedro Sula demuestran cómo la miseria creció brutalmente en los últimos años.

Desvío

Aunque no lo constituyeron con ese propósito, del Fideicomiso del Fondo de Solidaridad saldrá, por decreto, una parte del dinero que las Fuerzas Armadas utilizará para financiar el Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras (PDAH).

Recientemente el Gobierno, por medio del decreto ejecutivo PCM-052-2019, autorizó a la Secretaría de Finanzas, al Fideicomiso del Fondo de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza Extrema y Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (Fina) “a realizar asignación de recursos a la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional (Sedena) para la ejecución del (...) PDAH”.

Desde el punto de vista del exministro Alvarado, transferir fondos del Fideicomiso del Fondo de Solidaridad a las Fuerzas Armadas para que desarrolle programas que son responsabilidad de la Secretaría de Agricultura, “es una distorsión total”.

“Desviar L4,000 millones para que las Fuerzas Armadas los administre es una distorsión enorme de la política presupuestaria y de la responsabilidad del Gobierno. El Gobierno tiene una estructura, como la SAG, precisamente para atacar los problemas en el agro y mejorar las condiciones de vida de las personas. Desviar esos recursos a las Fuerzas Armadas es como si uno estuviera reconociendo que el Gobierno es incapaz per se, con su estructura, de lograr los objetivos”, dice.

La Secretaría de Defensa recibirá 3,909 millones de lempiras (entre 2019 y 2023) para desarrollar actividades agrícolas. Con esta nueva asignación se consolida en una entidad privilegiada dentro de la estructura gubernamental.

En los últimos seis años (entre 2014 y 2019), Defensa consumió un presupuesto de L40 mil millones contra L9.2 millones de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), un ministerio socavado por la corrupción.

Entre 2011 y 2013, el ministro Jacobo Regalado firmó convenios fraudulentos con las fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras para desviar L282 millones de la SAG que utilizaron para financiar campañas políticas, alquilar aviones y pagar tarjetas de crédito, según las investigaciones de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic).

Para el economista Rafael Delgado, quien es catedrático universitario, los movimientos presupuestarios realizados por el Gobierno son “consecuencia de la falta de planificación”.

“No veo un programa de política económica coherente y a largo plazo. Todo lo que hace el Gobierno es reaccionar a los eventos”, critica.

Delgado observa que “el Gobierno no tiene un análisis profundo y una voluntad férrea para combatir la problemática”.

La administración del país —dice— “acomoda todo a la coyuntura, a la problemática del momento” y cree que “la burocracia de la Secretaría de Agricultura y Ganadería no ha podido avanzar en los programas y ahora da la coincidencia que requiere a alguien que implemente eso y el apoyo de una institución clave como las Fuerzas Armadas. En la lógica de ellos, además de implementar el programa, va a estar apoyándolos en todas sus aventuras políticas”.