¿Qué cargos puede elegir una alianza entre Partido Nacional y Liberal en el Congreso?

El tablero político hondureño volvió a reordenarse tras las recientes elecciones generales. Con la declaratoria oficial de resultados, el país ya conoce cómo quedará conformado el Congreso Nacional para el período 2026–2030, un órgano clave que no solo legisla, sino que define el rumbo institucional del Estado.

Lo que se juega en este nuevo hemiciclo va más allá de curules y partidos, está en disputa el control de la agenda nacional, la gobernabilidad y la elección de autoridades estratégicas durante los próximos años.

El nuevo Congreso Nacional estará integrado, como lo establece la Constitución, por 128 diputados propietarios, electos por representación proporcional en los 18 departamentos del país, pero ningún partido logra alcanzar por sí solo la mayoría simple de 65 votos, lo que anticipa un escenario de negociaciones permanentes.

De acuerdo con la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE), el Congreso quedó conformado por 49 diputados del Partido Nacional, 41 del Partido Liberal, 35 del partido Libertad y Refundación, dos del Pinu y uno de la Democracia Cristiana.

Esta correlación de fuerzas convierte al Congreso en un espacio donde los acuerdos serán inevitables y donde cada voto contará para definir decisiones clave.

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El primer gran pulso político se librará el 21 de enero de 2026, con una sesión preparatoria para el nuevo ciclo legislativo. Ese día, los diputados deberán elegir la Junta Directiva Provisional del Congreso Nacional, mientras que dos días después, el 23 de enero, se vota la Junta Directiva en propiedad, incluyendo el presidente de ese poder del Estado.

Este órgano interno no es una figura decorativa: controla la agenda legislativa, define qué proyectos se discuten, administra el presupuesto del Congreso y representa institucionalmente al Poder Legislativo.

Para elegirla se requieren 65 votos, una cifra que ningún partido alcanza por sí solo; en consecuencia, las alianzas entre bancadas serán determinantes. Nacionalistas y liberales, como las dos fuerzas con mayor número de diputados, emergen como actores clave, aunque Libre también conserva la capacidad de inclinar la balanza en determinadas combinaciones.

Durante el período 2026–2030, el Congreso no solo discutirá proyectos de ley, también tendrá en sus manos decisiones de alto impacto institucional, entre las atribuciones que se activan en este ciclo legislativo resaltan la elección o ratificación de autoridades de entes autónomos, según los plazos legales; control político y fiscalización del Poder Ejecutivo, aprobación del Presupuesto General de la República año con año, reformas legales y eventuales reformas constitucionales (que requieren mayorías calificadas, 86 votos), lo que obligará a acuerdos amplios entre varias bancadas.

En un Congreso fragmentado, alcanzar esas mayorías calificadas será uno de los mayores retos políticos. Con los números actuales, los escenarios de poder pasan necesariamente por pactos.

Algunas combinaciones posibles incluyen al Partido Nacional + Partido Liberal, que suman 90 escaños y que superan con holgura la mayoría simple; Libre + Liberal + partidos minoritarios, que es una combinación viable, pero políticamente compleja y más débil (79 votos).

Cada proyecto se negocia voto a voto, pero el pacto más fuerte gira entre nacionalistas y liberales, que superan la mayoría calificada y podrían nombrar varios cargos clave.

Uno de los procesos que podría entrar en agenda es la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pese a que las actuales autoridades deben permanecer en sus cargos hasta el 23 de febrero de 2030, fecha que supera el período legislativo del nuevo Congreso, el cual concluye en enero de ese año.

No obstante, la selección de los magistrados del Poder Judicial suele requerir varios meses de preparación, entre ellos la conformación de una Junta Nominadora, que debe integrarse y juramentarse al menos cinco meses antes de la votación en el Congreso Nacional.

En ese contexto, uno de los escenarios posibles es que el parlamento anticipe la votación antes de finalizar su mandato, de modo que los magistrados electos sean juramentados posteriormente por el siguiente Poder Legislativo.

Así, la elección quedará supeditada al calendario constitucional, ya que no existe una fecha establecida para la designación, aunque sí para la toma de posesión de los cargos.

El Congreso debe elegir a 15 magistrados propietarios del Poder Judicial, quienes ejercerán su cargo por un período de siete años, y para ello se requiere mayoría calificada de 86 votos.

Este tipo de elección exige acuerdos entre varias bancadas, ya que ninguna fuerza política alcanza por sí sola los votos necesarios. La composición de la Corte influye directamente en fallos constitucionales, penales y administrativos de alto impacto nacional.

El Congreso también tendrá un papel relevante en la elección del fiscal general de la República y del fiscal general adjunto, un proceso seguido de cerca tanto por la población como por la comunidad internacional.

Estas autoridades serán designadas para un período de cinco años, y para su elección se requiere mayoría calificada de 86 votos. El nombramiento deberá realizarse antes de que finalice agosto de 2028, de manera que los nuevos titulares puedan asumir el cargo el 1 de septiembre de 2028, asegurando la continuidad institucional del Ministerio Público (MP).

La fecha varía según la interpretación, ya que el actual fiscal, Johel Zelaya, sostiene que su gestión se extiende hasta febrero de 2029, al no contabilizar el interinato asumido en noviembre de 2023 y fijar el inicio del período en febrero de 2024.

No obstante, no se descarta el escenario en el que el bipartidismo —nacionalistas y liberales— impulse una separación anticipada del titular del Ministerio Público mediante un juicio político, para el cual se requieren 86 votos; ambas bancadas suman 90 diputados.

Este órgano del Estado es el que tiene como objetivo dirigir la política de persecución penal, por lo que su elección suele convertirse en un termómetro del equilibrio político dentro del Congreso.

El Congreso Nacional será responsable, además, de nombrar a los consejeros propietarios y suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE), el órgano rector de los procesos electorales en Honduras.

En el ciclo actual, los consejeros Cossette López, Ana Paola Hall y Marlon Ochoa asumieron en septiembre de 2024, por lo que su mandato de cinco años se extiende hasta septiembre de 2029.

Esto implica que la próxima elección de los nuevos consejeros deberá realizarse antes de que concluya ese período, idealmente durante el segundo semestre de 2029, a fin de que los funcionarios entrantes asuman sus cargos sin generar vacíos institucionales y se garantice la continuidad en la supervisión de los procesos electorales, incluidas las elecciones primarias y generales del ciclo 2029.

La fecha resulta clave, ya que anticipa un relevo en la dirección de los órganos electorales casi tres meses antes de la celebración de los comicios generales, que por ley están programados para noviembre de ese mismo año.

Cabe destacar que el actual Consejo Nacional Electoral fue designado, junto con otras autoridades del sistema electoral, en marzo de 2024, aproximadamente seis meses antes de asumir funciones en septiembre, por lo que un escenario de votación anticipada podría volver a repetirse.

Además, durante el periodo 2026–2030, el Legislativo podría verse en la necesidad de elegir nuevos magistrados si alguno renuncia o es designado en otro cargo.

El CNE está integrado por tres consejeros propietarios y sus respectivos suplentes, elegidos mediante mayoría calificada (86 votos). Este nombramiento resulta fundamental para la credibilidad y transparencia de los procesos electorales futuros.

Vinculado al sistema electoral, el Congreso Nacional también debe elegir a los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), compuesto por tres magistrados propietarios con un mandato de cinco años —al igual que el CNE—, para cuya elección se requiere mayoría calificada.

El TJE es el órgano encargado de resolver controversias y conflictos derivados de los procesos electorales, garantizando el respeto a la legalidad y a los derechos políticos de los ciudadanos.

La elección de magistrados del TJE está estrechamente vinculada al proceso del CNE, ya que las autoridades de ambos órganos concluyen su mandato en septiembre de 2029.

Al igual que los actuales consejeros, los magistrados Mario Flores, Miriam Barahona y Mario Morazán fueron electos meses antes de asumir el cargo en septiembre de 2024, tras una votación realizada en febrero de ese mismo año.

En materia de fiscalización del uso de fondos públicos, el Congreso Nacional también tiene la atribución de elegir a los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC). Este órgano está integrado por tres magistrados, electos para un mandato de siete años, y su nombramiento requiere mayoría calificada.

El TSC cumple un rol clave en la lucha contra la corrupción y en el control del gasto estatal, al garantizar la transparencia en la administración pública.

No obstante, los actuales magistrados del TSC concluyen su período en febrero de 2031, por lo que su renovación no corresponde al actual período legislativo, a menos de una votación anticipada.

Aunque con menor visibilidad pública, el Congreso Nacional también intervendrá en la elección o ratificación del Procurador General de la República (PGR), cuyo mandato es de cuatro años, y cuya designación requiere mayoría simple.

La PGR representa legalmente al Estado hondureño en litigios nacionales e internacionales, defendiendo sus intereses ante tribunales y organismos internacionales.

En la práctica, estos nombramientos deben realizarse antes de que concluya el mandato vigente para evitar huecos institucionales. Por lo general, la elección se programa durante el primer año del nuevo período legislativo o poco después de la instalación del nuevo Congreso, si el período anterior está por finalizar.

El actual procurador José Manuel Díaz Galeas termina su período el 2 de febrero de 2026, aunque su caso ilustra cómo el Poder Legislativo ha retorcido los plazos, pues asumió antes que su predecesora, Lidia Estela Cardona, finalizara el 29 de junio de 2022.

Además de estos, catalogados los órganos más visibles y de mayor peso político, el Congreso deberá intervenir en la designación de autoridades vinculadas al control, la transparencia y la defensa de derechos fundamentales.

Entre estas se encuentra el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), cargo que actualmente ostenta Blanca Izaguirre desde diciembre 2020 y cuya elección corresponde al Legislativo. Este rol resulta clave en la supervisión del actuar del Estado, especialmente en temas de seguridad, sistema penitenciario y uso de la fuerza pública.

Se deberá elegir a un comisionado y a un adjunto por un período de seis años. La elección de la autoridad del Conadeh debe programarse por el Congreso Nacional cuando el mandato de seis años del Comisionado actual esté por culminar, lo que indica que deberá realizarse la elección este 2026.

Asimismo, el Congreso participará en la elección de los tres comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) por un período de cinco años.

Los comisionados Hermes Moncada, Lucy Hernández, y Miguel Berrios lideran la institución desde febrero de 2024, por lo que corresponde designar a sus sustitutos para febrero de 2029.

El IAIP una institución de importancia para la rendición de cuentas y el derecho ciudadano a la información. Las decisiones que se tomen en este ámbito impactan directamente en la lucha contra la opacidad y en el trabajo de periodistas, sociedad civil y organismos de veeduría. La ley no contempla una fecha fija del calendario como tal, sino que la elección debe realizarse cuando el mandato de los actuales comisionados esté por concluir.

El alcance del Congreso también se extiende al ámbito económico y financiero del país. Aunque en algunos casos no realiza la elección directa, sí tiene la potestad de ratificar nombramientos propuestos por el Poder Ejecutivo, como ocurre con autoridades del Banco Central de Honduras (BCH) y de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (Cnbs).

Estas instituciones son responsables de la estabilidad monetaria, la supervisión del sistema financiero y la regulación del crédito, por lo que las decisiones legislativas en este campo tienen efectos directos sobre la economía nacional.

En materia de seguridad y defensa, el Legislativo mantiene un rol político determinante. Durante el período 2026–2030 deberá autorizar o ratificar estados de excepción, ascensos de altos mandos militares y comparecencias de ministros del área de seguridad y defensa, ejerciendo así su función de control político, aun cuando no siempre se trate de elecciones formales de cargos.

El Congreso Nacional también tendrá un papel sustancial en la política exterior del país. Entre sus atribuciones estará la ratificación de embajadores, la aprobación de tratados y convenios internacionales, así como la autorización de préstamos y compromisos financieros con organismos internacionales. Estas decisiones inciden directamente en la relación de Honduras con la comunidad internacional y en el nivel de endeudamiento del Estado.

Dependiendo del vencimiento de períodos o de coyunturas políticas específicas, el Congreso podrá intervenir en la conformación de juntas directivas o autoridades de entes autónomos y descentralizados, así como en la creación de comisiones especiales mediante decreto legislativo.

Para Augusto Aguilar, expresidente del desaparecido Tribunal Supremo Electoral, la mecánica de elección de autoridades en Honduras no cambiará sustancialmente, ya que los principales órganos del Estado, como el CNE y otros entes colegiados, están diseñados para integrarse con uno o tres miembros, garantizando la presencia de representantes de los principales partidos políticos.

Aguilar recordó que en el pasado, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral llegó a tener cinco o incluso siete miembros, bajo el criterio de que cada partido político debía tener representación, pero con el surgimiento de una gran cantidad de partidos, que llegaron a ser hasta 14, muchos de ellos creados más por intereses coyunturales que por verdadera representación política, ese modelo se volvió inviable y terminó por reformarse.

En el escenario actual, explicó que solo existen tres partidos con peso real, por lo que no se requieren alianzas complejas para la toma de decisiones. Cada fuerza política conoce de antemano cómo debe votar, y los partidos minoritarios que participan en los procesos no tienen un rol determinante en las decisiones finales.

Indicó que donde el proceso puede tornarse más complejo es en la elección de la Corte Suprema de Justicia debido a la distribución numérica entre los partidos mayoritarios. En un Congreso dominado por tres fuerzas, la correlación suele traducirse en esquemas específicos bajo una lógica histórica, donde el partido que gana las elecciones obtiene la presidencia del órgano, mientras que el que queda en segundo lugar asume la vicepresidencia o cargos adjuntos.

Aguilar rememoró que desde 1982 este patrón se ha mantenido tanto en la conformación de la Corte como en la presidencia del Congreso Nacional, que tradicionalmente recae en el partido ganador de las elecciones generales. Concluyó que es muy difícil que esta dinámica se rompa debido a la disciplina partidaria y al costo político que implicaría que un diputado vote en contra de su bancada o cambie de partido, lo que calificó como un “suicidio político”.

Asimismo, enfatizó que en la actualidad, las diferencias numéricas entre liberales y nacionalistas son mínimas, lo cual puede resultar favorable para evitar abusos e injusticias. En ese contexto, dijo que es saludable para la democracia que exista una oposición fuerte, capaz de equilibrar el poder y fiscalizar las decisiones del partido gobernante.

Para Wálter Romero, analista económico y exdiputado, el nuevo escenario del Poder Legislativo se presenta particularmente interesante desde el punto de vista constitucional, especialmente en lo relacionado con la elección de las principales autoridades del Estado, como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Procurador General de la República, los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas y otras instancias clave.

Romero expuso que estas elecciones no dependen de una mayoría simple de 65 votos, sino de mayoría calificada de dos terceras partes, es decir, 86 votos, lo que obliga a los partidos políticos a buscar consensos y acuerdos. En el actual reparto de fuerzas, explicó, ningún partido alcanza por sí solo ese número, lo que muestra que la población distribuyó el poder político y evitó otorgar un control absoluto a una sola fuerza.

Este escenario, añadió, implica que los partidos están constitucionalmente obligados a negociar, no solo para la elección de magistrados y funcionarios de alto nivel, sino incluso para procesos excepcionales como un juicio político contra un funcionario, que también exige mayorías calificadas.

Uno de los factores que marcará el rumbo del Congreso, según Romero, será la elección de la presidencia del Legislativo. Señaló que se especula sobre una posible alianza entre el Partido Liberal y Libre, una fórmula que genera debate y que algunos sectores consideran que no debería ocurrir; sin embargo, recordó que el Congreso es un espacio eminentemente político y que los partidos existen para competir por el poder, aunque una vez alcanzado, su obligación es administrarlo en beneficio de las mayorías.

Desde su análisis, los acuerdos entre partidos no deben verse como algo anómalo, ya que durante décadas se ha interpretado que la ciudadanía actuó con madurez política al no conceder ni siquiera una mayoría simple absoluta a un solo partido, obligando así al diálogo y al equilibrio de poder.

Romero advirtió que una eventual alianza entre liberales y Libre no sería suficiente por sí sola para alcanzar los 86 votos requeridos para elegir magistrados. Aun en ese contexto, necesitarían el respaldo de al menos dos votos del Partido Nacional, algo poco probable, ya que este partido suele votar en bloque, además, la suma de liberales, Libre y partidos minoritarios tampoco alcanzaría la mayoría calificada.

El otro camino que Romero considera viable es un acuerdo entre el Partido Nacional y el Partido Liberal, o bien entre el Partido Nacional y Libre con el respaldo de un sector liberal. En cualquiera de estos casos, sí sería posible alcanzar los 86 votos necesarios para las decisiones clave del Congreso.

A su juicio, la elección del procurador general, el fiscal general y la Corte Suprema de Justicia serán los procesos más determinantes del nuevo período legislativo, tanto por su impacto institucional como por su influencia en la estabilidad política y económica del país.

Otros expertos consultados coinciden que Honduras enfrenta un Congreso más abierto al diálogo que el actual, independientemente de si la presidencia del Legislativo recae en el Partido Nacional o en el Partido Liberal. Esto porque los partidos tradicionales cuentan con mayor experiencia histórica, mayor capacidad de negociación, una base de votos más amplia y liderazgos con trayectoria, factores que podrían facilitar consensos y una conducción más estable del Congreso Nacional durante el período 2026–2030.