22/04/2024
01:24 PM

Condenable: En 10 meses aumentó en 70% tala en Río Plátano

De 2000 a 2018 se descombraron en promedio 2,200 hectáreas en la Biosfera, según el ICF, y de junio de 2020 a marzo de 2021 deforestaron 8,090 hectáreas.

    Río Plátano, Honduras.

    El tráfico de madera, la ganadería extensiva y la migración afectan gravemente a la Biosfera del Río Plátano. En los últimos 10 meses se incrementó en 70% la deforestación por hectáreas sobre lo que anualmente en promedio se deforestó de 2000 a 2018.

    Según datos de la oficina local del Instituto de Conservación Forestal (ICF), instalada en Marañones, Dulce Nombre de Culmí, Olancho, de junio de 2020 a marzo de 2021 se talaron 8,090 hectáreas de bosque en la Biosfera del Río Plátano, equivalente a ocho mil campos de fútbol, lo que pone en peligro uno de los pulmones de Mesoamérica.

    El ingeniero forestal José Manuel Alemán, jefe regional del ICF para la Biosfera del Río Plátano, confirmó que desde 2000 a 2018 se perdieron 40,000 hectáreas de bosque en Río Plátano, por lo que cada año en promedio se deforestaron 2,200 hectáreas.

    El pulmón de Honduras

    La reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano fue creada bajo decreto en 1980 con un área aproximada de 350,000 hectáreas, lo que en ese momento se consideró prioritario. Cuando se crea un área protegida, según los expertos del ICF, “pareciera que la gente se activara para deforestar, y en ese tiempo no fue la excepción”. Se deforestó alrededor de la selva, y durante 17 años la destrucción aumentó.

    En 1997, un grupo de ambientalistas y técnicos preocupados por la situación hacen una propuesta al Congreso Nacional para que se emita un nuevo acuerdo para que se proteja la Biosfera de Río Plátano, y se aprueba, por lo que esta zona protegida se amplió de 350,000 hectáreas a 832,000 hectáreas (HA) que se dividieron en las macrozonas: zona cultural (420,000 HA), zona núcleo (210,000 HA) y zona de amortiguamiento (197,000 HA).

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    La reserva abarca fracciones de los departamentos de Gracias a Dios, Olancho y Colón y cruza por los municipios Juan Francisco Bulnes, Dulce Nombre de Culmí, Iriona, Wampusirpi, Brus Laguna y Aguás.

    La zona de amortiguamiento tenía un recurso forestal envidiable sobre cualquier otro territorio del país, pero ya tenía comunidades establecidas con las cuales se debía trabajar en sistemas socioenómicos que promoviera su desarrollo, pero en equilibrio con la conservación de los recursos, actividades que se debían seguir también en la zona cultural, espacio de los pueblos indígenas.

    La zona cultural y el núcleo de Río Plátano también están siendo gravemente afectados por la tala y ganadería, según la organización misquita Masta
    El jefe regional del ICF recordó que en 2016 se emitieron los títulos de propiedad a favor de los pueblos indígenas y cerca del 48% de toda la reserva del Río Plátano está titulada a favor de estos y el resto a favor del Estado de Honduras. “Estos pueblos indígenas tienen la facultad de usar sus tierras, pero eso no los desvincula de las normas nacionales en las que deforestar sigue siendo un delito; entonces, aunque en las normas de uso de la zona de amortiguamiento y la zona cultural se permite la agricultura y la ganadería, se debe hacer bajo las leyes nacionales en las que deforestar es prohibido”, comentó.

    El ICF con apoyo de entidades como la Unión Europea y Cooperación Alemana implementaron en los últimos 15 años proyectos de forestería comunitaria, como Protec y MC-Protec, y se dieron alrededor de 26 contratos de manejo forestal en las últimas décadas sumando 130,000 hectáreas de todo ese territorio; pero eso no ha sido suficiente para parar la deforestación creciente en la zona.

    Aunque con la declaratoria de 1997 se prohibió la llegada de nuevos asentamientos en la zona de amortiguamiento, tierras tituladas a favor del ICF, la gente ha continuado migrando del interior del país.

    “Los aprovechamientos legales que se han aprobado dentro de la reserva mediante los planes de manejo, a consejos territoriales y organizaciones agroforestales, son en bosque latifoleado. Se extraen de forma selectiva, dos, tres o cuatro árboles por hectárea. Para el aprovechamiento de madera se pide que por cada árbol cortado se deben sembrar tres. Pero el trabajo técnico no ha sido suficiente para frenar los procesos de deforestación, porque tenemos ocupación ilegal que como institución no hemos podido frenar porque sobrepasa cualquier capacidad técnica que podamos tener”, agregó.

    LA PRENSA constató en el recorrido que la zona de amortiguamiento está descombrada en gran parte; pero la zona núcleo y cultural también está amenazada por la ganadería, la tala y la caza ilegal, según confirmó Ranulfo Julián Andares, presidente de Muskitia Asla Takanka (Masta), organización de pueblos misquitos de Río Plátano.

    Intervención

    El biólogo Marcio Martínez, técnico en áreas protegidas del ICF, dijo que urge la presencia permanente de la Fuerza de Tarea Interinstitucional Contra el Delito Ambiental, es decir, instalaciones dentro de La Mosquitia. “Para frenar los delitos ambientales necesitamos más que el ICF, necesitamos la Fiscalía, el Ejército. Uno de los problemas de gobernanza a los que nos enfrentamos es que no tenemos toda la presencia institucional, hay zonas en las que solo el técnico del ICF visita y la población quiere que todo resuelva”, comentó. Lamentó que dentro de las 832,000 hectáreas de Río Plátano, MiAmbiente no tiene presencia física y el único con presencia en campo es el ICF y que también hay un comité para la protección de Río Plátano, pero está inactivo.

    Aunque el ICF ha trabajado en forestería comunitaria con contratos de manejo junto a entidades extranjeras, esto no es suficiente ante la ocupación ilegal
    Pese a todo, informó que se está trabajando con la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS) para que mediante convenio se ubiquen nuevos puntos de control interinstitucionales, entre ellas la edificación de una instalación en Krausirpi para que integre al Ejército y Policía Militar y Nacional así como el ICF, Fiscalía y autoridades indígenas. “Así es más difícil que se dé la corrupción en la zona. Estas instalaciones en Krausirpi están avanzando. Durante años se ha invertido en forestería comunitaria, pero no en aspectos de control y vigilancia, que es lo que más necesitamos”, enfatizó.

    Sin presupuesto

    Según el cuadro Programación y recaudación de los ingresos, en el informe de liquidación de presupuesto 2020 de la Secretaría de Finanzas se detalló que la Ecotasa sobre importación de vehículos usados recaudó L207,396,486 en 2019 y L154,637,000 en 2020.

    Este impuesto se creó para cuidar las áreas protegidas destinando un 40% de la recaudación a este objetivo. El cobro se aprobó como la Ley de fortalecimiento de los ingresos, equidad social y racionalización del gasto público (decreto 17-2021) y en 2013 se aprobó mediante decreto legislativo 133-213 que de este monto de recaudación se destinara el 40% al Fondo de Protección de Áreas Protegidas.

    Ángel Matute, viceministro de Áreas Protegidas, dijo que el 40% de la Ecotasa se distribuye entre las 91 áreas protegidas y no se prioriza con base en la extensión del área. Sin embargo, el Gobierno actualmente solo da el 20%, agregó. “Nos dan 45.3 millones de lempiras en los últimos tres años, estos fondos van de forma equitativa mediante un proceso de adjudicación que abarca las 91 áreas protegidas del país. Hay un techo de un millón por área protegida”.

    La Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS) ayuda en la creación de una instalación interinstitucional en Krausirpi.
    Las áreas protegidas que conforman el corazón biológico mesoamericano: Parque Patuca, Biosfera del Río Plátano y Biosfera Tawaka. Hay un fondo “patrimonial” concebido en junio de 2005 y retomado en el Gobierno de Manuel Zelaya Rosales. Este es un fondo en una cuenta de Banadesa a plazo fijo que tiene un fondo que ronda los L24 millones y en la cláusula del convenio se estipuló que solo deben utilizarse las utilidades. La Ecotasa y este fondo son administrados por una junta de nueve miembros (cuatro del Gobierno y cinco de la sociedad civil y Cohep), y según el funcionario, se invierten en estas tres áreas anualmente.

    A juicio de funcionarios de ICF en campo, los procesos de adjudicación de fondos deberían ser menos burocráticos y destinarse conforme al tamaño e importancia de la zona protegida.

    “No sé a dónde va todo ese dinero, si tenemos todo eso recaudado por impuesto de Ecotasa y está la Biosfera Río Plátano tan importante, de ahí deberíamos tomar los recursos para administrar correctamente este territorio. La mayor parte de asistencia técnica la hemos realizado con cooperación internacional”, concluyó José Manuel Alemán, jefe regional del ICF.