El retraso prolongado en la entrega de los maletas electorales en las elecciones primarias 2025, indignó a la población y desató un cruce de acusaciones entre la empresa de transporte, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y las Fuerzas Armadas (FF. AA.), estos dos últimos figurando como responsables del caos generado el domingo.
El CNE culpa a la compañía por incumplir con el contrato al no trasladar las maletas electorales en furgones, mientras que la empresa asegura que el órgano electoral se tardó en distribuir la documentación, lo que les generó un retraso y simplemente “buscaron solucionar la situación” al contratar los buses públicos para el traslado.
Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, se deslindó del problema, alegando que la culpa no es de las Fuerzas Armadas y en caso de que se confirme la implicación de un miembro de las FF. AA. en las irregularidades de los comicios, no está dispuesto a renunciar.
En tanto, la consejera Cossete López dio a conocer que en un informe de las Fuerzas Armadas mencionaron que “en Tegucigalpa faltaban unicamente 7 centros de votación por recibir sus implementos y en 17 en Comayagüela. “Eso no concuerda”, mencionó.
Por su parte, la consejera Ana Paola Hall manifestó que en el CNE “con personal civil se hizo en una hora, lo que las Fuerzas Armadas no hicieron en ocho (horas)”.
“Los militares le están tirando la pelota al CNE, pero no, esta culpa es compartida y si es compartida entonces ¿quién reportó la incidencia y si se reporta la incidencia ¿quién hizo algo? Es importante recordarle al CNE que es una responsabilidad compartida.”, cuestionó el analista político Miguel Cálix.
La entrega tardía provocó que de noche y a las carreras votaran miles de hondureños en San Pedro Sula y Tegucigalpa, por la falta de maletas electorales que debieron llegar a los centros de votación desde las 7:00 a.m. del domingo.
Pese a este desorden, el CNE no dudó en ofrecer el primer corte de resultados preliminares a las 10:30 p.m., cuando en varios centros aún había personas votando.
Responsables
L64
millones de lempiras
pagó el CNE a empresa de transporte
LA PRENSA Premium conversó con Carlos Salomón Fonseca Robles, gerente general de la empresa Ingeniería Logística y Transporte S. de R.L. de C.V., quien mencionó que el CNE no estaba listo con el material electoral la madrugada del lunes para ser cargados a los furgones contratados, lo que les habría generado “un atraso” para llegar a todos los centros de votación programados.
Ante ello, buscó resolver la situación y contratar a buses públicos tipo coaster, conocidos como “rapiditos”, para “intentar resolver la situación”, que acabó siendo un caos.
”Hubo atrasos y eso significó atrasos para nosotros, nosotros no estamos señalando a nadie, simplemente buscamos soluciones y echamos mano del transporte público era para salir y llegar a todos los centros de votación”, expresó.
”Nosotros pusimos la flota a disposición del CNE y ellos determinan la ruta. Cada vehículo va con un custodio y con gente de las Fuerzas Armadas y ellos les dieron instrucciones, entonces quien tiene la respuesta es el CNE”, agregó.
En muchos casos, se reportaron maletas sin custodia ni presencia de miembros de las Fuerzas Armadas. Además, la consejera Cossette López dio a conocer que en un informe de las Fuerzas Armadas mencionaron que “en Tegucigalpa faltaban unicamente 7 centros de votación por recibir sus implementos y en 17 en Comayaguela. “Eso no concuerda”, mencionó la López.
Fonseca argumentó que muchos de los buses quedaron parados en las calles, porque desconocían hacia dónde movilizarse y simplemente siguieron órdenes de los custodios del CNE y miembros de las Fuerzas Armadas.
Por lo anterior, argumentó, ocurrió que centros de votación como el de la colonia Kennedy, en Tegucigalpa, a cercana distancia del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde estaban las maletas electorales, no fueron entregadas en tiempo y forma, pues desconocían la ruta asignada.
Contó que muchas veces llegaban a escuelas de la colonia Kennedy y llevaban maletas de la colonia Loarque, por lo que debían regresarse, descargar el material electoral y subir el correcto. “Pero la volvían a mandar en los mismos rapiditos, no es que rechazaron la flota, siempre la utilizaron”, defendió Fonseca.
Al consultarle si el contrato hablaba de camiones, por qué se contrataron buses justificó que, “lo que sucedió es que al final nosotros tuvimos que echar mano de más flota debido al atraso, porque para Cortés salieron a las 8:00 de la noche el día sábado de aquí de Tegucigalpa”.
Eso significaba seis horas más de camino y luego empezar y distribuir allá, dejando todo lo del Distrito Central por último y entonces un camión que hace dos a tres rutas, al final solo hizo una sola ruta por el tiempo.
”Como hubo un atraso, necesitamos flota, pero desde el momento que los cargaron ellos (el CNE) están aceptando (cargar las maletas en los buses tipo coaster). Yo no tuve ninguna reacción de nadie porque ellos estaban conscientes de la necesidad”, afirmó Fonseca.
Oferta
Este rotativo tuvo acceso a las ofertas recibidas por la Unidad de Compras y Contrataciones Electorales (UCCE) de tres empresas interesadas en prestar ese servicio, el día 18 de febrero de 2025, es decir, 19 días antes de las elecciones.
La primera oferta presentada fue la de la empresa Unión Latin Cargo S.A. que por los cinco lotes de vehículos para el traslado del material electoral a nivel nacional, ofertó 67.8 millones de lempiras.
Mientras que la empresa Ingeniería Logística y Transporte de R.L de C.V. por los mismos cinco lotes ofertó un poco más de 64.7 millones de lempiras.
También hubo la participación de una tercera empresa que fue Ingeniería Metropolitana y Rural S. de R.L de C.V. que por cinco lotes presentó la oferta más baja, por 12.4 millones de lempiras, siendo la más cómoda.
Para el 25 de febrero de 2025, es decir, 12 días antes del día de las elecciones primarias, la UCCE comunicó que mediante el procedimiento especial No. CNE-PEP-UCCE-006-2025 se realizó el alquiler de transporte pesado para el traslado y retorno del material y equipo electorales para elecciones primarias 2025.
La certificación 630-2025 del 25 de febrero de 2025 fue a favor de la sociedad mercantil Ingeniería Logística y Transporte S. de R.L. de C.V. para los lotes 1, 2, 3, 4 y 5.
Contratación
El CNE desembolsó 64.7 millones de lempiras a la empresa Ingeniería Logística y Transporte S. de R.L. de C.V., contratada para el traslado de las maletas electorales a los distintos centros de votación, según constató LA PRENSA Premium.
Cabe destacar que el contrato se firmó por parte de la presidenta del CNE, Cossette López y el dueño de la empresa de transporte Carlos Salomón Fonseca Robles, el 6 de marzo de 2025, es decir, cuatro días antes de las elecciones primarias de 2025.
El documento de contratación, establece la contratación de 143 furgones de 48 pies y 497 camiones de 24 pies, así como 2 camiones de 12 pies, es decir, un total de 722 unidades de transporte para garantizar el orden logístico de cinco lotes. Sin embargo, el dueño de la empresa dijo que tuvo que mover 900 unidades de transporte.
El fallo se produjo en el cuarto lote, en el transporte desde los centros de acopio departamentales hasta los centros de votación del área urbana en el Distrito Central, San Pedro Sula, La Ceiba y El Progreso, donde debían estar disponibles 80 camiones livianos de 12 pies.
Sin embargo, el día de las elecciones diversos camiones fueron cambiados a buses tipo coaster, sin autorización, lo que entorpeció el traslado por la poca capacidad y generó el retraso en la entrega de las maletas a los centros de votación, además de que incumplió lo que establecía contrato.
El contrato también establecía que los vehículos debían contar con GPS para monitoreo, lo que permitiría rastrear la ubicación de cada unidad en tiempo real, pero debido al último cambio no fue posible monitorear cada uno de los buses.
Entre las obligaciones del contratista, el documento menciona que parte de ellas son “brindar los servicios de manera diligente y en escricto apego de las condiciones, alcance, especificaciones técnicas y plazos pactados”.
También se refiere a la sustitución de los vehículos de carga cuando “el vehículo sufra accidentes que afecten el correcto funcionamiento del automotor, que el automotor sufra desperfectos mecánicos o de fábrica y en otras eventualidades que afecten o limiten elk correcto funcionamiento del automotor”.
Además, mencionan que cada vehículo de carga “debe ser entregado en condiciones óptimas de funcionamiento y que además el contratiste debe permitir que el contratante realice una inspección técnica y mecánica de los vehículos en los términos, condiciones, lugar y personal que designe el contratante”.
LA PRENSA Premium intentó comunicarse con Cossette López para conocer más detalles de lo ocurrido, pero al cierre de este artículo no hubo respuesta.
Subcontratación
En algunas regiones, las maletas fueron transportadas en vehículos tipo paila, y en Tela, Atlántida, por ejemplo, se reportó que algunas urnas incluso cayeron de uno de estos vehículos, dejando expuesto el material electoral.
El representante del sector transporte, Jorge Lanza, justificó que estos buses “contaban con autorización”, pero afirmó que no se les indicó previamente que debían movilizar urnas electorales en sus unidades y que el acceso a las instalaciones para iniciar el proceso se les permitió hasta las 8:30 de la mañana a los conductores.
Señaló que a él no lo contrataron y lo que él dijo en medio de comunicación fue hablando como dirigente de lo que estaba sucediendo, porque entre ellos se contratan las unidades cuando hay necesidad.
El contrato suscrito con la empresa Ingeniería Logística y Transporte S. de R.L. de C.V. establece condiciones específicas para la subcontratación, señalando que esta solo puede realizarse con autorización escrita del contratante, detallando el objeto y las condiciones económicas del acuerdo.
Además, el documento estipula que los trabajos subcontratados no deben superar el 40% del monto total del contrato y que el contratista principal sigue siendo el responsable directo ante la entidad contratante.
También se subraya que cualquier tercero contratado debe demostrar capacidad legal para contratar con el Estado y no estar inhabilitado según las leyes vigentes, requisito que el contratista tiene la obligación de acreditar.
En una conversación filtrada entre Fonseca y una funcionaria del área de compras del CNE, llamada Joselin Sánchez, el día de las elecciones, se escucha que ella le reclama a Fonseca por el cambio de camiones a buses para trasladar el material electoral, a lo que él responde que “al final solo estamos solucionando”.
La funcionaria, en un tono molesto, le pide al contratista que envíe un correo con el reporte del cambio. “Esto es un tema delicado y se están poniendo el juego demasiadas cosas por un error de esos”, comentó.
Investigación
El lunes, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) anunció una investigación especial para esclarecer los hechos relacionados con el retraso en el proceso electoral.
”En respuesta a las denuncias recibidas, el TSC ha decidido iniciar de oficio una investigación especial con el objetivo de determinar el incumplimiento de los contratos suscritos para el desarrollo del proceso electoral primario”, declaró Rodolfo Isaula, portavoz del organismo.
El TSC también informó que su investigación tiene la finalidad de deslindar responsabilidades civiles, penales y administrativas de los implicados en el retraso.
Por su parte, el Ministerio Público ha iniciado su propia indagatoria, desplegando un equipo de fiscales especializados en varias regiones del país para “determinar las causas de este retraso, que afectaron el derecho de los ciudadanos a ejercer su voto”.
El mismo lunes, la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) acudió a las Fuerzas Armadas, donde tomó declaración a Roosevelt Hernández, jefe de la institución castrense.
Mientras tanto, miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) se presentaron a la Unidad de Contrataciones del CNE como apoyo a la Fiscalía de Delitos Electorales para recabar información sobre el retraso ocurrido ocurrido.
Cabe recordar que el Código Penal vigente establece penas de cuatro a seis años de prisión para aquellos responsables del retardo injustificado en la formación, expedición o publicación de documentos electorales. En su artículo 544, inciso 3, se sanciona específicamente “el cambio injustificado de tiempo y lugares en los cuales debe realizarse una elección”.
El inciso 11 y 13 también mencionan que se castiga “retardar u omitir intencionalmente, la remisión de la documentación y material electoral utilizado en las elecciones y retener el material electoral”.
Es importante destacar que, si estos actos son cometidos por funcionarios o empleados públicos, se les impondrá, además, la pena de inhabilitación especial por un período que será el doble de la duración de la pena de prisión impuesta.
