La Cicih, otra promesa rota del gobierno de Xiomara Castro
Falta de consensos en el Congreso y negativa a derogar leyes que blindan a funcionarios mantienen en suspenso la llegada del mecanismo anticorrupción
- 13 de agosto de 2025 a las 23:15 /
San Pedro Sula, Honduras.
Pese a la última extensión hasta el 15 de diciembre de este año ya las Múltiples promesas oficiales, el proceso para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Cicih) no ha registrado avances sustanciales y todo apunta que no se instalará en el presente Gobierno.
La expectativa ciudadana, alimentada desde el año 2022 con la firma del memorándum de entendimiento entre el Gobierno y la Organización de las Naciones Unidas ( ONU ), se diluye ante la ausencia de acciones concretas.
Según lo establecido en acuerdos preliminares , el país debía cumplir una serie de reformas legales e institucionales para garantizar la independencia y efectividad de la misión internacional, pero las iniciativas para derogar o modificar leyes permanecen estancadas en el Congreso Nacional.
Estos requisitos abarcan reformas legales, políticas y estructurales en diversas áreas. Entre las reformas más urgentes están la derogación de los artículos 4 y 8 de la Ley de Amnistía (Decreto 04-2022), que otorgan inmunidad a funcionarios públicos.
Asimismo, se requieren reformas al Código Procesal Penal para actuar como querellante autónomo en casos de corrupción. Otro obstáculo es el Decreto 116-2019, que dificulta la colaboración efectiva con la Cicih.
Además, fortalecer el marco legal sobre enriquecimiento ilícito y lavado de activos para facilitar la persecución de delitos relacionados con la corrupción.
La Comisión también exige independencia en la selección de su personal, protección jurídica y seguridad. Además, contar con acceso total a información y documentación, autonomía financiera y mecanismos de colaboración efectiva con el sistema judicial.
Una vez operativa, esperan contribuir a reformas del sistema de justicia penal, promover el fortalecimiento de la sociedad civil, fomentar la educación y la sensibilización sobre la importancia de la lucha contra la corrupción.
También se plantea la necesidad de establecer mecanismos de rendición de cuentas, sistemas de evaluación y monitoreo, y garantizar el acceso a recursos y cooperación internacional para fortalecer su capacidad operativa.
Finalmente, asegurar el compromiso político de todos los actores relevantes y, de manera opcional, otorgarle rango constitucional, aunque no es requisito indispensable de la ONU.
Hasta el momento, Honduras ha cumplido parcialmente con estas condiciones, lo que ha retrasado la instalación.
No hay tiempo
La instalación de la Cicih fue una de las promesas centrales de la administración actual, planteada como mecanismo para combatir redes de corrupción. Con el vencimiento de los plazos y sin señales claras de avance, el temor es que el proyecto no se materializarse.
Organismos y sectores han elevado la presión, advirtiendo que el retraso mina la credibilidad del Gobierno y envía un mensaje negativo a la comunidad internacional.
No solo representa un revés en la lucha contra la impunidad, sino que también envía señales negativas a inversionistas nacionales y extranjeros, según advirtió Liliana Castillo, expresidenta del Colegio de Economistas.
“Cuando actúa esta comisión y más si incorpora profesionales independientes del exterior, se transmite un mensaje de objetividad y seriedad. Eso genera confianza para que la inversión, tanto nacional como extranjera, llegue y dinamice la economía”, señaló.
La economista recordó que la corrupción ha afectado la capacidad del país para acceder a fondos internacionales, citando como ejemplo la Cuenta del Milenio, a la que Honduras solo ha accedido una vez debido a los bajos indicadores de transparencia.
Castillo considera que la señal enviada a la comunidad internacional es clara: “Parece que no hay decisión política para llevar adelante esta comisión. El mensaje puede ser que no nos interesa o que queremos que todo siga igual, y eso es precisamente lo que la mayoría de los hondureños no queremos”.
Subrayó que el Congreso tiene un papel central en el retraso del proceso, pues es la instancia que debe aprobar las reformas necesarias para su funcionamiento. “He escuchado que no hay acuerdos entre distintas fuerzas políticas y eso se traduce en falta de voluntad política, incluso si hubiera independencia de poderes, el problema persistiría porque no hay consenso en el Legislativo”, apuntó.
Castillo advirtió que la inacción podría enfriar el interés de cooperantes internacionales que han respaldado el proyecto, y que quizá no insistan más en el tema mientras el actual Gobierno se acerca a su final. “Tal vez con el próximo gobierno, cualquiera que sea, se pueda retomar y concretar”, expresó.
El 24 de septiembre de 2024, Xiomara Castro entregó al secretario general de la ONU, António Guterres, el segundo borrador del acuerdo bilateral requerido para la instauración de la Cicih. Sin embargo, desde entonces, los avances han sido escasos.
El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, acusó al Gobierno de incumplir su promesa de instalarla, calificándola como “una de tantas promesas rotas”.
Según Zambrano, el oficialismo buscaba establecer “una Cicih a la medida” que no investigara al Gobierno ni a funcionarios cercanos. “Nunca quisieron eliminar la principal barrera contra la lucha anticorrupción, el pacto de impunidad con el que se perdonaron delitos a funcionarios del Gobierno”, aseguró.
El congresista también cuestionó la estrategia utilizada para modificar el marco legal requerido para la llegada de la misión internacional.
“Presentaron una reforma constitucional que no era necesaria, eso solo sirvió para dilatar el proceso. Hoy ya es promesa incumplida, porque no hay manera de que en los meses que le quedan al Gobierno se firme el convenio ni mucho menos se instale la comisión”, afirmó.
En su criterio, será el próximo gobierno el que deba retomar las negociaciones con la ONU y definir bajo qué modelo, funciones y atribuciones se implementaría una misión anticorrupción. “El mensaje que envía es que no se quiere transparencia ni rendición de cuentas”, señaló.
Zambrano reprochó que tampoco se hayan impulsado mecanismos internos ni alianzas con sociedad civil para fortalecer la fiscalización y el buen uso de los recursos públicos. “No hay procesos ni iniciativas locales para promover la transparencia", lamentó.
La inacción ha sido tan prolongada que muchos hondureños han perdido la confianza en la instalación de la misión anticorrupción. Según el último sondeo de opinión pública del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de la Compañía de Jesús, seis de cada diez ciudadanos no creen que la Cicih llegue a implementarse en el país.
El exmagistrado del desaparecido Tribunal Supremo Electoral, Augusto Aguilar, expresó su preocupación por la demora en la instalación, advirtiendo que la situación abre una crisis de confianza en el sistema de justicia hondureño.
“Necesitamos un organismo internacional de esta naturaleza, porque la justicia nuestra se ha degradado”, señaló durante la entrevista.
El exmagistrado atribuyó los retrasos a múltiples factores, entre ellos la falta de acuerdos entre partidos políticos y la compleja dinámica en el Congreso. Según Aguilar, "hay temor, y por eso no se ha logrado avanzar”, refiriéndose al miedo de algunos diputados y funcionarios de convertirse en objeto de investigación.
Recordó que varias reformas legales solicitadas nunca se concretaron, lo que ha dificultado la implementación de la Cicih.
Respecto al futuro inmediato, consideró improbable que en los seis meses restantes de la actual administración se logre consolidar el organismo. “Es muy difícil, por lo menos, la iniciativa que se ha hecho en este Gobierno podrá continuar en el siguiente, pero los tiempos son limitados”, advirtió.
El secretario ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia (Fonac), Omar Rivera, aseguró que el principal obstáculo para la instalación ha sido el incumplimiento de las condiciones básicas exigidas por la ONU, particularmente la derogación de leyes que garantizan impunidad.
“Sin la eliminación de estos marcos legales, no podrá operar con independencia ni con plena autonomía investigativa”, advirtió Rivera, con referencia a las reformas pendientes que permitirían actuar sin injerencias políticas.
El dirigente del Fonac también señaló que existen intereses políticos y empresariales que han actuado para frenar el proceso. “Políticos de todos los partidos y empresarios vinculados a corrupción han trabajado deliberadamente para bloquear las reformas legales clave y evitar que se firme el acuerdo definitivo con Naciones Unidas”, afirmó.
Rivera cuestionó la falta de consensos y el bloqueo al debate de temas relacionados con la instalación de la comisión. “El Congreso ha mostrado una actuación insuficiente, marcada por confrontaciones partidarias. No se han aprobado todas las reformas exigidas por la ONU, y eso refleja que muchos diputados priorizan su autoprotección antes que la lucha frontal contra la corrupción”, concluyó.
Más intentos
El pasado 12 de junio, Honduras pidió a Naciones Unidas ampliar por seis meses el memorándum de entendimiento. La petición fue hecha por el canciller Javier Bu, en una carta dirigida al subsecretario general de la ONU para Europa, Asia Central y las Américas, Miroslav Jenca.
Según la misiva enviada, el Gobierno de Honduras consideró que "los trabajos de las representaciones del país y la ONU deben alcanzar acuerdos favorables para ambas partes y cumplir con el mandato de la presidenta".
El canciller Bu dijo este miércoles a diferentes medios que "hay que tener paciencia", que "hay voluntad política" para que la Cicih llegue al país y que, "si no se puede en estos seis meses, será más adelante".
