La condena ha sido aplastante, ya que nuevamente las intenciones de las camarillas políticas representadas en el Congreso Nacional son claras: autorrecetarse y manipular descaradamente a su favor. ¿Dinero del Estado para los políticos y sus allegados? ¿Más fondos para las campañas, además de las oscuras contribuciones que ya reciben? ¿Adelantar las elecciones para pasar permanentemente en campaña? Éstas y otras interrogantes más surgen en las discusiones del día, que a su vez generan otras: ¿Para quiénes legislan los diputados? ¿Cuánto es el verdadero compromiso de éstos con el pueblo? ¿Hasta dónde llegan los límites de la irresponsabilidad? En definitiva, para la gran mayoría de los hondureños se trata de rechazar el subsidio público a los partidos políticos y condenar todas las actitudes del atraso, la imposición y poca cultura política que ahora se arraigan mucho más en el Congreso Nacional.
Autorrecetarse recursos públicos en un ambiente caracterizado por la escasez y la corrupción dominante sólo puede calificarse con los más duros términos; tratar de justificar medidas que por todos lados huelen mal merece la descalificación de sus autores; presentarse unidos ante las cámaras de televisión después de la crítica, como generosos políticos girando invitaciones al diálogo y preocupados por la estabilidad política del país, es tergiversante y recuerda nuevamente a la mentira.
La aprobación de las contrarreformas no sólo indica que muchos diputados y sus camarillas actúan asumiendo que su categoría les confiere un cheque en blanco para actuar de la forma que les venga en gana, sino que pone además al descubierto la naturaleza de las componendas entre los sectores oscuros, que se realizan en función del apetito sectario de los diputados. De allí que de los diputados ligados a las camarillas partidistas se puede esperar cualquier cosa, por más absurda, desactualizada y antidemocrática que sea.
La componenda que se aprobó en la oscuridad de la noche y se ratificó a matacaballo caracteriza la calidad de sus protagonistas, sus intenciones y su actitud frente a los problemas nacionales. Irrespetando acuerdos políticos del pasado reciente y comprometiendo más recursos públicos para la maquinaria partidista sectaria, este evento marca un punto en la historia política, demostrando lo arraigada que aún está la cultura de la imposición. No basta mucho análisis para entender, entonces, el costo de este episodio para el Partido Liberal y en general para el proceso electoral que se aproxima. Los sectores organizados están llamados a establecer una posición muy clara frente a retrocesos del proceso democrático. No solamente de frenar los injustificados subsidios se trata; se merece atender las instituciones que deben velar por un proceso electoral limpio que apunte a eliminar las fuentes ilegales de financiamiento, que capacite a los involucrados directos e indirectos en el proceso eleccionario, en el escrutinio de votos y en la generación de resultados, y que elimine cualquier sesgo que vaya en contra de las mujeres y los jóvenes. Se trata de reformas a la Ley Electoral que eleven la calidad democrática del proceso electoral y frenen a todos aquellos que como candidatos hacen las más descaradas manipulaciones para salir electos.
