A medida que avanza el tiempo y no logra aprobarse por parte del Congreso Nacional la legislación pertinente requerida para reformar al ente estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), van creciendo las suspicacias ciudadanas respecto al trasfondo de las negociaciones que retrasan su aprobación.
Para que las reformas sean efectivas se requieren de 65 votos por parte de diputados afiliados a los tres partidos políticos representados en el Poder Legislativa.
Recientes declaraciones del presidente Asfura incluyen su petición al titular de la Cámara, en el sentido de no continuar con una reforma a dicho subsector distinta a la presentada por el Poder Ejecutivo.Simultáneamente, rechazó que el Congreso impulse legislación paralela a la iniciativa gubernamental, reiterando que primero debe ser aprobada la propuesta oficial, misma que debe constituir el punto de partida: “partimos de la primera ley que yo les pedí a ellos que nos la aprobaran. Esa es la única ley que hay, porque es la ley que viene a sentar bases de cambio en la Enee”, con la posibilidad de leyes complementarias a futuro.
El carácter de urgencia para su aprobación se justifica, habida cuenta de las pérdidas millonarias que diariamente afectan las finanzas públicas, con efecto desestabilizador en la economía nacional.Una cosa es el cabildeo y el análisis detallado de ambos proyectos, el oficial y el presentado por la bancada liberal, con el fin de enriquecer sus respectivos contenidos, además de los insumos y observaciones por parte de las empresas térmicas que abastecen en porcentaje significativo la creciente demanda energética por parte de los sectores productivos.Otra, muy distinta, es el presionar de diversas maneras a las y los legisladores con ofertas indebidas, lo que estaría en abierto conflicto con la ley y la ética.
El bien colectivo debe prevalecer por sobre el interés privado tanto en la actual coyuntura como en cualquier otra.
La transparencia y la credibilidad están de por medio, lo que no debe ser ni ignorado ni olvidado por las y los parlamentarios, que en toda ocasión deben actuar en función de los intereses nacionales y no a espaldas de ellos. La opinión pública y los medios de comunicación estamos atentos y vigilantes para que el sector público actúe en toda ocasión y circunstancia en pro de la población, no de grupos privilegiados.
Tal vigilancia cívica busca impedir arreglos bajo la mesa, de espaldas a la nación, que cuando han sido aprobados atentan tanto contra el bien común como contra el honor y dignidad de Honduras.Múltiples casos a lo largo de nuestra trayectoria histórica confirman y respaldan tal realidad, como baldón del deshonor y la corrupción. Ha llegado el momento de no ceder ni claudicar ante lo ilícito, venga de donde venga. El incurrir de nueva cuenta en la secretividad e impunidad significaría perpetuarlas indefinidamente.
