De poco sirvió la presión de la sociedad civil, y de muchas otras voces individuales de personas respetables; al final, los diputados de los partidos Libre y Liberal, más uno del PSH, votaron una nueva ley para la selección de los magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia que no llena las expectativas de todos aquellos que esperaban un giro hacia la transparencia y hacia la despolitización de un poder del Estado que no goza de la confianza de la ciudadanía y que se pensaba que, al fin, se lograría adecentar.
Y aunque hay todavía un largo camino por recorrer, hasta la elección de esos nuevos magistrados en la augusta cámara, si así ha sido la víspera será difícil que la feria sea diferente. La situación del país es complicada. Ni el panorama internacional ni el nacional pueden brindarnos mayores señales de esperanza. Sin embargo, el advenimiento de un nuevo gobierno trajo viento fresco y cierta ilusión entre la ciudadanía. Tuvimos un proceso electoral bastante aceptable y un panorama postelectoral optimista. Pero, en el aspecto político, desde la elección de la junta directiva del Congreso de la República, el necesario consenso para enfrentar los grandes problemas que nos aquejan no ha sido posible. Incluso, la polarización que llevó a la actual Presidenta a hablar frecuentemente durante la campaña de reconciliación parece profundizarse. No se ha dado un proceso de búsqueda de coincidencias, sino, por el contrario, en ocasiones se ha optado por la imposición del pensamiento único y de la descalificación del supuesto adversario. Nada más lejos de la auténtica conducta democrática.
Desde hace más de una década, desde diferentes foros se ha señalado que lo que este país necesita es menos política y más inversión, más trabajo. Al desarrollo humano, al progreso material, no se llega con eslóganes ni con planteamientos ideológicos. Los problemas de salud, educación, comunicaciones, etc. no se resuelven haciendo declaraciones solemnes, sino con estrategias que solo pueden definir los que saben de esos asuntos y no los acostumbrados a pronunciar discursos, y nada más.
Más allá de las palabras, tan fáciles de emitir, hacen falta hechos. Y, por lo menos en lo que tiene que ver con las decisiones tomadas en el Congreso sobre la ya mencionada ley, se ha notado claramente falta de decisión política para adecentar la impartición de justicia en el país. Además, preocupa el fin por el que no se ha respetado el espíritu de la propuesta original, ni se han tomado en cuenta algunas adiciones que la mejoraban. Hay tiempo para recapacitar, mientras llega el momento crucial en el que o se esfumarán o se confirmarán malos presagios para Honduras.
