El secuestro y asesinato de cinco jóvenes en la colonia capitalina Mirador de Oriente, que ha conmovido a la ciudadanía por la saña con que fueron ejecutados, nuevamente ha evidenciado que un creciente número de espacios geográficos, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula, han sido capturados por las maras, desalojando a propietarios de inmuebles para tomar posesión de los mismos, convirtiéndolos en desplazados internos, al tener que buscar refugio en otro sitio, a fin de proteger sus vidas, causándoles cuantiosos daños y perjuicios en sus economías familiares, además de la incertidumbre de dejar atrás amistades forjadas durante su convivencia de años y tener que buscar nuevo alojamiento en otra zona.
El daño provocado a la propiedad privada es el primer paso, para seguidamente tomar posesión de la totalidad del barrio o colonia, sometiendo a virtual toque de queda a sus moradores, que aterrorizados no se atreven a denunciar ni a cuestionar las órdenes que reciben de los delincuentes, las deben acatar o someterse a las represalias que pueden llegar al exterminio.
La promesa de la Secretaría de Seguridad de intervenir y recuperarlas ha quedado en eso: promesa. En tanto no se instalen postas policiales de carácter permanente en tales zonas periféricas, con retenes para el control del acceso a las mismas, las maras continuarán siendo el poder y la autoridad real en ellas, imponiendo su voluntad omnímoda a las y los moradores que, a falta de opciones, deben llamarse a silencio y convertirse, de hecho, en rehenes.
La carestía de vivienda en ambas ciudades se agudiza con tales capturas perpetradas por las pandillas que impunemente desafían a las autoridades, demostrando que los feudos que han creado están para quedarse, sin temor a eventuales desalojos por parte de las fuerzas del orden. Un sistema de vigilancia permanente les advierte cuando entran y salen de sus dominios, bien para ocultarse o bien para proceder a la expulsión.
Tal es el grado de control que ejercen vía el uso de la violencia, cual nuevos conquistadores, señores de horca y puñal, con la certeza de que, de hecho, poseen impunidad para continuar delinquiendo y ampliando su control sobre otras áreas urbanas.
Por eso, el gobierno hondureño debe inmediatamente sentarse a analizar qué han hecho bien y qué han hecho mal en lo relacionado a su política de seguridad y replantearla en los puntos que sean necesarios, con el solo objetivo de garantizar la seguridad de toda la población.
Tienen que actuar de inmediato para evitar que más personas sigan siendo víctimas de estas bandas criminales.
