La más grande isla del departamento insular hondureño -fundado el 14 de marzo de 1872- tiene una extensión superficial de 236 kilómetros cuadrados. Fue integrada de una vez y para siempre a la soberanía nacional a partir de 1861, con la firma del Tratado Cruz-Lenox Wyke por los delegados de los gobiernos hondureño y británico, respectivamente.
Durante más de un siglo, Roatán disfrutó de armonía, convivencia pacífica y prosperidad entre sus pobladores, independientemente de su etnia, credo religioso y cultura. Sus habitantes se dedicaban principalmente a la agricultura, la pesca, la navegación y el comercio.
El contar con un conjunto de atractivos naturales -playas, barrera coralina y clima tropical- favoreció el desarrollo turístico de Roatán, crecientemente visitada tanto por compatriotas procedentes de tierra firme como por extranjeros. Esto, a su vez, provocó el alza en el valor de tierras y viviendas, dando inicio a conflictos agrarios que continúan hasta el presente entre comunidades garífunas -cuya presencia data de 1797- e inversionistas foráneos.
La expansión turística ha traído consigo tanto beneficios como daños y perjuicios en la seguridad de las personas y sus bienes, en el medio ambiente y en las relaciones humanas. De una parte, ha generado divisas y creado empleos; de otra, ha ocasionado daños a la salud, derivados del procesamiento y venta de drogas y de enfermedades de transmisión sexual, amén de homicidios, prostitución, contaminación ambiental y problemas relacionados con el urbanismo.
La desaparición de la joven Angie Peña el 2022, cuyo paradero continúa en el misterio, y el asesinato del principal testigo protegido, Dereck McNeil, nuevamente ha puesto en alerta tanto a autoridades como a la opinión pública respecto a la existencia de redes criminales cuya base de operaciones es Roatán. Esas serían bandas dedicadas a diversas actividades ilícitas que van desde el secuestro y tráfico de personas, pornografía infantil, entre muchas otras, las que, incluso, contarían con la protección y complicidad de autoridades judiciales y policiales locales.
Hasta ahora han sido arrestados y permanecen en prisión tres ciudadanos estadounidenses y un hondureño, cuyo juicio se inicia este mes de septiembre, lo que permite vaticinar que las diversas pruebas acumuladas por el Ministerio Público permitirán ahondar en el modus operandi de tales redes, además de personas directa o indirectamente involucradas con las mismas.
Estos hechos trascienden al mundo y, sin duda, impactarán negativamente en el flujo de turistas. No obstante, el recuperar la paz social debe ser el tema prioritario para el Gobierno central y local. Una vez restaurada, es de esperar que, de nueva cuenta, retorne tanto la tranquilidad en Roatán al igual que su desarrollo económico, mismo que debe ser planificado y no caótico, tomando en cuenta la protección de sus habitantes y del equilibrio ecológico entre ellos y la Madre Naturaleza. Si se actúa en consonancia con estos imperativos, crecerá cualitativa y cuantitativamente la “industria sin chimeneas”.
