Los esfuerzos en la lucha contra la corrupción siguen esfumándose al chocar contra esos pactos siniestros entre malos ciudadanos, políticos pícaros, empresarios deshonestos e instituciones incapaces de cumplir con sus obligaciones de velar por los derechos y bienestar de la sociedad. Porque este año tampoco hemos avanzado en la lucha anticorrupción. Al contrario, vamos camino a aumentar esa reputación como país corrupto que nos hemos ido ganando a pulso, por doloroso y vergonzoso que resulte admitirlo.

El último capítulo lo agregó el Congreso Nacional cuando dio un nuevo zarpazo a la credibilidad en el sistema al exonerar a candidatos, movimientos internos y partidos políticos que no han cumplido con reportar los ingresos y gastos de sus campañas en las pasadas elecciones primarias. Les perdonó, amplió el plazo de los informes y bajó las multas de 50 a solo 10 salarios mínimos, un certero golpe a la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos o la Ley de Política Limpia.

Vamos a nuevas elecciones generales con 439 candidatos que no han dado cuenta sobre el financiamiento de sus campañas primarias como parte de los partidos Nacional, Liberal y Libre. Simplemente se salieron con la suya, se burlaron de la ley que busca evitar que el dinero sucio siga entrando a las campañas como donaciones, sea que venga del crimen organizado o de sectores que consiguen blindar sus intereses comprometiendo a los candidatos. Y aunque la medida “es temporal”, de un mes, el mensaje es terrible. Esa penetración de fondos ilegales en las campañas es una de las raíces de la corrupción y la impunidad, los flagelos que no dejan mejorar las condiciones de vida de los hondureños. Luchar contra esas plagas es vital para superar los niveles extremos de pobreza e inequidad, un compromiso que no estamos atendiendo, pese a los constantes llamados de la comunidad internacional, de las penosas caravanas de migrantes que ya no creen en el país ni en sus instituciones y de los durísimos índices de pobreza.

Ese retroceso a la Ley de Política Limpia fue aprobado por los diputados junto a otras reformas que arrastran serias preocupaciones de diversos sectores porque también pueden debilitar la lucha contra la corrupción —al limitar el acceso de la Fiscalía a información financiera, por ejemplo— y coartar el derecho a la reunión o a la protesta pacífica. Son acciones que tienen consecuencias y que nos llaman a defender el Estado de derecho y a fortalecer la democracia eligiendo a funcionarios comprometidos, que fomenten la confianza y trabajen para la prosperidad de todos.