Esta frase, acompañada de “Viva la muerte”, atribuida al militar franquista José Millan-Astray al inicio de la Guerra Civil en España, 1936, que significó, entre otros, el asesinato del poeta y dramaturgo Federico García Lorca, ha sido retomada por Daniel Ortega en Nicaragua al despojar de la nacionalidad, encarcelar y expulsar de su patria a lo más distinguido y representativo del pensamiento crítico de esa hermana y vecina nación.
Su arbitrariedad más reciente consiste en la confiscación de los bienes y la cancelación de la licencia para funcionar como centro de estudios superiores a la Universidad Centroamericana (UCA), fundada y administrada por la orden Jesuita, de merecido prestigio por su calidad de enseñanza y su cuerpo docente.
“Las medidas se toman en correspondencia a señalamientos infundados de que la Universidad Centroamericana funcionó como un centro de terrorismo, organizando grupos delincuenciales”, se dijo en un comunicado.
Tal disposición, que atenta contra la libertad de cátedra y la propiedad privada, representa la culminación del terrorismo de Estado dirigido contra la disidencia ciudadana y política que alza su voz de protesta en contra de las arbitrariedades del presente régimen, que por su corrupción y represión recuerda al que fue derrocado por una alianza de fuerzas en 1979: el Somocismo.
Uno y otro practicaron el saqueo de bienes públicos, el empleo de fuerzas policiales, militares y paramilitares para reprimir a su pueblo de manera cada vez más generalizada, indicativo de su creciente intolerancia y temor a la oposición cívica colectiva.
Tras esa arrogancia e intolerancia se esconde el temor a su propio pueblo, que a lo largo de su historia ha escrito páginas heróicas de lucha contra invasores extranjeros y déspotas locales.
Las voces de solidaridad y repudio, continental y mundial con la oposición son cada vez más amplias y alientan a los hoy reprimidos para no dejarse vencer por la violencia cada vez más frecuente y severa de Daniel Ortega y secuaces, que han traicionado los ideales y praxis de la Revolución Sandinista.
Y quienes se llaman a silencio, sean gobiernos o particulares, se convierten de hecho en cómplices de los verdugos del hermano pueblo nicaragüense.
Tal como señala el comunicado de la jefatura provincial centroamericana de la Compañía de Jesús: “...se trata de una política gubernamental que está violando sistemáticamente los derechos humanos y parece estar orientada a consolidar un Estado totalitario.”
