Las cifras recién divulgadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), incluidas en la Encuesta de Hogares número 84, revelan que, en comparación con 2025, el nivel de pobreza de nuestros compatriotas se incrementó hasta alcanzar el 61.1 % de la población, equivalente a 76,929 hogares.
La tasa de desempleo aumentó a 7.1%, lo que representa 290,314 personas, frente al 4.9% registrado en 2025. En el país están empleadas 3,795,263 personas, principalmente en el sector privado, que concentra el 53.3%; un 29.1% trabaja por cuenta propia, mientras que el sector público representa el 6.7% de la población ocupada.Si bien el ingreso promedio mensual de las personas empleadas aumentó de L9,682 en 2025 a L10,356 en 2026, lo que representa un incremento del 6.9%, esta cifra alcanza L12,167 mensuales en las áreas urbanas y L7,609 en las rurales.
Tales cifras deben tomar en cuenta el incremento en los precios de los alimentos y combustibles, además del deslizamiento de nuestra unidad monetaria con respecto a la estadounidense, ubicándose ya en L27 por dólar. A ello debe sumarse el alza en la Tasa de Política Monetaria (TPM) por parte del Banco Central de Honduras a partir del 21 del corriente mes, aumentando las tasas de interés bancario para préstamos comerciales y de consumo.
Las implicaciones económicas y sociales de tales hechos deben ser motivo de atención para todos y todas: sector público y privado, sociedad civil, organizaciones privadas de desarrollo, defensores de los derechos humanos, academia y, por supuesto, el conjunto de nuestros compatriotas.No resulta alarmista afirmar que, a mayores niveles de desigualdad socioeconómica, ocurren alzas en las tasas delictivas, con ello elevando la inseguridad de las personas y sus bienes.
El incremento mundial en los precios del petróleo y sus derivados incide de múltiples formas en la economía, alimentando procesos inflacionarios que neutralizan cualesquiera incrementos salariales alcanzados.
Como si no fuera suficiente, el calentamiento global pasa factura, provocando, por un lado, sequías prolongadas que afectan la disponibilidad de agua para el consumo y el riego y reducen la producción de alimentos y carnes; y, por otro, inundaciones, colapso de viviendas y derrumbes que incomunican carreteras y caminos y afectan a los centros poblados. Este panorama -por demás sombrío- requiere de una tregua prolongada en el quehacer político partidario, consumidor de recursos y tiempo, para hacer frente de manera inteligente, planificada y coordinada a las coyunturas actuales que obligan a cerrar filas para poder sobrevivir con posibilidades de alcanzar en el mediano plazo una urgente recuperación y rehabilitación del desarrollo humano y crecimiento económico de la nación.
Se impone la unidad y no el divisionismo; el trabajo creativo y no la demagogia; la integración y no la desintegración; la honestidad y la transparencia y no la corrupción ni la impunidad; la paz social y no la violencia criminal; el humanismo solidario, no el egoísmo y la indiferencia; el bien común antepuesto al egoísmo y el hedonismo.
