Las distintas irregularidades derivadas de la puesta en práctica de las elecciones primarias e internas del pasado domingo 9 de marzo deben servir de guía para superarlas de cara a las generales, a realizarse en el mes de noviembre, mismas que deben resultar totalmente eficientes y transparentes para recuperar la credibilidad del proceso, hoy justificadamente cuestionado por la ciudadanía.
Se requiere, desde ahora, además de un análisis exhaustivo de los yerros observados, el iniciar con la debida antelación una planificación lo más detallada posible que incluya la adecuada preparación del recurso humano, la logística con que se contará, los financiamientos necesarios -cada vez más elevados-.
Un previo ensayo a nivel nacional resultará sumamente útil como entrenamiento que detecte diversas limitantes y cómo poder remontarlas para no repetirlas, involucrando tanto al personal del Consejo Nacional Electoral como al de las Fuerzas Armadas y a las empresas de transporte que serán contratadas. Será un simulacro y ejercicio necesario que contribuirá a no volver a repetir lo recién ocurrido, deficiencias que originan descontento y malestar generalizado en los votantes, además de incertidumbre, dañando la credibilidad y legitimidad del proceso electoral y coartando la plena participación ciudadana.
La democracia electoral debe ser consolidada y fortalecida, para lo cual los insumos y retroalimentación de la sociedad civil desempeña un papel clave, al igual que la efectiva subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil, haciendo efectiva su apoliticidad y obediencia, sin ser deliberantes, tal como lo manda nuestra Constitución política.
Resulta conveniente que el Consejo Nacional Electoral, cuyos integrantes carecen de previa experiencia, solicite a la brevedad la asesoría de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, organismos que cuentan con agencias especializadas en materia electoral y con amplia experiencia en ese rubro.
En noviembre, la ciudadana de nueva cuenta hará uso del derecho a elegir en las urnas a las autoridades que regirán los destinos de la nación a partir de enero de 2026. Deben quedar totalmente superados vicios crónicos: violencia, intimidación, compra de votos, financiamiento por parte del crimen organizado y poderes fácticos, clientelismo electoral, para poder, finalmente, alcanzar un sistema democrático y un Estado de derecho en que la seguridad ciudadana, justicia, transparencia, equidad, honestidad, respetuoso de la plena vigencia de los derechos humanos sean una cotidiana realidad: más y no menos democracia participativa debe ser el objetivo y la meta a implementarse aquí y ahora.
