Los crecientes niveles de violencia e inseguridad prevalecientes en los departamentos caribeños de Honduras, especialmente los de Atlántida y Colón, en que la zozobra, inseguridad de las personas y sus bienes, incertidumbre colectiva respecto al presente y futuro, han motivado a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras a la apertura de una segunda oficina especializada en nuestro continente, después de la establecida en Colombia, otra nación con similares condiciones de prolongada violencia institucionalizada en la América Latina, la región del mundo con mayores contrastes entre opulencia y miseria.
Su sede estará ubicada en la ciudad-puerto de La Ceiba, y desde allí realizará labores de acompañamiento, asesoramiento y monitoreo en la defensa y vigencia de los derechos humanos de grupos vulnerables, que incluyen campesinos, comunicadores, ambientalistas amenazados, hostigados y asesinados por bandas delictivas que van desde narcotraficantes que amplían las zonas de cultivo de la coca y la marihuana, apoderándose de tierras comunales y privadas para tal propósito, grupos paramilitares que desafían poniendo en jaque la presencia, autoridad y controles estatales y sus órganos de seguridad, causando muertes y desplazamientos internos que quedan en total impunidad, tal como lo confirma la eliminación física del ambientalista Juan López, la más reciente perpetrada en esta zona geográfica.
Sus labores son amplias, e incluirán la puesta en vigencia del Mecanismo de Protección, mismo que, pese a ser creado hace diez años, se encuentra inactivo para la efectiva salvaguarda de grupos defensores de los derechos humanos y tierras comunales; entre ellas, las de las comunidades garífunas.
Paralelamente, el dar seguimiento al convenio de quince puntos firmado por el presente Gobierno con los sectores organizados del Aguán en 2022, región afectada desde hace décadas por enfrentamientos y homicidios entre grupos e intereses antagónicos respecto a la tenencia del agro.
Esta oportuna decisión de las Naciones Unidas merece tanto la bienvenida y apoyo total por parte de las autoridades y la población, brindándole todo tipo de colaboraciones para su labor de asistencia técnica, asesoramiento tanto a las agencias oficiales como a la sociedad civil en la implementación de políticas y programas en defensa de los derechos humanos en procura del respeto y plena vigencia de los mismos, de esa manera contribuyendo a la justicia y la paz social, hoy en extremo debilitadas por la criminalidad, la codicia y la violencia.
