La ausencia de jefes de Estado en la novena Cumbre de las Américas, que recién se realizó del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, ha sido la polémica que la marcó: los presidentes de Bolivia y Honduras se sumaron al boicot de México; los de Guatemala y El Salvador no asistieron por temas de sus propias agendas; tampoco participó la comunidad de Estados caribeños y el de Uruguay se excusó por motivos de salud. Así acabó el evento continental, cargado de fricciones y reclamos, arrastrando vacíos y con el ego estadounidense herido.

En el caso de Honduras resulta inútil alargar el debate sobre la no presencia de la presidenta Xiomara Castro, un desaire que, probablemente, tendrá consecuencias para el país, para los hondureños que viven en Estados Unidos o para quienes van en camino. Asistir era parte de su trabajo, una oportunidad valiosa para hacerse oír, comparar experiencias y traer una visión más amplia de cómo otras naciones están enfrentando los grandes problemas que afligen a todo el continente. Pero esa ocasión la perdió y así como es blanco de críticas hay quienes defienden su elección.

Lo que queda ahora es repasar las conclusiones de la reunión, comenzando por la “Declaración de Los Ángeles” que hace un llamado a los gobiernos a crear más empleos, fortalecer sus fronteras y facilitar vías legales para recibir a inmigrantes, mientras compromete a Estados Unidos a ampliar su cuota de refugiados de las Américas a 20,000 para 2023 y 2024 —priorizando a los haitianos—, y a cumplir su promesa de traer inversión. Igual queda el compromiso de una mayor apertura para recibir a más trabajadores temporales, tanto en tierra estadounidense como en Canadá, y a prevenir los “abusos” en su contratación.

El acuerdo, firmado por 20 líderes, sella también la responsabilidad de los gobiernos de apoyar a las poblaciones más afectadas por la migración, trabajar en una coordinación más precisa, en una gestión más humana en las fronteras y hacerlo con programas sociales y económicos. Se trata de “una hoja de ruta para manejar los grandes flujos migratorios”, según analistas que consideran el acuerdo como un logro significativo. Todos los firmantes, de acuerdo al documento, aceptaron expandir las oportunidades de migrar legalmente para contener la llegada de indocumentados que arriesgan sus vidas por rutas peligrosas.

En resumen, se trata de compromisos para mejorar las condiciones de los miles de migrantes que huyen de países como Honduras, un enorme desafío que debe atenderse con urgencia y que, desde luego, está por encima de cualquier sentimiento ideológico.