Con la prueba infraganti la agilidad de la justicia debiera iniciar una carrera contrarreloj para dictar sentencia y así dar muestras de cambio que en este caso será muy bien recibido, pues el paso de tortuga en los asuntos de los tribunales pudiera mostrar un primer ejemplo del cambio anunciado y pregonado. El delito contra una menor ya debiera haber abierto la posibilidad en la fiscalía de acción de manera que la sentencia y las posibles apelaciones cumplan las formas, pero que no distraigan del fondo, de la gravedad por el abuso de una menor.
Adelante con las investigaciones, pero ya hay materia para una primera sentencia que debe ser no solo inmediata sino claramente enfilada a hacer justicia con los ojos vendados no sea que el origen y la nacionalidad de las personas inclinen la balanza en detrimento de la ya deteriorada confianza en el desempeño de los tribunales.
Ahora es el momento de apreciar y considerar en el marco de la ley el hecho inmediato descubierto. Lo que falta tras los hallazgos con identificación y captura de responsables es una tarea delicada, pues las investigaciones exigen confidencialidad que no es lo mismo que “dejar hacer, dejar pasar” como parece estaba ocurriendo en el departamento insular. Esa mafia de la trata de personas y del turismo sexual debe ser erradicada por alto que pueda ser el costo, pues va en ello la seguridad de muchachas jóvenes, adolescentes y niñas. Un no y no muy alto debiera hacerse sentir en la población isleña.
Claro que todo ello está emparejado a la fortaleza de la policía, a la disponibilidad de recursos y, sobre todo, a la honestidad de cada uno de los sus miembros, pues el hampa conoce bien cuáles son las debilidades y como financiar la impunidad de sus acciones delictivas, de manera que hasta presentan cara “bonita” no pocas veces con ayudas y beneficios a la sociedad.
Acción rápida en los tribunales es la demanda de la justicia, pues en la medida en que se vaya retrasando el proceso e, incluso, se conozcan injerencias el aumento de la desconfianza seguirá marcando la vida de los hondureños en la institucionalidad, lo cual conduce a la inequidad que es al camino de la desigualdad ante la ley, de favoritismo y exclusiones. ¡Basta ya!
La oportunidad está al alcance de la mano y si es cierto que hay que cumplir el debido proceso, los hondureños necesitamos decisiones ágiles en los tribunales que se apeguen al principio jurídico de que “justicia tardía no es justicia”.
No hay espacio ya en los archivos, pero sí en la memoria, de los casos que han dormido no una siesta, sino eternidad de noches.
