Primeras medidas de “Tito” Asfura definirán si migratorio
Comportamiento migratorio dependerá mucho de cómo el nuevo gobierno actúe. Decisiones sobre empleo, seguridad, programas sociales y cooperación serán clave para contener o estabilizar
- Actualizado: 13 de enero de 2026 a las 21:00 /
La migración hondureña hacia Estados Unidos ha sido un tema constante en la agenda política, y con la llegada del nuevo gobierno del nacionalista Nasry Asfura, la atención se centra en cómo evolucionará este problema de décadas, cómo incidirá la relación con Washington y qué pasará con el Estatus de Protección Temporal (TPS).
El Gobierno hondureño asegura que el flujo de migrantes ha registrado una reducción durante los últimos años, con menos detenciones en la frontera y menor número de personas viajando de manera irregular. A juicio de funcionarios, esta tendencia se debe a políticas de control migratorio regional y programas locales de empleo y reinserción de retornados.
De acuerdo con estadísticas del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras (Conmigho), entre 2015 y 2025, Honduras experimentó fluctuaciones significativas en el número de hondureños deportados o retornados al país. Los datos históricos muestran que el año 2019 registró el mayor número de deportaciones/retornados con 109,185 personas, un pico relacionado con políticas migratorias más estrictas en Estados Unidos y el aumento de flujos migratorios durante esa época.
En 2020, debido a la pandemia de COVID-19 y a las restricciones de movilidad, la cifra cayó drásticamente a 36,588, representando la menor cantidad en ese período. Posteriormente, durante el 2021 y 2022, las deportaciones se recuperaron, alcanzando 52,968 y 88,555 respectivamente, mostrando la reactivación de los flujos migratorios y de las políticas de deportación.
A partir de 2023 se observó una tendencia descendente en las cifras, con 58,759 deportados en 2023, 45,357 en 2024 y 34,220 a octubre de 2025. Si se suman los datos de los últimos tres años, el total de retornados/deportados superó los 138,000.
El análisis de la procedencia de los deportados entre 2023 y marzo de 2025 muestra que Estados Unidos fue, con diferencia, la principal fuente de deportaciones y retornados, aportando 82,261 personas, es decir, aproximadamente el 74% del total. México ocupó el segundo lugar con 27,612 deportados, mientras que Guatemala, Belice y otros países aportaron cifras marginales que no superan el 1% del total.
Esto muestra que casi la totalidad de los retornos provino de América del Norte, mientras que los flujos desde Europa y Sudamérica fueron prácticamente simbólicos.
En términos generales, la mayoría de los retornados son deportados forzadamente, especialmente desde Estados Unidos y México, aunque una pequeña proporción corresponde a retornos voluntarios o asistidos. Los datos muestran un patrón geopolítico muy concentrado, donde las políticas migratorias de Estados Unidos tienen un impacto directo y significativo en Honduras.
Objetivos diplomáticos
Para los próximos cuatro años, la cercanía política que Asfura Zablah mantendría con Washington genera expectativas de una mayor cooperación bilateral en materia migratoria y de seguridad. Si bien se prevé que esta relación pueda facilitar el diálogo sobre programas migratorios y acuerdos de trabajo temporal, no garantiza decisiones automáticas respecto al estatus migratorio, como el TPS, entre otros casos.
El TPS ha sido un recurso vital para miles de hondureños en Estados Unidos, pero su renovación ha estado llena de incertidumbre. La designación vigente expiró en 2025 y se activaron extensiones temporales mientras se espera un fallo de un proceso judicial.
La mirada está puesta en que Honduras replique los beneficios alcanzados por El Salvador, cuyo presidente Nayib Bukele se alineó a la política de Trump, alcanzando que Estados Unidos no eliminara el beneficio en una ola de cancelaciones contra siete países, incluyendo Honduras.
El estatus para salvadoreños está vigente, según disposiciones actuales del Departamento de Seguridad Nacional, hasta el 9 de septiembre de 2026, siempre que beneficiarios cumplan con proceso de reinscripción obligatoria en plazos establecidos por autoridades migratorias.
Sin embargo, el contexto de Honduras es diferente. Lo que sí es probable es que el nuevo gobierno busque acuerdos específicos con Estados Unidos que incluyan programas de trabajo temporal, cooperación en seguridad y mecanismos de retorno asistido para migrantes, intentando estabilizar flujo migratorio de manera similar, pero no idéntica, a la experiencia salvadoreña.
El comportamiento migratorio de los hondureños hacia Estados Unidos, aún con la nueva administración gubernamental, seguirá siendo un tema de preocupación constante, pues los datos exactos sobre las salidas del país son limitados.
Según César Ramos, sociólogo de la Comisión de Acción Social Menonita (Casm), “no hay estadísticas reales para dimensionar con precisión la migración de hondureños, pero podemos asumir que, al igual que se redujo casi un 90% el número de migrantes en tránsito en 2025, probablemente ocurrió lo mismo con los que buscaban llegar a Estados Unidos”.
Ramos agregó que en cuanto al retorno, durante el cierre del mismo año se registraron 42,918 hondureños deportados o retornados, cifra que no difiere mucho de años anteriores. Esto, según el experto, muestra que el incremento de emigrantes retornados “no fue tan pronunciado como se esperaba, incluso cuando el Gobierno de Estados Unidos implementó medidas más estrictas bajo la administración de Donald Trump”.
En ese contexto, el Gobierno de Honduras declaró una emergencia migratoria en 2025 e implementó el programa “Hermano vuelve a casa”, aunque la crisis anticipada no se materializó. “Se esperaba un aumento masivo de retornos, pero los flujos se mantuvieron similares a 2024, las políticas de persecución en Estados Unidos afectaron, pero no generaron el desastre que se pronosticaba”, señaló Ramos.
Sobre la influencia de la nueva administración estadounidense, el académico indicó que “una gestión cercana a Washington podría generar esperanza si se realizan las labores diplomáticas necesarias para lograr algunos acuerdos. Si la situación política y económica en Honduras mejora, no hay razón para que tanta gente quiera migrar, todo dependerá de las acciones del nuevo gobierno para contener la migración”.
Recalcó que Estados Unidos tiene una política clara, independientemente de quién esté gobernando en cualquier país, aunque sea afin. A su criterio, el que haya una administración nacionalista puede generar esperanza, pero será necesario llegar a acuerdos urgentes, porque si la situación no mejora, la gente buscará salir.
Ramos opinó que, aunque la migración durante el último año disminuyó, no se debió necesariamente a gestiones del propio gobierno, sino a la coyuntura generada por la llegada del presidente Donald Trump. “La diferencia entre distintos gobiernos en términos de migración no ha sido significativa, el actual gobierno, más bien, adoptó una posición ideológica confrontativa con Estados Unidos, lo que terminó echándole más leña al fuego”, reflexionó.
Entre las medidas que considera prioritarias, Ramos mencionó: “Mayor inversión, generación de empleo, programas sociales, apoyo a micros, pequeñas y medianas empresas, control de precios, estabilización económica y seguridad ante extorsión y pandillas”. También enfatizó la importancia de la reinserción de quienes retornan y de iniciar diálogo con autoridades estadounidenses para proteger a los hondureños en su país.
Por su parte, Liliana Reyes, directora de Movilidad Humana del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), coincidió en que “hemos tenido una disminución de la migración en tránsito, y aunque no hay estadísticas oficiales sobre la salida de hondureños del país, observamos un incremento en deportaciones, lo que indica un impacto en los flujos hacia Estados Unidos”.
Reyes vaticinó que durante los próximos años, “Estados Unidos mantendrá políticas migratorias fuertes, un compromiso que la administración Trump no modificará. Aunque pueda haber acercamiento para beneficios como el TPS y su renovación, no veo flexibilidad sustancial”.
A su parecer, la migración en tránsito se mantendrá en niveles similares a los de 2025, ya que no se espera un aumento. Externó que muchas personas no se sienten seguras de emprender un viaje hacia un país donde podrían ser deportadas automáticamente y donde no podrían establecerse.
“No invertirían en un viaje a un destino donde no podrán permanecer, además, las redadas frecuentes desalientan la migración”, señaló. Por ello, considera necesario que el nuevo gobierno gestione la apertura de visas de trabajo, revise los aranceles o restricciones comerciales y se encargue de abrir puertas que se cerraron.
Según la especialista, muchos que están empleados el nuevo gobierno quedarán desempleados y posiblemente la única alternativa será migrar, y no necesariamente hacia Estados Unidos, sino que hacia México, Costa Rica, Panamá, Nicaragua o España, dependiendo de la situación laboral y social en Honduras de ahora en adelante.
Futuro migratorio
Aunque la llegada de una nueva administración en Estados Unidos genera expectativas entre los hondureños, la migración continuará determinada por factores económicos, sociales y de seguridad dentro del país. Según entrevistados, el primer año del nuevo gobierno será clave para mostrar cambios concretos que puedan influir en la decisión de las familias de permanecer o salir de Honduras.
La analista en migración y derechos humanos, Itsmannia Platero, advirtió que, aunque los flujos migratorios hacia Estados Unidos hayan disminuido sobre todo durante el último año, la migración hondureña sigue activa, pero con rutas y dinámicas diferentes, marcadas por riesgos y explotación en tránsito.
Platero comentó que “no hay salidas masivas, y aunque algunos llegan a México, los fenómenos de trata de personas y violencia han incrementado. Muchos migrantes hondureños han muerto o quedado heridos en el camino, y los que logran llegar se enfrentan a la falta de empleo y documentos, lo que los obliga a abandonar los lugares donde vivían y a refugiarse en albergues”.
La experta enfatizó que la militarización de fronteras y las "cacerías de migrantes" en Estados Unidos tras la llegada de Donald Trump en enero del año pasado, han reducido la entrada irregular hacia ese país, pero no han solucionado los problemas estructurales de Honduras que empujan a la migración, como la pobreza, la violencia, la falta de empleo y las oportunidades.
“La caída del flujo migratorio ha sido del 88%, pues tampoco están pasando en países como Panamá y Costa Rica, y los que logran salir del país a menudo quedan en mendicidad”, agregó Platero.
Según aseguró, la migración hondureña es imparable porque las causas que la generan siguen presentes. Con la llegada del Gobierno de Nasry Asfura se espera que se enfoque en seguridad y empleo, pero la efectividad dependerá del apoyo que reciba de Estados Unidos, especialmente de figuras clave como el secretario de Estado, Marco Rubio.
“Asfura tendrá que adaptarse a las exigencias de Washington, incluyendo derechos humanos y colaboración con las políticas estadounidenses, pues los migrantes podrían ser devueltos desde Estados Unidos si no se cumplen ciertos acuerdos”, señaló.
Platero previó que Asfura enfrentará un país con problemas estructurales aún más profundos que los que recibió Xiomara Castro, y que su capacidad de gobernar dependerá de negociaciones estratégicas para obtener apoyo económico y asistencia técnica.
Aunque el flujo hacia Estados Unidos esté restringido, agregó, Honduras seguirá recibiendo población migratoria de otros países, dado que se ha convertido en un tercer país seguro.
“El patrón migratorio se mantiene como un ‘flujo de goteo’, la gente no puede ingresar a Estados Unidos y se dirige a México como un nuevo horizonte. Las causas estructurales no han desaparecido, solo hay que adaptarse a la nueva realidad y negociar cuidadosamente con la administración estadounidense”, señaló Platero.
En su visión, los próximos cuatro años estarán marcados por un blindaje de fronteras, retorno de migrantes a terceros países y la necesidad de que Honduras reciba apoyo internacional para gestionar este problema.
El presidente electo Nasry Asfura viajó el pasado domingo a Estados Unidos, donde el lunes fue recibido en Washington por altos cargos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como por el secretario de Estado, Marco Rubio. Asfura había anunciado que tenía previsto viajar a Estados Unidos para estrechar las relaciones con ese país, que es el principal socio comercial de Honduras.
El presidente de la Fundación 15 de Septiembre en Estados Unidos, Juan Flores, manifestó que el nuevo gobierno recibirá un panorama complejo en materia migratoria, especialmente por la situación del TPS y de los hondureños en centros de detención.
Flores señaló que más de 55,000 hondureños dependen del Estatus de Protección Temporal, y que muchos enfrentan condiciones difíciles en los centros de detención, algunos llevan más de cinco meses e incluso más de un año sin asistencia consular, y hasta han muerto bajo custodia del ICE, como el caso del ciudadano Luis Beltrán Yánez, quien perdió la vida el 6 de enero en el Hospital John F. Kennedy Memorial en California, luego de ser ingresado por complicaciones de salud relacionadas con el corazón.
“Nasry Asfura hereda un serio problema en Estados Unidos, y su relación con Washington es clave para abordarlo”, aseguró Flores.
La importancia de estas relaciones se muestra en que la Fundación apeló por un cambio de gobierno y buenas relaciones con Estados Unidos, debido a que actualmente no hay embajador hondureño en Washington, lo que ha dejado a la comunidad hondureña en una situación de vulnerabilidad.
Flores dijo que muchos hondureños, especialmente los de mayor edad, consideran difícil su permanencia en Estados Unidos debido al alto costo de vida y las limitadas oportunidades. Existe un grupo que desea retornar a Honduras, pero espera señales del nuevo gobierno para tomar decisiones seguras y preparadas.
“Necesitamos que se implementen políticas públicas y beneficios que alivien su mensaje y les brinden certezas sobre su estatus”, añadió.
A finales de diciembre de 2025, una jueza federal en Estados Unidos frenó la decisión de terminar el TPS para ciudadanos de Honduras, Nicaragua y Nepal, decisión que había sido impulsada por la administración estadounidense anterior. Esto significa que la cancelación del programa quedó en pausa mientras sigue en litigio en tribunales, lo que constituye un alivio jurídico para miles de personas beneficiarias
Este fallo ha sido importante porque, sin una orden judicial, muchos hondureños habrían perdido automáticamente su estatus migratorio y la protección frente a la deportación, dejándolos en situación vulnerable.
Gracias a la orden judicial y a decisiones administrativas recientes, los permisos de trabajo de los hondureños con TPS se han extendido automáticamente. Esto permite que incluso quienes tienen documentos con fechas vencidas sigan trabajando legalmente en Estados Unidos mientras la medida se mantiene vigente.
Flores expuso que es necesario que el nuevo presidente plantee una estrategia sólida para recuperar y garantizar el TPS, ya que existe la posibilidad de apelación por parte del Gobierno y el caso se eleve hasta la Corte Suprema, lo que podría no favorecer a los beneficiarios.
“Se espera la reacción del nuevo gobierno, y que pueda aprovechar sus buenas relaciones con Estados Unidos para garantizar el beneficio migratorio a los hondureños”, concluyó el líder la comunidad migrante.
La situación del TPS no está totalmente resuelta, el Gobierno ha intentado terminar el estatus para los beneficiarios, argumentando que las condiciones en Honduras ya no justificaban la protección temporal; sin embargo, organizaciones de derechos civiles y grupos de defensa de migrantes impugnaron esta decisión en los tribunales, señalando procedimientos incorrectos o decisiones prematuras sin evaluación completa de las condiciones reales en sus países de origen.
La cantidad de hondureños beneficiados puede variar levemente por registros del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, actualizaciones de reinscripción o personas que han cambiado de estatus (por ejemplo, obteniendo residencia permanente).
