En mayo de 1967, el Secretario Ejecutivo del Consejo Superior de Planificación Económica (CONSUPLANE), Ingeniero Miguel Ángel Rivera, envió carta al presidente de la República, general Oswaldo López Arellano, contentiva tanto de una evaluación del Plan Nacional de Desarrollo 1965-1969 y los factores de distinto tipo que impedían su plena aplicación.
“Muchas de esas causas de demora se deben a vicios profundamente arraigados en la administración pública (...) es indudable que todas esas áreas podrían alcanzarse niveles de eficiencia muy superiores a los actuales si existiera en los escalones superiores de nuestra administración pública una intensa, decidida y persistente voluntad de progreso”. Adicionalmente, se refería el grado de politización y “proselitismo personal” emanado de la secretaria del Despacho Presidencial, presidida por Ricardo Zúniga Augustinus.
Este valiente documento le costó al firmante su destitución, pero quedó constancia ante la opinión pública de su entereza y patriotismo.
Traemos a colación dicho memorándum, ya que su contenido se aplica al actual régimen presidido por doña Xiomara Castro. Varios de sus ministros han demostrado manifiesta incapacidad y desinterés en áreas claves para el bienestar colectivo, más interesados en promoverse en sus aspiraciones personales o vegetar que en el ejercicio pleno y profesional de las altas responsabilidades a ellos (as) encomendadas.
Adicionalmente, el asesor principal de su gobierno interfiere diaria y negativamente en la toma de decisiones fundamentales de máxima trascendencia a lo interno y externo, con serias repercusiones.
La titular del Poder Ejecutivo posee suficiente talento y personalidad, logrando hasta ahora superar la mayoría de retos que se han presentado, para finalizar su mandato el 25 de enero de 2006 con eficiencia y responsabilidad, siempre y cuando cuente con un equipo de colaboradores que se dediquen con dedicación a tiempo completo, talento y honestidad a la puesta en práctica de sus respectivos planes operativos, de manera coordinada.
Quienes utilizan su alto cargo con fines proselitistas, deben de inmediato presentar su renuncia y ceder el puesto a quienes sí trabajan y actúan en función del bien común.
De no hacerlo, deben ipso facto ser destituidos, no importando su grado de amistad y/o parentesco con la mandataria.
En ultima instancia, es a ella a quien la historia juzgará, en función de aciertos y desaciertos cometidos durante su cuatrienio.
