Pese a la legislación emitida en pro de su protección: Decreto 18-2024, zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras, no se avanza en su implementación: Política Nacional para una Industria Minera Responsable y Justa; creación del Juzgado de Letras Penal con competencia territorial nacional en materia de protección ambiental; prohibición y orden de destrucción de la narco carretera en La Mosquitia.
El hecho es que “la situación de las personas defensoras ambientalistas se caracterizó por la persistencia de intimidación, amenazas, criminalización, hostigamiento, impunidad, asesinatos, con la colusión entre actores estatales y privados (...), por regla general las denuncias no reciben respuesta efectiva de las autoridades (...), el hostigamiento incluye vigilancia policial y militar, especialmente en zonas en donde existen conflictos por megaproyectos”.
Así, pese a haberse aprobado legislación para la protección del medio ambiente, incluyendo la Política Nacional para una Industria Minera responsable y justa,
“el gobierno tolera constantes violaciones de la industria extractivista a las mismas regulaciones y vedas temporales que el mismo gobierno decreto, evidenciando la contradicción entre medidas progresivas y tolerancia gubernamental”.
Si en el 2023 perdieron la vida Aly y Oscar Domínguez, Jairo Bonilla, en Tocoa, el 2024 corrieron igual destino Santos Banegas, afiliado a la Cooperativa Agropecuaria de Campesinos Brisas del Aguán, Marvin Dubón, de la Cooperativa Agropecuaria de Campesinos Tranvio, Olman Omar García Ortiz, del Movimiento Campesino Ceibita Way, Juan Antonio López, Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, todos vecinos de Tocoa, y Selvin Noe García Pérez, Cooperativa Brisas del Aguán, Bonito Oriental, Colón.
Ocurrieron 47 conflictos socioambientales en 10 departamentos, especialmente en Atlántida, Colón, Yoro, La Paz, Francisco Morazán, relacionados con industrias extractivas en minería, petróleo, forestal, monocultivos extensivos para uso industrial o de exportación, generación de energía renovable (hidroeléctrica, eólica, no renovable, complejos turísticos o habitacionales de apropiación extensiva de territorios, enclaves extranjeros ilegales e inconstitucionales.
Esta detallada información está incluida en el Informe sobre la situación de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos 2014, elaborado por la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI-Participa).
