Los compatriotas son parte de inmigrantes de una docena de países que suman unos 400,000 tepesianos que piden al Gobierno y al Congreso los incluyan en la legislación de empleos e infraestructura, una acción agónica en momentos críticos, cuando las designaciones de TPS para El Salvador, Nicaragua, Haití y Honduras expiran el próximo 4 de octubre.
Con justa razón, activistas de la Alianza Nacional TPS exponen argumentos sólidos para sus peticiones, empezando porque muchos han esperado por más de 20 años por una acción legislativa que les otorgue la residencia permanente y optar por la ciudadanía, anhelo que parece se ha esfumado para quienes entraron ilegalmente al país.
Esa desilusión la selló el reciente fallo de la Corte Suprema, que indica que esa legalidad —tener TPS— no es suficiente para enmendar que se entró ilegalmente al país, un escollo para unos 42,000 tepesianos hondureños de los 44,000 que gozan de ese estatus de trabajo temporal.
Para mantener su mensaje y que no se olviden de su situación migratoria, los tepesianos se están moviendo en California, Texas, Florida, Connecticut, Carolina del Norte y Washington D.C., donde han pedido se impulse un proyecto de ley que los pueda sacar de las sombras.
El TPS, creado por legislación en 1990, ha dado una residencia legal temporal a quienes llegaron a Estados Unidos escapando de desastres naturales, huyendo de la violencia y la persecución, permitiendo que los más de 400,00 inmigrantes trabajen incluso dando su aporte durante la pandemia de covid-19 en trabajos esenciales.
El Gobierno hondureño debe sumarse a esta campaña que libran estos compatriotas en Estados Unidos, haciendo eco de la visión del presidente Biden, que ofreció trabajar por un sistema migratorio “justo, humano y funcional”. Los tepesianos urgen ese apoyo.