La única manera de vencer la desconfianza y el escepticismo que prevalece en la mayoría de los hondureños, producto de tantas experiencias frustrantes del pasado, descansa en la conducta de los protagonistas de la selección de la nueva Corte Suprema de Justicia.
Hasta ahora, y desde que muchos hondureños tenemos memoria, la “elección” de los 15 magistrados no ha sido más que una repartición de puestos entre los partidos políticos con el mayor caudal electoral, y tomando en cuenta qué partido ostenta el Poder Ejecutivo del Estado. Así, cuando el Partido Liberal detentaba la Presidencia de la República, la presidencia del Poder Judicial le correspondía de manera automática, así como el nombramiento de 8 de los magistrados. La misma lógica se seguía cuando era el Partido Nacional el que resultaba vencedor.
La situación actual resulta novedosa, ya que la composición del actual Congreso Nacional no le da mayoría automática a ninguna de las fuerzas política en él representadas. De modo que, si se continúa con la costumbre de las últimas décadas, haría falta una compleja negociación, pues la “repartición” resultaría más laboriosa y difícilmente dejaría satisfechas a cada una de las partes.
Por lo anterior, y este es un reclamo de la ciudadanía, se debe aprovechar la coyuntura para que, por primera vez en la historia, se dé una elección absolutamente transparente; los intereses de la nación se privilegien por encima de los partidos, y mujeres y hombres verdaderamente probos, realmente honorables, lleguen a impartir justicia desde el más alto tribunal del país.
Si al final se desoye la voz de la gente y se termina eligiendo una Corte plegada al Poder Ejecutivo y, por lo tanto, encabezada por una de las figuras cercanas a ese Poder, cundirá la frustración y el desencanto, y las esperanzas de una auténtica renovación en el Poder Judicial no habrán sido más que un sueño fallido.
No hace falta llevar a cabo encuestas para reconocer que al pueblo hondureño le hace falta recuperar la confianza en sus instituciones, que las aspiraciones de un cambio real tropiezan, una y otra vez, con las acciones de una clase política que, una vez pasados los procesos electorales, echan al saco del olvido planes y promesas de gobierno. En esta ocasión, la transparencia fue una reiterada promesa de campaña del partido que, en alianza con otras fuerzas políticas, conquistó la Presidencia de Honduras. De modo que lo que el pueblo espera no es nada que no se haya ofrecido. Así que todos aquellos hondureños involucrados en este proceso deben tener en mente que tienen una responsabilidad mucho mayor a la que, en el pasado, otros ciudadanos tuvieron en circunstancias similares. Así de seria es la situación.
