Aunque nuestra legislación se mueva a paso glacial y existan muchos intereses o desafíos que impidan la modernización del sistema de transporte público, las oportunidades y cambios producto de los avances tecnológicos no pueden ser suprimidos- ya se ha iniciado el servicio de Uber. Pretender ignorarlos solo resulta en un servicio deficiente y caótico, con fuertes componentes de corrupción operativa, condenados a la baja inversión y acosados por la criminalidad.
Los cambios en la tecnología que afectan el servicio vehicular comunitario son de varios tipos. El más importante es el acceso general a teléfonos inteligentes, que actúan como mapa y banco. Al unirse estos componentes en una plataforma inteligente (como Uber, pero igual hay herramientas para el transporte colectivo), se puede unir a las personas con su transporte deseado con un mínimo de ineficiencias, sin uso de efectivo, y con prontitud.
Adicionalmente, las plataformas cuentan con un sistema de transparencia y rendición de cuentas, que evalúan tanto a los usuarios como a los proveedores para garantizar la seguridad. Cada vez será más sencillo para cada proveedor montar su propio esquema independiente al reducirse los costos de comunicación y almacenaje de datos y desarrollarse plataformas cada vez más cómodas y funcionales.
Estos sistemas se prestan a una regulación ordenada de parte de las autoridades. Pueden asumir funciones de agente de recolección tributaria (ya que las transacciones monetarias son a través de su plataforma) y de supervisores de calidad de los vehículos y servicio.
Eventualmente habrá vehículos automáticos controlados por servidores remotos. ¿Se implementarán estos cambios de forma ordenada y prudente, o los dejaremos al arbitrio de la suerte?
