A primeras horas de la mañana de ayer, 27 de octubre de 2015, Junts pel Sí y la CUP presentaban en el Parlament un proyecto de resolución para «iniciar el proceso de ruptura con España y la creación de un Estado catalán, con forma de república».
No contentos con ello, advertían que no se supeditarían a los dictados de ninguna de las instituciones del Estado español, especialmente el Tribunal Constitucional, que consideran «deslegitimado». Todo ello tras un «¡Viva la república catalana!»
Si el desafío de 1931 pudo ser detenido con toda clase de promesas, entre ellas la de un estatuto que obtuvieron, pero no se impidió que el 6 de octubre de 1934 se anunciase desde el mismo balcón la independencia, obligando al Gobierno de la república a declarar el «estado de guerra» y a emplazar un cañón frente al Palacio de la Generalitat, el de ayer va a responderse con «todos los instrumentos jurídicos y legales que ofrecen la Constitución y la ley», según el presidente del Gobierno, que no dejó dudas sobre su determinación de contestar a esta «provocación», su palabra, con toda contundencia.
¿Cuáles son esos instrumentos? Pues imponer la legalidad sobre la ilegalidad, ya que el Parlament catalán no tiene potestad sobre el Parlamento español, hacer obedecer las sentencias del Tribunal Constitucional -ahora se ve la oportunidad de haberle dado poderes coercitivos para ello- y, si es preciso, suspender de funciones a cuantos traten de saltarse las leyes a la torera, aunque no sean taurófilos.
La serenidad es más necesaria que nunca, así como la firmeza, tanto para defender lo que es de todos como para unir fuerzas contra los que intentan desunirnos. Cataluña no son selo los separatistas. Son millones de catalanes acallados durante décadas a quienes intentan secuestrar. (Fragmento ABC)
