En el mes de marzo de este año, el Centro de Documentación de Honduras (Cedoh) publicó un extenso informe sobre la financiación de las campañas electorales en Honduras, tomando como base la más reciente de ellas, la correspondiente al año 2013. Esta investigación fue patrocinada por el Instituto Nacional Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés), una organización no gubernamental con sede en Washington dedicada a apoyar procesos de construcción y fortalecimiento de la democracia en el mundo entero.
Durante el desarrollo de este proyecto de investigación, el Cedoh organizó un seguimiento y monitoreo minucioso del gasto publicitario (televisión, radio, prensa escrita y vallas) en que incurrieron todos los candidatos y partidos políticos participantes en el torneo electoral. Una empresa especializada se dedicó a “monitorear” todos los medios de comunicación más importantes del país durante todos los días, en un período comprendido entre mayo y noviembre del año 2013. Los resultados, aunque no nos sorprendieron a los investigadores, sí fueron suficientes para demostrar que la campaña electoral del año pasado fue, con creces, la más cara, ostentosa y millonaria de toda la historia electoral hondureña.
Las fuentes del dinero utilizado fueron varias, destacando entre ellas, en primer lugar, la financiación pública proporcionada por el Estado, la llamada “deuda política” (todavía pendiente de pago en buena parte, dicho sea de paso), luego estaría la financiación privada, es decir los aportes que individual o colectivamente proporcionan generalmente los grupos de poder económico, y, finalmente, la llamada “financiación irregular”, que es la que proviene de las personas o grupos ligados a las redes delincuenciales del crimen organizado o a las mafias de funcionarios que manejan el entramado de la corrupción gubernamental.
El informe presentado por nuestro Centro revela no solo los millonarios recursos invertidos en publicidad electoral; incluye también los costos estimados de la logística empleada para organizar las movilizaciones, las concentraciones, el transporte, etc. de los electores en todo el territorio nacional. Con estos datos en la mano, fue posible ir construyendo una especie de mapa del gasto electoral en el país, instrumento necesario para conocer las zonas en donde fluyó con más fuerza el dinero “irregular” y en donde el gasto de los partidos y de sus candidatos en todos los niveles de elección superó todas las expectativas.
Así fue posible identificar varios municipios rurales, alejados del bullicio electoral urbano, en donde los gastos electorales fueron enormes, casi todos concentrados en las plantas televisoras y radioemisoras de alcance local o regional, en la organización de concentraciones dominicales o, más comúnmente, en la simple compra de votos y otras prácticas de carácter clientelar. De igual manera, los investigadores del Cedoh pudieron elaborar listas con los nombres de los candidatos a diputados y a alcaldes que mayor inversión hicieron en gastos electorales. Para el caso, tan solo en Tegucigalpa y San Pedro Sula fue posible identificar a una veintena de aspirantes que gastaron millones de lempiras únicamente en el mes de octubre, es decir pocos días antes de la fecha cumbre del proceso electoral.
No hay duda que el dinero sucio del negocio de las drogas ha circulado con sospechosa fluidez entre las esferas políticas, comprando voluntades, infiltrando instituciones, corrompiendo candidatos y, finalmente, construyendo una telaraña de influencias y cuotas de poder sectoriales en todo el entramado del Estado, tanto a nivel local como regional y nacional. Al mismo tiempo, los dineros provenientes de la corrupción gubernamental, buena parte de los mismos, al menos, han ido a parar a cuentas personales o institucionales de políticos y partidos que así han podido financiar sus millonarias y rocambolescas campañas electorales.
La mezcla entre narcotraficantes, funcionarios corruptos y políticos inescrupulosos está en el meollo mismo de la llamada “narcopolítica”. De la misma forma que el tráfico de drogas produce y reproduce narcotraficantes, también genera narcopolíticos (los llamados narcodiputados, narcoalcaldes, narcorregidores), narcoempresarios, narcobanqueros, narcopolicías y narcojueces. Es lo que ya algunos llaman la “narcotización” del sistema político e institucional de un país. Es bueno poner atención a estos asuntos, estas tendencias que, al consolidarse, reconfiguran el sistema social y político de los países que afectan. Hay que saber seguir las pistas y atar los cabos para que no se escape el general.
