Desconfía, me dijo un amigo, de esas organizaciones que se definen por lo que no son. Se refería a las llamadas organizaciones no gubernamentales, más conocidas por sus siglas de
ONG. Por supuesto, el consejo oscilaba entre la broma cargada de agudeza y el consejo repleto de seriedad, pero de las dos formas resultaba válido y divertido.
En los últimos tiempos, las ONG como que se han puesto de moda. Xavier Gorostiaga (QDDG), un jesuita sabio que vivió en Centroamérica en los duros años de la guerra fría del siglo pasado, solía decir que las dos entidades que más habían crecido en la región durante la década de los años ochenta eran las ONG y los ejércitos. Seguramente tenía razón. En el caso de Honduras, aunque por razones diferentes, ambas organizaciones crecieron y se fortalecieron en esos difíciles años.
El prestigio de las ONG ha sido puesto en duda y sometido a escrutinio falaz en los años recientes en nuestro país. Como sucede siempre, cada vez que se generaliza un juicio se corre el riesgo de simplificar. Esto es particularmente cierto cuando se trata de descalificar a alguien, algún oficio, una organización o una profesión en particular. Se dice: “todos los profesionales son incompetentes”, o se afirma: “todas las ONG son corruptas”. Es una afirmación falsa porque es general, no admite excepciones ni tolera matices. Simplemente descalifica por igual a todos, englobando en una generación simplista fenómenos que son más complicados y diversos de lo que a simple vista parecen.
Las ONG, en tanto que asociaciones sin fines de lucro, funcionan, además, como eslabones entre la sociedad y el Estado, mecanismos de participación social que dan fuerza y consistencia a la sociedad civil organizada. Para ser consideradas como tales deben ser independientes del Estado, lo que no quiere decir forzosamente confrontadas con él. Deben atender a los principios de autonomía, diversidad, pluralismo y tolerancia. Aunque muchos las confunden, las ONG son unas de las tantas organizaciones de la sociedad civil, pero no son ni encarnan exclusivamente al concepto de sociedad civil. Por eso resulta improcedente hablar de “representantes de la sociedad civil”. La forma correcta y más precisa sería “representantes de tal o cual organización de la sociedad civil”.
Pero este es un campo en el que reina la confusión y, para colmo, en los años recientes, los funcionarios corruptos descubrieron la fórmula para, mediante ONG de fachada (fundaciones, organizaciones de desarrollo comunal, grupos de presión, etc.), saquear los fondos públicos y urdir tramas de transferencias amañadas y financiación de falsos proyectos sociales. De esta forma, los recursos públicos se convierten en privados y sirven para financiar campañas electorales y rellenar los bolsillos de los saqueadores del Estado. La reconversión de ONG falsas en fuentes de corrupción oficial ha traído más confusión al tema y mayor desprestigio a las organizaciones sociales sin fines de lucro consideradas como ONG.
Y todo este laberinto se traduce con demasiada frecuencia en descalificación generalizada e indiscriminada contra todas las ONG, deformando su naturaleza y pervirtiendo artificialmente su contenido y desempeño. Nadie podrá negar que hay ONG muy valiosas, que prestan un servicio realmente útil a la sociedad y que dan vida y vigor a una sociedad civil cada vez más vigilante, cuestionadora, mejor informada y más propositiva. De igual manera, no debemos negar la existencia de asociaciones de fachada que son constituidas con el único propósito de utilizarlas como canales financieros para robar los dineros del Estado. No obstante, eso sí, conviene siempre hacer las diferencias del caso para no cometer la injusticia de encerrarlos a todos en el circulo denigrante de la corrupción y el engaño. No lo olvidemos: toda generalización es, en el fondo, simplificación.
