En los momentos en que el presidente Barack Obama está tratando de convencer al Congreso de su país para que afloje una partida de mil millones de dólares, que él le llama “modesta inversión”, destinada al fortalecimiento de las instituciones de seguridad de los países centroamericanos del triángulo norte constituido por El Salvador, Guatemala y Honduras, las noticias sobre la no presentación de cargos contra 22 uniformados pertenecientes a la Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad (Tigres), que supuestamente se embolsaron 1.3 millones de dólares que formaban parte de un comiso de 11 millones de dólares realizado en un cateo contra los narcotraficantes Luis y Miguel Valle extraditados a Estados Unidos, es inquietante y puede ser el factor crucial para que el Senado norteamericano niegue dicha erogación, a pesar de que, para el gobernante estadounidense signifique una simple caridad dentro de sus programas de seguridad, como así él lo reconoció entrelínea al pasar revista a las prioridades de su administración en política exterior.
Por más que Obama se desgalille, tratando de influir en el poder Legislativo dominado por la oposición para que se apruebe su solicitud, no podría hacer mucho, si en Honduras estamos enviando un mensaje negativo al otorgar la Secretaría de Seguridad a los 22 policías miembros de aquella unidad de “elite” una patente de corso, con su declaratoria para no judializar este caso, bajo el absurdo pretexto de que las indagaciones realizadas internamente, los videos, las confesiones y declaraciones testificales aportadas, no tienen validez al no haber sido recopiladas directamente por el Ministerio Público.
El Código Procesal Penal en su Art. 269 numeral 1 es muy claro, al establecer que los funcionarios públicos que tengan conocimiento de la comisión de delitos de acción pública, tienen la obligación de denunciarlos ante el Ministerio Público, esto es lo que la Secretaría de Seguridad debe hacer, tanto más que aquella unidad pertenece a la Policía Nacional y esta como institución deviene obligada a iniciar las primeras diligencias para posteriormente hacer la denuncia al ente fiscal para su prosecución y presentación de los requerimientos correspondientes una vez validadas y corroboradas dichas pruebas. Jamás la Secretaria de Seguridad puede declarar per se la no judicialización de un hecho criminal, o lo que viene a ser lo mismo, la inimputabilidad, en este caso, de los agentes y oficiales investigados que se supone son del orden público, quienes imperativamente deben actuar con apego a sus deberes, y no en forma concurrente con los delincuentes.
