Recientemente, el Consejo de Ministros aprobó el Presupuesto General de la República para el ejercicio fiscal 2026, en este sentido, los hondureños presenciaremos nuevamente una de las tareas más difíciles y políticamente cargadas a lo interno del Congreso Nacional.
La falta de consensos entre el oficialismo y la oposición liberan grandes batallas, visibilizando que la esencia del debate es la lucha de poderes y de visiones de país de los partidos políticos, incidiendo en una aprobación tardía. Este conflicto afecta a la mayoría de la población, ya que se trata de aprobar la herramienta que, más allá de reflejar un listado de ingresos y egresos, es el contrato social que articula al Estado con la sociedad hondureña, donde se planifican las metas de desarrollo económico y social de toda la nación.
Actualmente, el presupuesto aprobado por ministros es de L469,269 millones, con un incremento del 8.2%, nominalmente más de L38,000 millones en comparación con el del año 2025, el cual creció en 5.8%. Cabe mencionar que entre las justificaciones se encuentra la ampliación de más de L104,000 millones destinados a inversión social; asimismo, no se puede obviar que los presupuestos tienen un crecimiento natural que en gran medida está sustentado por factores como el desempeño de la economía, inflación, mayores proyecciones de recaudación fiscal, endeudamiento público, entre otros.
Al analizar los presupuestos aprobados desde el año 2010 hasta el 2025, estos reflejaron un comportamiento al alza de manera exponencial, sin importar el tipo de Gobierno, con una tasa de crecimiento promedio en quince años del 10.26%, explicado en parte por los incrementos abruptos de los presupuestos en los años 2014, 2017 y 2023. Aquí observamos dos realidades, por un lado, un periodo de más de 10 años con Gobiernos implementando medidas encaminadas a reducir déficits fiscales mediante aumento y creación de impuestos y que al final continuaron aumentando el presupuesto anualmente.
Por otra parte, un Gobierno con casi cuatro años de mandato, sustentado en un paradigma de fortalecimiento del Estado, donde la mayor asignación de recursos al presupuesto es una manifestación del tipo de gobierno socialista democrático, el cual ha procurado no generar nuevas imposiciones fiscales a los hondureños.
Pese a este contraste, hay aspectos comunes tales como el alto porcentaje en gasto corriente. Para el caso, el pago de personal, que en 2014 fue del 29% y en 2025 se logró reducir al 25%, continúa siendo una fuerte carga. Otro problema estructural que consume parte del presupuesto es el pago del servicio de la deuda, el cual se ha logrado reducir en aproximadamente 7% con relación al PIB en los últimos cinco años y que actualmente se destina al menos el 18% del presupuesto para pago a los acreedores financieros internos y externos, limitando la posibilidad de invertir esos recursos de manera productiva.
Otra línea presupuestaria que ha tenido un comportamiento similar en esta serie de tiempo son las transferencias y donaciones, asignando un promedio del 17% del gasto corriente. Donde se observa un punto de inflexión positivo es la redistribución en la inversión social, ya que para 2014 esta apenas fue del 3.9% con relación al PIB y para 2025 esta se situó en un poco más del 7%.
Ahora bien, ¿qué implica negociar o aprobar un presupuesto en un año electoral? El país está de cara a un proceso de elecciones generales en noviembre de este año y la incertidumbre sobre la aprobación incrementa, pues la propensión a convertirse en herramienta de campaña es mayor y se puede utilizar para ganar votos desde los diferentes grupos políticos. La discusión probablemente no se centre en aspectos de incrementos, sino más bien en negociaciones políticas, lo que indudablemente prolongará la aprobación final.
Casi vaticinando un retardo intencionado sujeto a los resultados electorales.
Finalmente, esta aprobación del presupuesto 2026 debería pasar en primera instancia por priorizar el bienestar de la población en general, sin que prevalezcan intereses políticos, las cifras que se aprueben pondrán de manifiesto las prioridades de los partidos políticos en un año electoral, así como la responsabilidad fiscal y la sostenibilidad en el largo plazo de programas y proyectos ya iniciados, pero la preocupación principal debería trascender los incrementos presupuestarios y enfocarse en el impacto que generará en el desarrollo humano sostenible en nuestro país.
