Todas estas firmas manuales requieren una enorme cantidad de gastos de papel, impresión, transporte, mensajería y tiempo; acompañado de que dependen de una custodia y archivamiento real, de complicado manejo y con riesgos de pérdida o extravío.
Afortunadamente, existen soluciones a este problema. La legislación de firmas electrónicas se encuentra vigente en más de 50 países (incluyendo Estados Unidos, Canadá y todos los miembros de la Unión Europea), dando un impulso formidable a la productividad general al dar más confianza, orden, seguridad y simplicidad a la firma de documentos.
La legislación define los elementos para que una firma sea válida legalmente. Estos incluyen la intención de firmar, el consentimiento a realizar transacciones electrónicamente, la asociación de la firma con el registro y la retención de los registros. La legislación en algunas de estas jurisdicciones lleva hasta 20 años de vigencia, con un resultado equivalente o mejor al de las firmas físicas exclusivas.
Cualquier documento que se firma actualmente debe llegar físicamente hasta los firmantes. Esto implica que alguien se tiene que movilizar; un mensajero o un firmante como mínimo. El tiempo, el esfuerzo de coordinación y los gastos de transporte se vuelven parte del costo de la transacción. Esto sumado a los costos de la impresión física, causa ineficiencias en su gestión y sus servicios.