La Corte Suprema de Justicia es fruto del acuerdo político entre el PLR y el Partido Liberal. Su negociación provocó disgusto general, y el castigo de los “líderes” liberales que fueron incluidos en la Lista Engels. El argumento de los liberales pactantes fue que ellos --sin tener mucho-- habían conseguido bastante, sin explicar el pago que había que hacer desde la institucionalidad. Y menos que sería muy alto. Ahora, lo estamos pagando. Y para cumplir lo pactado, la titular de la Corte ha tenido que pasar por encima de las reglas democráticas, los procedimientos y, aprovechando la debilidad de los opositores, blande bajo la mesa el arma que, si no aceptan la irregular decisión, el ganador será el propietario de los destinos nacionales, Manuel Zelaya Rosales que con esta acción consigue mantener de rodillas al sistema político. Lo aceptan o “les pongo a Marlina Dubón”, dice. Una suerte de “Elena de Troya”, tropical y mestiza.
Las explicaciones dadas al público son penosas. Aunque la decisión corresponde a la Corte Suprema de Justicia, quienes la han tomado no son sus integrantes –aunque son un órgano colegiado– sino que la presidenta de la misma, que es una coordinadora de la voluntad de todos sus integrantes, y nada más que eso. Después de 200 años de vida republicana, todavía se debaten temas elementales sobre subordinación de la ley, prelación de las normas jurídicas y valor de los reglamentos. Pero lo peor es que mientras se reclama que las decisiones se tomen con la participación de todos, se exhibe a los miembros de la Corte como personas incapaces; incluso, para tomar las decisiones más elementales. Todo ello, fruto de dos conceptos que se han abandonado en la sociedad: la superioridad de la ley y el obligado respeto de todos a las normas democráticas. Lo que confirma que frente a la necedad de los políticos para defender la institucionalidad se requiere la creación de una Corte Constitucional, independiente, que sea distante y, por ello también, inaccesible al juego de los políticos. De repente, para lograrlo haya que devolverles a los ciudadanos el derecho de elegir en forma directa a los miembros de esta Corte Constitucional que garantice el freno de los apetitos voraces de una jauría de políticos ambiciosos y, nos dé a los ciudadanos la tranquilidad para dormir tranquilos y seguros que nada nos pasará porque los delincuentes no usarán las elecciones para ponernos un arma sobre la cabeza.
Por mientras ello ocurre, hay que aceptar que los acuerdos entre los partidos, en este caso que favorece el proyecto político de la familia gobernante y la dinastía que la dirige, se impondrán por encima de la ley y las urgencias de los objetivos nacionales. Y que, para establecer los límites hasta donde pueden llegar los políticos en el ejercicio de la distribución de las ropas raídas de la república, solo haya que recurrir a la crítica de la oposición escrita, la voluntad de la ciudadanía que salga a la calle a protestar, las sanciones no siempre atendidas por los políticos nacionales, del gobierno de los Estados Unidos, los reclamos de los altos mandos militares, guardianes legítimos de la Constitución; o el levantamiento popular.
Mel Zelaya y sus asociados, diputados y “tránsfugas” liberales, irrespetuosos de las autoridades partidarias y de la voluntad de las bases, no se detendrán. Seguirán imponiendo su voluntad, dañando la institucionalidad y el crédito de Honduras. Al poder lo consideran su propiedad. El pueblo solo es útil cuando vota en su favor. Nos impondrán sus caprichos, comprometiendo la felicidad de los hondureños y denigrando a Honduras.
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