Una de las quejas más persistentes y angustiantes que enfrentan las familias hondureñas es el imparable costo de la canasta básica, generado en gran medida por el incremento de los precios de los derivados de los combustibles y servicios básicos como la energía, de cara a una realidad de salarios estructuralmente reprimidos que no se ajustan al ritmo del encarecimiento de la vida.
En este contexto, se observa una dualidad contradictoria: mientras los informes de la autoridad monetaria registran aparentes desaceleraciones de la inflación general, la mesa de los hogares cuenta una historia totalmente diferente.
Las cifras del mismo Banco Central de Honduras (BCH) confirman esta ilusión: entre junio y julio del presente año, la inflación interanual experimentó su segundo descenso consecutivo, al pasar de 5.83% a 5.58%.
Sin embargo, la división de alimentos y bebidas no alcohólicas sigue siendo una de las mayores presiones en el presupuesto de los hogares vulnerables, pues figura como el peso principal que arrastra la inflación, registrando una variación del 4.87% y aportando en más de 1.31% a la presión total del consumidor.
A esto se suma la división de la energía, con 1.82%, y servicios en alquiler de vivienda, con 1.63 %. Para comprender por qué la desaceleración de la inflación no se traduce en alivio en la mesa de los hondureños, es importante conocer cómo funciona la transmisión de costos.
En la teoría económica existe un fenómeno llamado “efecto cohete y pluma”. En un lenguaje sencillo, esto ocurre cuando los insumos, como el diésel o la tarifa eléctrica, suben; los intermediarios y comerciantes trasladan de inmediato los incrementos operativos al consumidor final para asegurar sus márgenes de ganancias.
Es ahí donde los precios de los alimentos se disparan rápidamente, pero cuando empiezan a bajar los costes de los derivados de los combustibles a nivel internacional o las presiones inflacionarias se moderan, es casi imperceptible la reducción en dichos precios, porque bajan lentamente, postergando las rebajas, argumentando costos de inventarios ante la incertidumbre.
A esto se le suma la falta de control de precios y la especulación.
Esta dinámica reprime la capacidad de compra de la mayoría de los hondureños.
Mientras la inflación en alimentos se mantiene elevada, la tasa de crecimiento del salario nominal apenas llega a incrementos anuales del 4% al 5%, absorbiendo inmediatamente cualquier ajuste salarial que recibe el trabajador.
En términos sencillos, no solo es que el dinero rinda menos, es que la masa salarial crece a un ritmo estructuralmente menor a la tasa con la que se encarece la subsistencia diaria.
Aun tomando los datos oficiales, donde el salario mínimo promedio es de L14,917.20 y el costo de la canasta básica de L13,110.08, el margen de maniobra para una familia promedio es prácticamente inexistente, pues un excedente de L1,807.12 para cubrir salud, educación, transporte, entre otros, es casi imposible.
A esto hay que sumarle el debate constante entre las mediciones oficiales y las independientes, como las que realiza la Defensa de la Comida (Defco), la cual proyecta el costo de canasta básica alimentaria por encima de los L16,000.00, develando la dura realidad del hondureño, cuyo salario mínimo no le alcanza para comer adecuadamente.
Este tipo de brechas en los datos evidencia cómo la metodología suaviza la realidad de las familias.
Mientras los modelos métricos promedian rubros para mostrar desaceleración inflacionaria, la distancia entre los ingresos no absorbe el impacto de los precios reales en las pulperías y mercados.
Esto genera malestar social, pues los números macroeconómicos muestran cierta estabilidad y moderación en números fríos, pero los hogares resienten en su cotidianidad la pérdida continua del poder de compra y la urgencia por comida, aunque sea cara.
Finalmente, es importante reflexionar que la economía no debe explicarse exclusivamente mediante gráficos o tablas difíciles de comprender, pues la estabilidad macroeconómica no es legítima si no se traduce en bienestar social.
Por lo tanto, es urgente priorizar la seguridad y soberanía alimentaria, así como la regulación de precios frente a la especulación y choques externos.
