Uno de los temas que se colocó en el centro de la discusión durante las últimas elecciones presidenciales en Honduras fue la relación con la República Popular China. Los candidatos opositores, Nasralla y Asfura, llegaron a plantear que el vínculo con Pekín podría ser revisado, dejando abierta la posibilidad de un retorno a Taiwán, con quien Tegucigalpa rompió relaciones en 2023. Con el triunfo de Asfura, esta posibilidad pareció cobrar mayor fuerza, sobre todo por el respaldo de Donald Trump en la etapa final de su campaña y su participación en espacios donde la influencia china en el hemisferio ocupó un lugar central.
Sin embargo, más allá de esta narrativa, no existen hasta ahora indicios concretos de un reacercamiento con Taiwán. Esto no responde únicamente a una cuestión de voluntad política, sino al tipo de relación que el gobierno de Xiomara Castro dejó avanzando con Pekín en sectores difíciles de revertir en el corto plazo. En ese sentido, la política exterior hondureña no puede reducirse a un dilema entre China y Taiwán, sino que exige atender al nivel de inserción que ha adquirido la cooperación con Pekín en áreas sensibles del Estado.
Las presiones más visibles provienen del ámbito comercial. La industria camaronera ha sido una de las más afectadas tras la ruptura con Taiwán, sin que el mercado chino haya compensado las pérdidas.
Este desencanto ha alimentado la idea de que el viraje diplomático fue prematuro. Sin embargo, tomar este sector como referencia resulta insuficiente, en la medida en que el vínculo con China ya no se agota en el intercambio comercial.
En telecomunicaciones y seguridad pública, la relación con Huawei introduce un elemento delicado. Hondutel firmó un memorándum de entendimiento con la empresa china bajo cláusulas de confidencialidad que impiden conocer sus términos. El sistema nacional de emergencias 911 también incorpora equipos asociados a Huawei, y se presume una posible utilización de tecnología de Dahua -compañía especializada en monitoreo y videovigilancia-, aunque sin confirmación oficial.
Más allá del origen de los equipos, lo relevante es la forma en que estas soluciones se integran en la infraestructura estatal, ampliando capacidades de monitoreo sin claridad sobre el manejo de datos ni los acuerdos que las sustentan.
Algo similar ocurre en el sector energético. Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 2023, Honduras ha impulsado una agenda de cooperación con China centrada en la transición energética y el desarrollo de infraestructura. En 2025, la GEIDCO -organización impulsada por China- firmó una carta de intención con el Gobierno hondureño para colaborar en planificación energética, almacenamiento e innovación tecnológica. Este tipo de acuerdos implica también la adopción de esquemas de planificación vinculados a modelos promovidos desde Pekín.
Por su parte, el parque solar Choloma, impulsado por la compañía china Danasun Energy, supone una inversión estimada de 400 millones de dólares. Aunque se presenta como un avance en generación renovable, existe poca claridad sobre sus condiciones de operación, su financiamiento y el destino de la energía producida. Ni la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ni la Secretaría de Energía han proporcionado información precisa al respecto. En este contexto, se ha advertido que la ausencia de contratos claros podría derivar en presiones futuras sobre el Estado.
Estos elementos permiten entender por qué el margen de maniobra del gobierno de Asfura es más limitado de lo que su discurso inicial sugería. La relación con China se ha extendido hacia sectores donde la reversión implica costos técnicos, operativos y políticos. Una ruptura abrupta no solo afectaría el comercio, sino que podría generar disrupciones en áreas sensibles del funcionamiento estatal.
Algunos antecedentes en la región sugieren que la relación con Pekín no está exenta de costos cuando se intenta modificarla. En 2024, cargamentos guatemaltecos fueron bloqueados en puertos chinos días después de un acercamiento con Taiwán, sin explicaciones técnicas claras. En Panamá, la anulación de contratos con Hutchison Ports en el canal derivó en una serie de respuestas por parte de China, que incluyeron el congelamiento de negociaciones y mayores controles regulatorios.
En Costa Rica, la exclusión de proveedores chinos del desarrollo del 5G estuvo acompañada de tensiones en el ámbito de la ciberseguridad.
De ahí que la cuestión no sea tanto si Honduras puede romper con China, sino cómo gestionar una relación que ya se encuentra avanzada en distintos frentes. Lo más probable es que el gobierno de Asfura opte por una estrategia de equilibrio, similar a la de Nayib Bukele: mantener la cooperación con China en sectores estratégicos mientras refuerza la relación con Estados Unidos en ámbitos como seguridad y migración. Más que un giro definido, lo que se perfila es una lógica de multialineamiento condicionada por la propia evolución de la relación bilateral.
