La política habitacional en el país sufrió una ruptura a partir de la década de los noventa, cuando se desarticuló el Instituto Nacional de la Vivienda (Inva), proceso histórico que marcó el inicio de una era donde la demanda de viviendas fue delegada casi exclusivamente a instituciones financieras privadas, diluyendo el rol del Estado como garante constitucional de este derecho fundamental.
En este contexto, el Banco Hondureño de la Producción y Vivienda (Banhprovi) ha operado como uno de los pocos mecanismos de intervención del Estado, canalizando recursos mediante líneas de redescuentos para ofrecer financiamiento a tasas preferenciales a sectores históricamente excluidos. Asimismo, contribuyendo a corregir fallas del mercado, ya que actúa como mecanismo en materia de justicia social.
Sin embargo, recientemente las autoridades de Finanzas anunciaron que el Banco Central de Honduras (BCH) implementará cambios sobre el traslado de fondos o financiamiento que realiza a Banhprovi, en pocas palabras estamos ante el cierre deliberado de las líneas de redescuento para la vivienda, lo cual se pretende compensar con recursos externos, en este caso con financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF). Este giro administrativo no es simplemente un traslado de ventanilla, esto implica un cambio en la lógica del costo del dinero, que impactará directamente en la clase trabajadora, agudizando el déficit habitacional.
Cabe mencionar que pese a las bondades que ofrece Banhprovi como la eficiencia en la gestión de los recursos, al ser banca de segundo piso, dicho modelo presenta limitantes, pues está diseñado para quienes encajan dentro de los criterios tradicionales del sistema financiero formal, contribuyendo a la exclusión financiera.
Es importante recalcar que quizá haya familias en la base de la pirámide con capacidad de pago, pero sus ingresos suelen ser informales, variables o provenientes de múltiples actividades económicas, donde dicho sistema financiero formal muchas veces no los considera sujetos de crédito.
La problemática es aún más compleja si tomamos en cuenta la feminización de la pobreza, en un país donde las mujeres enfrentan mayores desafíos para acceder a una vivienda, pues brechas de género, disparidades salariales, menor participación en el mercado laboral las posiciona como sujetas con menores posibilidades para la obtención de créditos.
En este punto, el acceso a la “mercancía llamada vivienda” se precariza, y tal como lo expuso Manuel Castells, el problema no es solamente el acceso a un espacio físico materialmente hablando, dimensiona la profundidad sobre el papel de la vivienda en los individuos, pues es el punto donde se reproduce la fuerza de trabajo, relaciones familiares y se generan otros activos intangibles.
¿Pero que ha incidido para que el BCH tome esta decisión que -anticipadamente- no vislumbra mejorías en la política pública de vivienda? Probablemente, bajo la narrativa de controlar la oferta monetaria, frenar la inflación y cumplir con metas macroeconómicas. Al trasladar esta responsabilidad a fondos externos del CAF -los cuales fueron fuertemente criticados anteriormente-, el BCH apuesta por alcanzar un alivio en la política monetaria; sin embargo, afecta la parte fiscal, pues los fondos externos son sinónimo de endeudamiento. Esto implica que el derecho a la vivienda deja de depender de una decisión soberana de inversión social para quedar supeditada a la rigidez de la deuda externa y los costos financieros internacionales. Dicha medida contribuirá al endurecimiento de las tasas de interés, las cuales afectarán mayormente a las clases en situación de pobreza e informalidad.
No se deja de reconocer que toda medida tiene costos y oportunidades, en este caso el BCH “fortalece su disciplina monetaria” y cumple ante condicionalidades de organismos financieros internacionales; no obstante, las familias hondureñas verán cómo el sueño de tener una vivienda se aleja, convirtiéndose en una carga financiera difícil de afrontar, profundizando la exclusión y precariedad habitacional.
En este escenario vemos claramente cómo se cumple la tesis de Engels -expuesta hace más de 150 años y aún con vigencia-, en la que argumentaba que el problema de la vivienda no es exclusivamente la falta de espacio o recursos, sino una estructura que prioriza la rentabilidad del capital ante la necesidad social.
Ante este panorama, las autoridades deben diseñar urgentemente mecanismos de compensación que aseguren la sostenibilidad de las tasas preferenciales de Banhprovi, las cuales oscilan entre el 4% al 7% anual.
Se reconoce que es importante atender el resto de las políticas que conforman la política económica, y en este caso vemos la prioridad que se le está dando a la política monetaria; no obstante, se pone en precario la política de vivienda.
Por lo tanto, las autoridades gubernamentales deberían implementar fondos de garantía soberanos con recursos propios e ir fortaleciendo la asignación presupuestaria en vivienda, con la finalidad de mitigar el déficit de más de un millón y medio de unidades habitaciones que requiere el país.
