Para crear una fábrica de placas se requiere una demanda constante. Con un parque vehicular que va rebasando los 3,000,000 (fuente 4) se espera una tasa de renovación, reposición, o nuevas importaciones de más de 400,000 anuales, de vehículos de todo tipo.
Si asumimos que la motocicleta necesita solo una placa o es más barata, nos da un equivalente de 300,000 automóviles. Esto genera un ingreso base anual de 150 millones de lempiras ($7.4M). Todos los equipos disponibles comercialmente tienen una fracción de ese costo. Si consideramos el costo de $1.62 como base, vemos que la fábrica se pagaría en 1 año y permitiría reducir los costos a los usuarios de las placas.
La emisión pública no tiene que ser manejada como una oficina de gobierno. Puede operar con un contratista de manufactura al que se le paga un costo fijo por placa, u otro contrato para una empresa de distribución, pero quedando la utilidad de la intermediación al usuario en manos del Estado.
El esquema privado funciona similar: las empresas invierten en sus imprentas de placas, que son certificadas y están en línea con la base de información del Instituto de la Propiedad. El ciudadano las adquiere donde le resulte conveniente y más económico, fijando un valor máximo (pero no un mínimo) la autoridad.
Este sistema tiene la conveniencia de que fácilmente se homologa a las redes comerciales de distribución existentes, haciendo sencillos y rápidos los trámites. Sin embargo, no permite reducción de costos tanto como la empresa pública.
Los mecanismos utilizados tradicionalmente de licitación masiva y sin una exigencia de producción local resultan en una pérdida de esas capacidades. Necesitamos producir más de lo que consumimos localmente. Este problema de las placas es una oportunidad para ir saliendo de un modelo de intermediación y clientelista de manejo de las adquisiciones públicas. Esperamos se aproveche para construir un sistema más eficiente, barato y congruente con las necesidades del país.
