En los últimos años se observa un incremento de las estafas financieras de tipo piramidal en nuestro país, las cuales han afectado a miles de hondureños, pero, sobre todo, han dejado en evidencia el vacío en términos de prevención, control y sanción por parte de los operadores de justicia y de las mismas autoridades reguladoras en materia financiera.
El colapso de Korium, UNIFIN, Willbox, entre otros, no ha significado la extinción del problema, pues presenciamos cómo finaliza una estafa y aparecen otras. Esta secuencia de caídas y renacimientos muestra que la desaparición de una estructura no desmantela una red ni estanca a sus articuladores, sino que simplemente liquida una fachada comercial para abrirse paso a otro nivel de engaño.
Se podría decir que, con el caso más reciente de Global Publish, la estafa informal no se frena ni se erradica; sencillamente, se reinventa.
Estamos ante una sofisticada evolución del fenómeno. Los estafadores abandonan gradualmente las captaciones físicas en oficinas presenciales y los contratos en papel sellado para migrar a entornos digitales, dominados por recursos tecnológicos como teléfonos celulares y supuestas plataformas automatizadas.
La fachada muta para alinearse con la adopción de la tecnología del ciudadano promedio, ofreciendo una narrativa de inclusión financiera digital.
Bajo esta nueva fachada, como en el caso de Global Publish y similares, la estafa vende la ilusión de que las personas realizan un trabajo productivo, en el que la víctima cree que genera ingresos legítimos simplemente dando clics o toques en la pantalla, dando “me gusta”, viendo vídeos o compartiendo contenido publicitario.
Sin embargo, esta dinámica sigue siendo la vieja captación piramidal, pues las personas deben colocar dinero en plataformas ante estos supuestos intermediarios.
Y es justamente en este punto donde observamos una distorsión de la bancarización, pues no se puede obviar que uno de los múltiples factores que incide en la proliferación de estas estafas financieras es la falta de oportunidades generadas por un sistema financiero formal que no ofrece condiciones para que personas como las de Choloma, y de todas las zonas que se han convertido en territorio fértil para dicha propagación, sean parte del entorno financiero regulado.
La banca tradicional asigna requisitos de ingreso difíciles de cumplir para estos grupos poblacionales, así como costos de transacción inalcanzables que terminan excluyendo a un gran número de hondureños, orillándolos a recurrir a la informalidad y a ser presas fáciles de las estafas piramidales.
En este contexto resaltan las condiciones socio demográficas sumamente vulnerables, como las prevalecientes en zonas como Choloma, con un alto dinamismo obrero-manufacturero precarizado, con salarios que difícilmente cubren la canasta básica y una alta densidad poblacional, pero con flujos de dinero de alta periodicidad, ya que se estila el pago de planillas semanales y quincenales, convirtiéndolas en el ecosistema perfecto para la captación masiva.
En estos territorios, el deterioro del ingreso y el sobre endeudamiento cotidiano hacen que la promesa de retornos acelerados no sea vista como un peligro financiero, sino como una urgencia de supervivencia económica.
Esta problemática ha sido abordada desde diferentes perspectivas y ha generado múltiples debates, llegando al punto de responsabilizar en su totalidad a las víctimas, tildándolas de “ignorantes”.
Sin embargo, la desesperación por complementar el presupuesto familiar, mejorar las condiciones de vida y hasta obtener cierto nivel de ingresos extra anestesia el raciocinio y convierte el ahorro popular en presa fácil de esquemas que explotan la aspiración legítima de movilidad social.
El paso de una modalidad de estafa a otra, sin perder la esencia del engaño piramidal en un territorio fértil como Honduras, solamente evidencia la debilidad institucional y regulatoria, pues la respuesta del Estado continúa siendo puramente reactiva y poco eficaz.
Las intervenciones públicas llegan cuando la estructura o la red ha entrado en una fase de iliquidez, cuando los estafadores han trasladado el capital a cuentas o activos difíciles de rastrear, cuando las personas han sido estafadas o, mejor dicho, se les ha robado.
Anteriormente se ha enfatizado en las implicaciones que genera la ausencia de detección temprana dentro del sector financiero informal.
A esto se le suma la falta de sanciones penales duras para los estafadores de fraudes pasados, por lo que la falta de precedentes también incita a continuar con este tipo de delito.
En conclusión, este ciclo interminable de engaños no responde exclusivamente a la ignorancia individual, sino que es consecuencia, en gran parte, de un sistema financiero excluyente, la urgencia económica de las familias y la inacción regulatoria de los entes del Estado.
Mientras persistan la brecha de educación financiera y la necesidad de movilidad social, la sociedad hondureña continuará asistiendo al colapso de la estafa de turno, solo para hacer fila ante el nacimiento o la reinvención del mismo fraude con un nuevo disfraz.
